El Gobierno prevé definir esta semana el aumento salarial que otorgará por decreto a trabajadores públicos y privados, que sería de entre $6.000 y $9.000 a cuenta de aumentos pactados en paritarias, por lo que en algunas ramas de la economía no se cobraría.

Esa suma fija quedaría exceptuada del pago de aportes y contribuciones patronales, según los borradores que se elaboran en el Ministerio de Trabajo.

Pero sí se realizarán los aportes destinados a obras sociales y se computará para aguinaldo, vacaciones e indemnización, entre otros rubros.

"El objetivo será recomponer el poder adquisitivo de los empleados más castigados por la inflación", dijeron fuentes oficiales, al explicar el espíritu de la medida.

El aumento cuenta con cierto aval empresarial y se pagaría de una sola vez en febrero, con el sueldo de enero.

La medida, que el Poder Ejecutivo aplicará también en la administración pública, tendrá carácter remunerativo con la finalidad de recomponer los salarios básicos de convenio que quedaron rezagados frente a la inflación.

El decreto que se prepara estipula que no se superpondrá con aumentos pendientes de gremios que hubiesen pautado ajustes en los primeros meses de 2020.

Así quedarían exceptuados o verían mermado el impacto de la suba trabajadores con pagos no ingresados de sus paritarias.

En el Gobierno aclaran, de todos modos, que el texto final de la norma podrá contemplar los casos de gremios rezagados que se vieron obligados a pautar sus aumentos en cuotas.