Alberto Fernández trató de llevar calma al campo en las últimas horas. En medio del ajetreado cierre de campaña y el temor del sector a un cambio drástico en la política agropecuaria, el candidato opositor y su equipo enviaron dos señales importantes a los empresarios agrícolas: le bajaron el tono a la propuesta del PJ de aplicar retenciones segmentadas y prometerieron que no habrá nuevos impuestos para sostener su plan contra el hambre.

El encargado de acercarse a la Mesa de Enlace fue su principal asesor económico Matías Kulfas, en una reunión que mantuvo este jueves con el titular de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina, el de Confederacion Rurales, Dardo Chiesa, y el de Federación Agraria, Carlos Achetoni. Allí, Kulfas les propuso avanzar en un acuerdo económico y social que siente las bases para el desarrollo y la erradicación del hambre, el plan lanzado por Daniel Arroyo a principios de octubre.

El técnico ministeriable planteó la necesidad de adoptar medidas coyunturales para "salir de la crisis" y preparar en simultáneo un plan estructural de mediano y largo plazo que permita transformar la materia primar en valor agregado. A su turno, los ruralistas ratificaron su documento de 14 puntos y se mostraron en desacuerdo con los "aportes" que el PJ le acercó a Fernández, que prevén retenciones segmentadas, la regulación de divisas del agro y la recuperación del Fondo Solidario de la Soja.

"Es un documento como todos hecho por distintos sectores, no es el ABC de nuestra política pública", les respondió Kulfas. De ese modo, intentó despejar las dudas de los empresarios del agro que días atrás le pidieron a Fernández que clarifique si esas medidas reflejaban su punto de vista y rechazaron la "vigilancia de precios", limitaciones a las exportaciones, controles de cambio nuevos impuestos, como un gravamen a la herencia o un impuesto inmobiliario nacional.

Con su aclaración, el hombre de Fernández puso en duda también el esquema sugerido por Axel Kicillof. En reuniones con productores, el candidato a gobernador de Buenos Aires hizo un balance crítico de la 125 en el 2008, que pretendía aplicar retenciones móviles, y les planteó la necesidad de "segmentar las políticas" -incluidas las retenciones- para favorecer a los más chicos. Una postura que es respaldada por el extitular de la Federación Agraria, Omar Príncipe, en caso de que se mantengan los derechos de exportación.

Pero lo que provocó ahora el enojo de las entidades rurales fueron las propuestas del justicialismo. Aunque contemplan la eliminación de las retenciones a las economías regionales, contrastan con los 14 puntos que la Mesa de Enlace entregó el 29 de agosto pasado en su primera reunión con el candidato del Frente de Todos. En ese pliego proponen eliminar los derechos de exportación a fines de 2020 y delegar esas facultades en el Congreso, entre otros puntos.

Esas son algunos de las exigencias que hacen valer para sostener un pacto social con los sindicatos. En la reunión de ayer, los ruralistas reiteraron su pedido de que no haya "distorsiones" en los precios y la distribución de la renta. El señalamiento apunta a la industria aceitera que reclama un diferencial en las retenciones, ya que tanto la soja como su transformación en aceite y harina pagan un derecho de exportación del 18%, con un tope de $4.

Esa igualación junto con la guerra comercial entre China y EE.UU -sostienen los industriales- favoreció la venta de porotos en perjuicio de los subproductos. Ese es uno de los datos que alimenta la tesis de la "reprimarización" de la economía dentro de los equipos técnicos de Fernández, en donde buscan por estas horas reflotar una suerte de desarrollismo, sin precisar quiénes invertirán en la industrialización y a cambio de qué.

Condiciones al pacto social

La otra reunión clave con representantes de la agroindustria fue este miércoles en el bunker de la calle México. Acompañado de Sergio Massa y Daniel Arroyo, el exjefe de gabinete incorporó a los principales actores de la cadena al plan "Argentina contra el hambre" y los invitó a participar del consejo federal junto a otros sectores, que será puesto en marcha un día después de las elecciones del domingo 27 de octubre.

La presentación del programa alimentario corrió por cuenta de Arroyo, quien expuso los principales ejes consistentes en la oferta de una canasta básica accesible, una tarjeta para comprar alimentos destinada a las familias con hijos menores de seis años, y la "colaboración" de los empresarios para reducir el costo de los productos alimenticios, más allá de las donaciones que quieran hacer como propuso semanas atrás el titular de Singenta, Antonio Aracre.

"Vamos a arrancar con las madres de chicos de seis años, que son el 20% de los 8 millones de personas bajo asistencia alimentaria", les dijo Arroyo en la reunión. Y a continuación les aseguró que no será necesario crear nuevos impuestos y fondos, sino que el plan se financiará con la reorganización de partidas destinadas a políticas alimentarias, a las que este año se les asignó $27.000 millones aunque solo se ejecutó el 46%, tal como reveló la semana pasada este medio.

De buen diálogo con los cerealeros, Massa prometió durante el encuentro generar un espacio de "tres años de previsibilidad", mientras que Fernández en los pocos comentarios que hizo destacó la necesidad de apostar a un plan de largo plazo a través del diálogo con todos los sectores y consultó a los hombres de la agroindustria sobre la situación del campo frente a las lluvias registradas en los últimos días que provocaron inundaciones en algunos distritos.

Invitados en su mayoría por Massa, los empresarios se mostraron dispuestos a participar del plan contra el hambre y ofrecieron sus equipos técnicos para colaborar, pero también aprovecharon para colar sus preocupaciones. "Tratemos de subsidiar la demanda, no planes antiguos de restricción a las exportaciones que terminan impactando en el volumen de la cosecha", dijo José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En ese marco, el cerealero le entregó a Fernández las propuestas del sector que ya le había presentado a Roberto Lavagna y Mauricio Macri. Los "lineamientos para una política agroindustrial" incluyen "un marco legal previsible y de largo plazo", "el libre acceso a un mercado único de cambios", "la ausencia de restricciones cuantitativas", "eliminar impuestos fuertemente distorsivos" y la quita de los derechos de exportación "en el menor plazo posible".

El sector también apuntó a la falta de crédito para realizar inversiones. En la industria avícola, por caso, aseguran que afrontan un cuello de botella y que de acceder a financiamiento para construir 1.500 galpones podrían generar 17.000 empleos. "Ojo, no tenemos más donde criar los pollos, los galpones son viejos, y los créditos son carísimos", le dijo Roberto Domenech, presidente de la cámara avícola CEPA a Fernández al despedirse en el bunker de San Telmo.

Por la parte empresaria, participó también Gustavo Idígoras (Cámara de aceiteros y exportadores, Ciara Cec), Dardo Chiesa (CRA), Diego Cifarelli (FAIM, molineros), Alfredo Paseyro (Asociación de Semilleros), Julian Echazarreta (vicepresidente de Bolsa de Cereales de Buenos Aires y de Asociación de Cooperativas), Carlos Sosa (Bolsa de Cereales de Bahía Blanca), Rafael Paz (Cámara de Córdoba), Mario Ravettino (Frigoríficos Bovinos) y Fernando Antunez (Uatre).Si bien la reunión fue evaluada en forma positiva por ambas partes, los representantes del agro se fueron con varias dudas. Además del futuro de las retenciones, el esquema de comercio exterior y el cepo cambiario, la otra gran incógnita es quién va a encabezar el Ministerio de Agroindustria. Del otro lado, Fernández depende del campo para enderezar el barco. Con una economía en recesión y sin dólares genuinos, la cadena ingresó u$s29.000 millones en divisas en 2018, más de la mitad de la deuda con el FMI.