Cada vez que se publica el dato de inflación, la lupa de los analistas suele ubicarse en la diferencia que se registra entre la velocidad a la que suben los alimentos y artículos de primera necesidad -la llamada "inflación núcleo- respecto del promedio. Es, naturalmente, lo que más preocupa en un entorno de pobreza superior al 40% y con un índice de indigencia del 10%.

Es por eso que, cada vez que se constata que los precios de alimentos van por encima del promedio, se suele interpretar como un efecto indeseado, y despierta nuevos afanes de controles de precios por parte de los funcionarios. Es así que tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Economía, Martín Guzmán, deslizaron críticas en las últimas semanas hacia los empresarios que "no entendieron" sobre la responsabilidad social de contener los precios.

Guzmán, que hasta no hace mucho tiempo era aplaudido en los foros empresariales por su conducta austera en el plano fiscal, ahora mostró un giro en el discurso y habla de "especulación" en la fijación de precios. En plena campaña electoral, los empresarios no mostraron demasiada sorpresa por el hecho de una vez más aparezcan como villanos, a pesar de la contundencia de datos como la expansión monetaria -sin ir más lejos, en julio el Banco Central transfirió $180.000 millones para cubrir el agujero fiscal-.

La brecha se agranda

Pero de lo que no suele hablarse es de que, en realidad, es casi inevitable que los precios de estos rubros de primera necesidad se ubiquen por encima del promedio, precisamente porque hay otros rubros que hacen de "ancla" y están prácticamente congelados. En otras palabras, los precios regulados, como los servicios públicos responden a un diseño deliberado para que se ubiquen por debajo del promedio.

Para ponerlo en números, en el IPC de julio, que dio 3%, la inflación núcleo fue del 3,1% mientras la de precios regulados registró una variación de 1,4%. Si se toman los mismos números para el período de los últimos 12 meses, contra una inflación general de 51,8%, la "núcleo" marcó 55,4% mientras que los precios regulados subieron un 37,1%.

El uso de las tarifas públicas como "ancla" inflacionaria empieza a agudizar la diferencia con el resto de los precios

Nada que resulte novedoso, y menos en un contexto electoral: se recurre a la ralentización de tarifas -no sólo de servicios públicos como agua, gas y electricidad, sino también de privados, como los combustibles y las comunicaciones- de manera de ayudar a contener la inflación y, además, de mejorar indirectamente los castigados ingresos salariales.

Pero lo que está empezando a llamar la atención es cómo esa brecha entre los precios libres y los regulados empieza a tomar velocidad. Es algo que inquieta a los economistas porque encarna el problema de la "distorsión de precios relativos". Y la historia económica argentina demuestra que cuando esa brecha se hace demasiado alta, suele resolverse con un traumático "tarifazo".

Un informe de la Fundación Mediterránea destaca que, durante la pandemia, se produjo un distanciamiento entre precios "libres" y regulados durante el segundo semestre del año pasado -los primeros saltaron de un nivel de 30% a 60% de velocidad interanual- mientras las tarifas subieron a un ritmo inferior al 25%. Esa diferencia fue reducida a inicios de este año, cuando una serie de actualizaciones tarifarias llevó a casi unificar los niveles de aumentos.

Pero la diferencia se acentuó nuevamente, al punto que ahora -si se toma un período anual- la brecha entre la inflación núcleo y la variación de los precios regulados alcanza a 18,3 puntos porcentuales.

Esta diferencia se hace más evidente cuando se pone la lupa sobre rubros específicos. Por ejemplo, mientras la ropa registró un aumento anual de 62,9%, servicios públicos como el agua y la electricidad lo hicieron al 30,6%.

El costo oculto en el gasto público

Esta situación, que es buscada por el equipo económico del Gobierno para tratar de continuar un camino de moderación inflacionaria, tiene un costo que los consumidores no notan, pero que está cada vez menos oculto: el aumento de los subsidios a los servicios que ya no pueden sostenerse con el ingreso de las tarifas.

El último reporte fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso destaca que el rubro de mayor velocidad de crecimiento en el gasto público es el de subsidios energéticos, que tuvo una variación anual de 59,3%. En contraste -y en abierta contradicción con el discurso oficial- el principal ahorro fue la caída en el gasto por jubilaciones, que están un 5,5% debajo del recesivo año 2020.

Hablando en plata, los subsidios estatales a los servicios públicos totalizaron $143.000 millones en julio, con lo cual acumulan $639.000 millones en los primeros siete meses del año.

Esto implica que los subsidios ya representan un 19% del gasto público, con lo cual el peso se va aproximando a los niveles que se registraban en el final del gobierno de Cristina Kirchner, cuando uno de cada cuatro pesos gastado por el Estado eran para sostener las tarifas.

Aquella experiencia terminó en un colapso del sistema energético, con la saga de apagones masivos en la zona metropolitana. Y, finalmente, en el célebre tarifazo de la gestión macrista.

Las consultoras prevén que, a partir de noviembre, se quiebre la tendencia y la inflación vuelva a tomar una senda ascendente

El riesgo del quiebre de tendencia

Claro que, aun con esos antecedentes inquietantes a la vista, nada hace suponer que pueda haber un cambio en esta política tarifaria. En el corto plazo, porque la campaña electoral lo torna prohibitivo para un Gobierno que intenta recuperar la simpatía del electorado.

Pero, además, porque se teme que las subas tarifarias puedan poner en riesgo el incipiente crecimiento económico. Con una fuerte recuperación de la industria, que ya está operando a niveles superiores al pre-pandémico 2019, el Gobierno aspira a terminar el 2021 con un crecimiento que supere el 7% del PBI.

Por otra parte, se está imponiendo el criterio estatista, que lleva a un mayor nivel de intervencionismo en los precios de servicios, como quedó en claro por el anuncio de Alberto Fernández sobre una estatización de la conexión a internet.

Y, sobre todo, la apuesta oficial es a que la tendencia de suave reducción de la inflación que se viene registrando desde abril pueda continuar sin accidentes. Los economistas que participan en las encuestas del Banco Central creen que en agosto se registrará una inflación de 2,8% mientras en septiembre y octubre un 2,7%. Pero para noviembre ya se espera un quiebre de la tendencia con un nuevo sendero ascendente.

El Gobierno sabe que si eso ocurriera, gran parte de sus objetivos entrarían en riesgo, porque se retraería el consumo, se dispararía una nueva ola de reclamos salariales y se contagiaría el nerviosismo al frente cambiario.

En definitiva, todo apunta a que la brecha entre los precios libres y los regulados no sólo se mantendrá, sino que tiene altas chances de ensancharse.