Un abogado laboralista muy consultado por personas del círculo intimo de Alberto Fernández es Julián de Diego, referente desde hace 40 años en la confección de proyectos legislativos. Incluso, fue vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), entre 2002 y 2005.

En un contexto de debate sobre el futuro de la legislación laboral, iProfesional lo entrevistó para conocer cuáles son los ejes de las próximas medidas impositivas y laborales que está analizando implementar el próximo Presidente de la Nación.

Según este investigador, contratado por el Banco Mundial, la OIT y las Naciones Unidas, los ejes a tener en cuenta serán varios y diversos.

-¿Qué medidas cree que tomará Alberto Fernández para reactivar la economía?

-Se sabe que hay una batería de recursos en proceso que combinan medidas de promoción del empleo, otras que tienen que ver con financiar la deuda fiscal y previsional de las pymes, moratoria, blanqueo y, junto con todas esas, una serie de restricciones a todo lo que sea despidos. Y, al contrario, una gran cantidad de medidas a favor de las contrataciones.

-¿Todo eso lo tiene confirmado?

-Está todo confirmado… La verdad es que no conocemos los textos pero sí los títulos de estas medidas. Por ejemplo, en promoción del empleo parte de la premisa sería que si uno toma un nuevo trabajador no va a pagar contribuciones patronales durante un tiempo bastante prolongado, como un incentivo para el empleador. Y para todos los que tengan deuda va a haber una moratoria importante con períodos de espera, quitas de multas y recargos, y refinanciación a 120 cuotas. O sea, la consigna es tratar de rescatar a las pymes que se endeudaron con el Estado porque tuvieron como financiamiento de último recurso no pagarle a la AFIP.

Después se habla mucho que se va a dictar una norma para todo lo que son las nuevas formas de trabajar, como Glovo, Pedidos Ya, Rappi o Uber, donde se va a pensar en un modelo intermedio entre la Ley de Contrato de Trabajo y la autonomía.

-¿Cómo imagina que sería este nuevo formato laboral?

-Tiene que ser como un estatuto, parecido, aunque no tenga punto de conexión, con el servicio doméstico o el sistema de la construcción, de modo tal de no "matar" que eso siga desarrollándose, porque hoy en la Argentina todas estas nuevas plataformas emplean unas 400.000 personas. De manera que si llegase a reglamentarse de una manera muy dura, dejaría a una gran cantidad de gente sin trabajo. Pero tiene que haber una norma, porque si hoy se lastima un chico en la calle, no tiene cobertura. A su vez, el auto que maneja un chofer de Cabify o Uber tiene que ser controlado y su conductor debe tener el registro adecuado y un seguro de responsabilidad civil.

-¿Y la moratoria, cómo se imagina que será enfocada?

-No se conoce el contenido, pero debería ser muy amplia y generosa, porque si quisiese resolver el problema del financiamiento de la deuda de las cargas sociales y de impuestos, no debería superponerse ese plan de facilidades con los impuestos que la firma debe pagar todos los meses. A estos dos compromisos juntos ningún empresario los puede afrontar. Entonces tiene que haber una quita, espera y período de gracia. Hoy se están pensando implementar todos esos recursos.

-¿Son suficientes estas medidas para generar un impulso económico?

-Creo que una vez que se tomen estas medidas va a haber que ir corrigiéndolas, como todo lo nuevo, hay que ver cómo resulta el modelo después de la ley, entonces va a estar sujeto a revisión permanente. Y después el gran capítulo que quiere promover Alberto Fernández, con la oposición de Moyano, es la modernización a través de los convenios colectivos. Es decir, usar el modelo laboral de Vaca Muerta para llevar eso a cada convenio colectivo, que son todos de la década del '70. O sea, son de la prehistoria, porque en esa época ni siquiera había fax.

-¿Cómo puede impactar el poder de Moyano en que se avance con esa idea de segmentar los convenios colectivos?

-Moyano está adoptando una postura contraria a la CGT y a los intereses que está promoviendo Alberto Fernández, con lo cual me parece que se está quedando un poco solo con sus ideas.

-¿De qué manera toman las empresas todos estos cambios políticos y reglamentarios que puede haber?

-Las empresas están un poco dispersas para ver realmente cuáles son las cosas que necesitan, y cuando uno les pregunta a las firmas qué es lo que precisan estrictamente, empiezan a divagar a ver por cada sector qué es lo que se necesita. Pero la verdad es que el sector empresario está bastante confundido y no sabe muy bien qué rol quiere tener con el nuevo gobierno. Me parece que se quiere esperar, ver qué pasa y después reaccionar en ese momento, lo cual es muy malo porque cuando uno espera la reacción inicial del gobierno, después es muy difícil retroceder o cambiar lo que ya se ha decidido.

-¿Qué tema de la agenda del próximo Gobierno cree que les falta dilucidar a los empresarios para que haya más certidumbre para invertir?

-Queda por decidir cómo se va a hacer el famoso salariazo, porque hoy la mayoría de los convenios todavía deben, al menos, un 20% de inflación, y el Gobierno piensa dar un 20% genuino. Por lo que eso suma casi 50%, y nadie puede resistir un aumento salarial de ese tipo en este momento, ni las pymes, ni las grandes empresas. Estamos en un momento de recesión, de retracción, de caída de la economía. Más de la mitad de las instalaciones están ociosas. Va a ser un comienzo de gestión en los primeros 15 días muy dificultoso, todo el mundo espera ese lapso para ver los anuncios de Fernández. Mientras tanto se van a suceder las columnas de los grupos sociales que quieren soluciones ya. Nadie espera a los próximos tres meses de gestión de Fernández, la mayoría quiere saber todo a los pocos días.

-¿Piensa que en tres meses se puede encausar la situación económica y social?

-Si en tres meses la situación no está enfocada, el Gobierno va a tener serios problemas de gobernabilidad. Así que su gran objetivo es mejorar la situación económica y poner al país en una matriz de crecimiento.