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Se prepara el terreno para subir ingresos brutos: gobernadores piden el fin del consenso fiscal

Se prepara el terreno para subir ingresos brutos: gobernadores piden el fin del consenso fiscal
Este viernes, Capitanich se reunió con Eduardo "Wado" de Pedro y le pidió suspender la aplicación del Consenso Fiscal y solicitó auxilio financiero
14.12.2019 00.07hs Economía

El gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, solicitó este viernes al Gobierno nacional la "suspensión transitoria" del Consenso Fiscal firmado en noviembre de 2017 por la entonces gestión de Mauricio Macri y 19 provincias, y pidió auxilio financiero para que la provincia pueda cumplir con sus compromisos.

El pedido del mandatario chaqueño fue expresado tras entrevistarse con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

Capitanich pidió "suspender transitoriamente la instrumentación del Consenso Fiscal" que lo firmaron 19 provincias debido a la caída de recaudación propia que genera por la eliminación progresiva de Ingresos Brutos.

Asimismo, planteó que la eliminación del Fondo Sojero fue un impacto fuerte para las finanzas provinciales.

Capitanich consideró que la mayoría de los gobernadores de la Argentina están "en la misma situación" de escasez de recursos, lo que genera urgencias de carácter fiscal y financiero.

"En otros casos se plantearon cuestiones tiene que ver con planificación para la ejecución de obras y acciones de gobierno. Y en otras circunstancias para ver como planificamos el futuro", agregó.

El gobernador chaqueño dijo que desde antes de su reciente asunción para el tercer mandato como gobernador de la provincia litoraleña viene analizando el impacto del Consenso Fiscal en la caja de recursos del Chaco y otras provincias. 

"Le transmití a De Pedro que estamos analizando el impacto que tiene el Consenso Fiscal, desde el punto de vista fiscal muchas veces frágil de las jurisdicciones provinciales. Transmitimos la idea de suspender transitoriamente su aplicación para que ellos lo evalúen", dijo.

Tras retirarse de la Rosada, Capitanich publicó en su cuenta de la red social Twitter que puso en conocimiento del jefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero, "la necesidad de asistencia financiera para cumplir con los compromisos del Estado Provincial en diciembre".

Días atrás, Cafiero, confirmó que en sesiones extraordinarias se buscará la aprobación de una nueva Ley de Emergencia Económica. Y el dato es significativo, porque la norma permitiría "aumentar los impuestos sin pasar por el Congreso".

Puntualmente, se trata de un recurso legal que le da amplios poderes al Poder Ejecutivo para, entre otras cosas, modificar alícuotas de impuestos.

Y esto ocurre luego del claro mensaje que dio este martes el presidente electo Alberto Fernández en la asamblea legislativa: "Hasta eliminar el hambre le pediremos mayor esfuerzo solidario a quien tenga más capacidad de darlo".

La traducción es clara: ante la necesidad de mejorar el ingreso fiscal para cumplir obligaciones financieras y, sobre todo, para estimular la reactivación de la producción, la nueva Ley de Emergencia Económica dará luz verde para subir los tributos que recaen sobre "los que más tienen".

El incremento de la carga fiscal, se apoya en principio, en tres ideas que se encuentran ampliamente consensuadas en el gabinete económico de Alberto Fernández; y serán de inmediata aplicación.

En primer término, se elevarán los derechos de exportación. Las polémicas "retenciones" se aplicarían en base a un esquema escalonado industrial-exportador. Es decir que los productos con mayor industrialización soportarán menores retenciones.

Si bien se llegó a hablar de una tasa de 35% aplicable a las exportaciones de soja, el porcentaje final sería aún menor. El objetivo es conseguir alrededor de u$s2.000 millones adicionales al año.

Ante la inminente suba de retenciones, se incrementó la cantidad de declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) de la cosecha 2019/2020 para pagar retenciones sin el incremento.

Más precisamente, las DJVE subieron casi 1.000% en soja, 230% en maíz y 53% en trigo en relación al año pasado.

Fin del "Consenso Fiscal"

La nueva Ley de emergencia Económica permitiría poner un freno a la reducción de impuestos que estaba prevista en el Consenso Fiscal firmado hace dos años. El Impuesto a las Ganancias para empresas, por ejemplo, debía bajar al 25% el año próximo, pero seguramente no será implementado.

Asimismo, el fin del pacto fiscal permitiría una reposición del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, pese al compromiso de las provincias de reducir gravámenes distorsivos para la actividad productiva.

Quienes critican esta reforma señalan que sería un retroceso en el sentido de que volvería a aumentar el peso del Gobierno central en la coparticipación impositiva que, a modo de compensación, les permitiría a los gobiernos provinciales un mayor margen de determinación de impuestos en el ámbito local.

"Suspender el Consenso Fiscal es regresar al aumento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el peor tributo; y también Sellos. Ambos impuestos son de épocas medievales, que han aumentado groseramente en los últimos 20 años", asegura de manera categórica César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados.

"Es como rociar con veneno la actividad económica", sentencia el reconocido tributarista.

A fin de reforzar la idea, Litvin señaló que suspender el Consenso Fiscal "es pulverizar todo el esfuerzo para bajar la desbordante carga de los tributos provinciales y municipales. Los fondos que recibieron las provincias por su compromiso para reducir los impuestos deberán ser devueltos".

El otro pilar de la suba impositiva refiere al Impuesto sobre los Bienes Personales, cuya alícuota actualmente se ubica en el 0,75%. Se habla de duplicar dicha alícuota e, inclusive, establecer un nivel mayor para los bienes ubicados en el exterior. Una propuesta que ya crea polémica entre los expertos.

"La aplicación de impuestos extraordinarios sobre Bienes Personales, además de no ser relevante desde el punto de vista de la recaudación, superará la frontera de confiscatoriedad establecido por la jurisprudencia actual", advierte Litvin.

"Este tipo de medidas terminan recayendo en las Pymes y en la clase media, ya que quienes tienen un importante patrimonio encuentran la forma de defenderse en la justicia y de evitar el pago de estos impuestos", indica Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados.

Advertencia de expertos

Mientras esperan las confirmaciones oficiales para las modificaciones impositivas que han circulado durante las últimas semanas, los principales referentes en temática tributaria han dado a conocer su predisposición negativa a muchas de las propuestas. En algunos casos, observan que habría implicancias legales, mientras que en otros creen que traerían resultados contraproducentes en materia de recaudación fiscal.

Por caso, Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, considera un error pretender gravar con un impuesto -se entiende que sería Ganancias- a la compra-venta de divisas, hoy por hoy exenta para personas humanas.

"Una persona ahorra en dólares para protegerse de la inflación y los problemas económicos. Y cuando venda los dólares deberá pagar Ganancias, incluso sobre rentas nominales no ajustadas por inflación", alerta el experto.

Entre las medidas en evaluación, figuran:

-Redefinir la estructura de los impuestos internos para alcanzar efectivamente y de modo diferenciado a las manifestaciones de consumo suntuario y superfluo.

-Incorporar un impuesto sobre las transacciones financieras con tasas diferenciadas, según los objetivos de política económica, que reemplace al actual impuesto al cheque.

-Mejorar el gravamen sobre las rentas financieras para darle mayor progresividad al impuesto a las ganancias. No debe ser cedular: debe integrarse al resto de los ingresos computables.

-Crear un impuesto de alcance nacional sobre la propiedad inmueble, articulado y coordinado con el inmobiliario provincial.

Al respecto, Carlos Roca, CEO de Croca Consultores, asegura que un impuesto nacional a las propiedades "quedará inoperante por pactos fiscales, por distribución de potestades tributarias en la Constitución Nacional y por la violación del principio tributario de la doble imposición".

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