Más de una decena de terminales portuarias santafesinas debieron paralizar este miércoles sus actividades debido a piquetes realizados por el gremio de la construcción (UOCRA), que impiden el acceso de los trabajadores a las plantas procesadoras.

Las terminales afectadas son las de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, en el Gran Rosario.

Por ese motivo, se paralizó la exportación de granos y subproductos en plena cosecha, en medio de una bajante histórica del río Paraná que ya dificulta y encarece la operatoria de la hidrovía, dijeron desde sectores de la agroindustria.

Además, advirtieron que los piquetes del gremio de la construcción se aplican por un "conflicto ajeno a la agroexportación".

Qué reclama la UOCRA

Con carteles y neumáticos quemados, la UOCRA San Lorenzo desplegó desde temprano barreras de operarios para evitar el ingreso de otros trabajadores a las plantas y terminales portuarias.

Desde sectores de la agroindustria denunciaron que el gremio exige pagos "exorbitantes" a los contratistas que realizan tareas de mantenimientos en las plantas.

Desde esas terminales agroportuarias la Argentina exporta el 80% de sus granos y derivados industriales oleaginosos de la soja.

La UOCRA San Lorenzo reclama cobrar el doble del valor habitual por cada día trabajado en servicios de mantenimiento de plantas exportadoras.

"Exigen que los contratistas que brindan servicios a los puertos paguen el 100% de aumento por día trabajado, sumado al 35% ya otorgado a comienzos de año más el 20% adicional", indicaron fuentes del sector empresarial.

El sector agroexportador reiteró su preocupación a los gobiernos provincial y nacional.

Pidió intervenir de forma urgente para desbloquear el trabajo en los puertos, ya que además -sostienen- "pondrá en riesgo la seguridad en las terminales".

Camiones paralizadas en la entrada de una terminal portuaria.

Hidrovía: tensión por la estatización

El Gobierno oficializó el jueves pasado la estatización por al menos 12 meses de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay, conocida como Hidrovía, y la Administración General de Puertos (AGP) pasará a administrarla. La medida generó rechazo en algunos sectores del complejo agroexportador argentino, que manifestaron "preocupación" por el futuro de este servicio que es clave para la salida de productos argentinos hacia el exterior.

"Genera preocupación porque no da certidumbre ni lineamientos de largo plazo que aseguren la continuidad de la vía de navegación más importante que tiene el país", advirtió el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Daniel Nasini.

Y agregó: "Es imperioso garantizar la continuidad del servicio a corto plazo, especialmente dadas las circunstancias extraordinarias de la bajante histórica del Paraná. Para ello es indispensable que las obras sigan en manos de empresas especializadas en la materia, seleccionadas bajo un riguroso y transparente proceso de licitación. El Estado no tiene ni la experiencia ni la capacidad técnica para realizar estas tareas, pero sí ejercer sus funciones indelegables de control".

Daniel Nasini, de la BCR, no cree que el Estado pueda manejar correctamente la Hidrovía.

"Otro aspecto a tener en cuenta es el costo del peaje. Argentina está lejos de los principales mercados del mundo, con lo cual, todas las ineficiencias que impacten en los costos logísticos repercute negativamente en la competitividad de la producción nacional. Por ello, es fundamental que los fondos aportados por las cargas continúen siendo percibidos directamente por quien lleve adelante las obras para evitar demoras en la liquidación y asegurar la ejecución de los trabajos en tiempo y forma", detalló Nasini.

Además, el referente de la Bolsa de Comercio rosarina pidió que el Gobierno no demore la realización de una nueva licitación de largo plazo.

"A estas preocupaciones hay que sumarle que por los próximos dos años, como mínimo, aunque se asegure la continuidad de las obras como hasta ahora, no se van a realizar mejoras que son necesarias para optimizar la navegación en la vía y permitan que esté acorde a los estándares de la navegación moderna. Por ello es necesario que la licitación de largo plazo se realice lo más pronto posible incluyendo desde el inicio las obras que son necesarias para mejorar la competitividad del país", expresó.

Hidrovía: cómo funcionará con la estatización

La estatización se dispuso por medio del decreto 427/2021, publicado este jueves en el Boletín Oficial: esta decisión le otorga a la AGP la concesión para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la Hidrovía, medida que tiene el aval del Consejo Federal de Hidrovía.

Además, la AGP deberá administrar el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal, comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado "Confluencia", hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.

La Hidrovía es clave para las exportaciones: comprende 3.500 kilómetros de extensión, por donde pasa el 85% del comercio exterior argentino.

Según el texto oficial, ese organismo "también podrá asumir la concesión de obras y la administración de las vías navegables que se le otorguen o se le encomienden, realizando los actos que le corresponda ejecutar en tal carácter".

De este modo, el Poder Ejecutivo puso fin a la concesión de la Hidrovía, que desde 1995 estaba en manos de las compañías belga Jan de Nul y la argentina Emepa.

La hidrovía, de importancia fundamental para desarrollo agroexportador argentino.

Se prepara una "licitación grande"

El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, había adelantado que se estaba "trabajando para asegurar el mantenimiento del servicio de la Hidrovía Paraná-Paraguay durante un año".

Ahora, con la estatización, el Poder Ejecutivo logra "tiempo suficiente para preparar una licitación grande y así garantizar la navegabilidad", destacó Guerrera.

En ese sentido, el ministro aseguró que hay "un trabajo conjunto, desde el Consejo Federal de la Hidrovía, con la participación activa prevista de las provincias vinculadas con la vía navegable", para diseñar la licitación.

"También son parte del proceso universidades públicas, Medio Ambiente de Nación y de todas las provincias, con las que vamos a abordar de manera integral los pliegos que se pondrán a consideración para la vía navegable para los próximos 15 años", aclaró el funcionario.

Por otra parte, en el Gobierno evalúan la creación de un ente de control estatal de todas las vías navegables del país, con el objetivo de regular las próximas licitaciones a empresas extranjeras. Sería un organismo que estará bajo la órbita del Ministerio de Transporte y que comenzaría a funcionar luego de la administración de la Hidrovía por parte de la AGP.