Advierten que la deuda pública sigue siendo superior a la de la década de los 90
Los Boden 2012 fueron emitidos en el año 2002 y se fueron cancelando en cuotas anuales. La particularidad es que el pago de la última cuota fue promocionado enfáticamente como un nuevo paso en la política de desendeudamiento que se viene instrumentando en la última década.
A pesar que los datos oficiales muestran que el nivel de endeudamiento del sector público nacional disminuyó con respecto al muy alto nivel alcanzado en el 2002, sigue estando por encima del promedio observado en la década de los '90, recalca el último informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
Entre los años 1993 y 2001, la deuda pública nacional fue -en promedio- el 39% del PBI. En el año 2002, con la salida de la convertibilidad, el default, la pesificación asimétrica y la brusca caída de la producción, la deuda pública subió hasta 166% del PBI.
"Ya en el año 2011, la deuda pública del Estado nacional descendió a 45% del PBI de los cuales 42% es deuda regularizada y 3% del PBI es deuda todavía en default que no entró a los canjes·, destaca el documento.
Para IDESA, resulta muy significativo que u$s11 mil millones de deuda todavía permanezcan en estado de default.
"Luego de dos canjes de bonos, donde se lograron imponer importantes quitas, todavía no se ha logrado regularizar la situación crediticia de la Nación. La principal consecuencia para la Argentina es que su acceso al crédito voluntario es muy limitado. Por eso, el Estado Nacional no tiene otro remedio que endeudarse con otros organismos de la administración pública. Un testimonio concreto es el pago del BODEN, que debe hacerse con las reservas internacionales, o sea, con créditos otorgados por el Banco Central", recalca el instituto.
Sin embargo, lo más preocupante son los pasivos ocultos del sector público nacional: en materia previsional se destacan los cientos de miles de juicios por no respetar la movilidad y los compromisos asumidos con los 2,6 millones de personas que obtuvieron una jubilación sin haber hecho aportes a través de las moratorias.
Además, la degradación del sistema estadístico público impide hacer cálculos precisos, pero seguramente entre ambos compromisos se acumulan 10% de PBI adicionales de deuda.
La contabilidad pública tampoco registra los pasivos asumidos como consecuencia de la estatización de empresas. Entre las más gravosas para el erario público se destacan YPF, Aguas Argentinas y Aerolíneas Argentinas. Sólo YPF implica una demanda, por parte de sus propietarios españoles, por otros u$s10 mil millones o sea otros 3% del PBI. También habría que contemplar la masiva incorporación de empleados públicos para satisfacer intereses políticos o personales, de acuerdo a IDESA.