Pese a que uno de los ejes de campaña de Mauricio Macri fue "pobreza cero", su gobierno está muy lejos de cumplir con esa promesa. Según los datos difundidos por el INDEC, en el primer semestre de 2018 la pobreza aumentó a 27,3%. Una cifra dramática que ahora genera polémica porque otro organismo oficial asegura que en realidad fue del 28,9%, un 1,6% más que la informó el gobierno de Cambiemos.

Se trata de un estudio interno, desarrollado en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS).

Según informó el sitio Border Periodismo el organismo comparó la última medición del INDEC sobre pobreza con una multidimensional que analiza el acceso a salud, cloacas, vivienda o educación de las personas.

Los expertos sostienen que las obras de infraestructura que lleva adelante el Ejecutivo -como, por ejemplo, el Sistema Riachuelo en Dock Sud que busca llevar cloacas a más de 4 millones de personas- lograrán bajar estos últimos índices con el tiempo en la medida que logren incluir a una mayor población. 

El Consejo tiene como presidente honoraria a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, pero en los hechos es dirigido por Gabriela Agosto y depende burocrácticemente de la Casa Rosada.

Por un lado priorizó ciertas metas de acuerdo al objetivo de eliminación de la pobreza planteado en el eje de Gobierno conocido como "Pobreza Cero" y por el otro, adaptó los desafíos planteados por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es el documento aprobado en Nueva York, en septiembre de 2015, por las Naciones Unidas.

En la práctica desarrolla el SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social) que coordina el intercambio de información patrimonial de las personas entre organismos públicos. Es una gran base de datos que permite mapear las diferentes problemáticas sociales. También coordina la gestión del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (Siempro). Con ello, se elabora el SISFAM que permite ver la integración familiar en zonas vulnerables, el acceso a programas sociales o rescatar a los chicos caídos de la AUH.

Más allá de lo formal, el organismo impulsa la medición multidimensional de la pobreza. Esta medición muestra los aspectos no monetarios a los que se enfrenta la población vulnerable. Y, a diferencia del testeo por ingresos, permite identificar de manera directa las carencias. Por eso, sostienen sus defensores, es un instrumento de diseño de políticas públicas.

Sin embargo, se encuentra con la resistencia del titular del INDEC, Jorge Todesca, que sostiene que los países de la OCDE, el organismo multilateral al cual Argentina quiere ingresar, miden por ingreso y también de algunos funcionarios del Ejecutivo que, temerosos, resisten esta innovación.

Con todo, hay conversaciones con Todesca para introducir cambios en las mediciones después del censo 2020 "Con 12 preguntas a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se podría acceder a un indicador de pobreza multdimensional", expresó una calificada fuente consultada.

Pero una medición multidimensional también requiere de otros indicadores y temáticas específicas que la EPH carece, por ejemplo, para saber la evolución del embarazo adolescente, la cantidad de monotributistas o quienes se desenvuelven en la economía informal. Es que la EPH evalúa al 60% de la población: cuenta con información limitada sobre la accesibilidad y calidad de las prestaciones de salud o el acceso a las políticas sociales.

Para ello en el Concejo advierten que una buena medición debería evaluar esta problemática bajo cinco dimensiones: vivienda, hábitat y servicios básicos, educación, empleo y protección social y salud. Y sostienen que un individuo es "pobre multidimensionalmente" si cuenta al menos con dos privaciones en 2 o más dimensiones distintas.

Con todo, hoy el Estado cuenta con una herramienta estadística que podría emular una medición multicausal de la pobreza: el antiguo Enapross, un sondeo de condiciones de vida, que desde 2010 depende del Ministerio de Trabajo.

En el Consejo Nacional de Políticas Sociales buscan "aggiornar" esta herramienta y dotarla de 400 preguntas que en 3 años se deberían replicar a la población seleccionada. Son las denominadas encuestas longitudinales que resultan más onerosas que las convencionales.

Por esa razón, hoy negocian con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, la autorización para un crédito, posiblemente del BID, para financiar una encuesta de 15.000 casos que costaría unos 2 millones de dólares. De hecho, Agosto se reunió hace unos días con Sica y quedaron en analizar herramientas para poder financiar estos relevamientos.

También esta muestra se podría complementar con los datos registrados en el Estado o con la geolocalización que ya se usa para orientar la tarifa social de luz y gas. Una muestra de 45.000 personas permitiría una evaluación provincial mientras que la muestra más pequeña, la posible, daría indicios a nivel nacional o regional. Si llegara a aprobarse el financiamiento, el trabajo de campo podría comenzar en agosto y a fin de año estarían los resultados.

Por ahora el Consejo realiza ejercicios teóricos con los datos de la EPH. Una de estas mediciones concluyó en un dato sorprendente: comparó la medición de pobreza del primer semestre de 2018 que según el Indec alcanzó un 27,3% con un testeo multidimensional y este último arrojó que habría un 28,9% de pobres en el país. Es decir, un 1,6% mayorque lo medido por el organismo que comanda Todesca.

Es que muchos analistas pensaban que con las obras en cloacas y servicios encaradas por Cambiemos ese indicador resultaría más amigable. "Con el tiempo los números van a dar mejor, como con las mejoras en infraestructura, pero su evolución es más lenta", explican fuentes consultadas. Quizás estos números hayan generado resistencia en el máximo nivel del Ejecutivo. Lo cierto es que la ministra Stanley cada vez que responde preguntas sobre los números del Indec remarca la necesidad e ir hacia una evaluación multicausal de la pobreza.

En el Gobierno aún no hay definiciones. El apretón monetario derivado del acuerdo con FMI restringe las inversiones y la autorización de créditos. Por ello las demoras en la resolución sobre el relanzamiento del Enapross.

Mientras tanto, provincias como Tucumán, Córdoba y Mendoza ya cuentan con mediciones de pobreza multidimensional.