El Fondo Monetario Internacional cree que el ajuste de los subsidios energéticos y al transporte no finalizó, sino que pasarán de 1,6% del PBI este año a 0,9% en 2020. Es decir, una reducción cercana al 50% si se tiene en cuenta el impacto de la inflación.

El menor gasto del Estado para financiar la producción de estos servicios debería ser compensado con tarifas más altas o que los privados cobren menos por los servicios que brindan. Lo cierto es que en los últimos meses se acumuló un atraso en los precios de la energía respecto del nivel general.

"El congelamiento demoró el objetivo de las autoridades argentinas de reducir rápidamente los subsidios", señaló un reporte del FMI, que espera que se corrija el congelamiento de los servicios y el transporte para evitar un traspaso mayor de estos costos al IPC. 

Expertos en regulación consideran que deberían actualizarse las tarifas si se pretende alcanzar el equilibrio fiscal. La suba de las tarifas es uno de los motivos por el cual el FMI estima que la baja de la inflación en Argentina será más gradual que la esperada. Su pronóstico para 2020 ha pasado de 15% a 32% en el lapso de 15 meses, según indica Clarín.

El impacto de los precios regulados sobre el IPC es significativo. De ahí que el organismo haya reconocido que uno de los factores que explicó la caída de la tasa de inflación en estos meses ha sido el congelamiento de las tarifas -anunciado en abril-. Van tres meses consecutivos de desaceleración en los costos y se espera que sean cuatro (el Gobierno anticipó que la inflación de julio será menor).

El organismo hace hincapié en la capacidad de pago del país de su deuda. De ahí que el Gobierno y su staff acordaran converger al superávit fiscal cuanto antes: Macri se comprometió llegar al 1% del PBI en el resultado primario del año que viene. Según el propio FMI, el ajuste de Argentina figura entre el 5% de los más severos de una muestra a nivel internacional. Para ello, ¿ayudará bajar los subsidios? ¿será posible de insistir con esa agenda después de las elecciones?

El economista Alejandro Einstoss, economista y especialista en regulación de servicios públicos de la UBA y UB, caracterizó de "desafiante" ese objetivo porque implicaría aumentar las tarifas en una proporción por encima de la inflación o bajar el precio del gas que cobran las empresas.

"En este contexto, y con los niveles alcanzados de incidencia en el salario será difícil continuar con una política sostenida de aumentos tarifarios por arriba de la inflación, por lo que se debería concentrar el esfuerzo en intensificar la reducción del costo de abastecimiento de gas y energía eléctrica mediante mecanismos de mercados competitivos", escribió esta semana en un documento.

El Gobierno, los expertos y hasta el propio FMI coinciden en que la corrección por delante no es de la magnitud que enfrentó Macri en 2015. A fines de 2015 un usuario residencial pagaba 11% del costo real de abastecimiento eléctrico y 14% del valor del gas. En el primer semestre de este año, los subsidios cubrían el 22% del costo de abastecerse de gas y el 29% del costo de generación eléctrico.

Sin embargo, el panorama tampoco luce como dice el Gobierno ("El trabajo sucio ya fue hecho", dicen en Hacienda) por dos motivos. Primero, el salto del dólar en 2018 hizo retroceder la economía varios casilleros porque muchos de los insumos que utiliza se encuentran dolarizados -más en materia de energía y transporte-. "Esto no solo hizo desaparecer parte del esfuerzo que se había hecho para reducir subsidios, sino que obligó al gobierno a modificar el rumbo de política de precios y tarifas", dice Einstoss.

Segundo, los subsidios deberían bajar 28% (de $ 339.500 millones a $ 241.200 millones el año que viene) pero si el cálculo tiene en cuenta el impacto de la inflación, el recorte equivale a casi 50%.

Fernando Navajas, economista jefe de Fiel y experto en temas de energía, dice que el Gobierno hizo "más trabajo sucio" en el producción del gas. Considera que Argentina es un país que podría producir energía más barata "a mediano plazo".

"Pero en transporte público no sólo no se ha avanzado tanto sino que falta mucho y hay límites a los subsidios en ese frente". Prueba de lo que dice Navajas es que casi el 90% de la corrección de los subsidios contemplada por el FMI recae sobre los transferencias del Estado al transporte público cuando ‘estima’ pasar de $ 101.800 millones a $ 20.300 millones en el lapso de un año. Esto sugiere que las provincias deberían ser las encargadas de aumentar las tarifas de servicios en 2020.