El ministro de Hacienda, Martin Guzmán, destacó ayer, en su exposición en el Congreso de la Nación, la necesidad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pero "de manera equitativa" porque "los acreedores son responsables cuando un deudor entra en una situación insostenible".

En ese sentido, aseguró que "la sostenibilidad debe ser el principio rector. Necesitamos un acuerdo sostenible y vamos a defender con firmeza los intereses de nuestra patria", argumentó el funcionario ante los legisladores. "Más que un buen acuerdo (con el Fondo) lo que necesitamos es un acuerdo sostenible", subrayó Guzmán.

Si bien desde algunos sectores del Gobierno más proclives a firmar una especie de fast track o acuerdo rápido con el FMI han filtrado la noticia de un acuerdo inminente, desde otros sectores como el Instituto Patria no confirman ni niegan la versión. Lo concreto es que por el momento no se sabe cuál será la decisión que tomará el Gobierno de Alberto Fernández para cerrar una renegociación con el FMI al que Argentina le debe unos 45.000 millones de dólares que tomó el Gobierno de Mauricio Macri en junio de 2018.

La duda sobre qué tipo de acuerdo podría cerrar la Argentina o si se firmara alguno con el organismo fue provocada por el propio presidente Alberto Fernández con sus declaraciones desde la ciudad de San Juan. El mismo día en que el Fondo Monetario Internacional envió al país u$s4.334 millones como parte del paquete mundial de ayuda contra el Covid, Fernández aseguró "antes de pagarle al Fondo, tengo que pagar un montón de deuda social y ahora estoy discutiendo con el Fondo en un acuerdo que se firmó en una cena en Olivos y que al país le costó 44.000 millones de dólares".

El Presidente además manifestó que la discusión con el Fondo no es fácil, nunca lo fue" y mencionó los buenos tiempos cuando Néstor Kirchner gobernaba. "Tengo un estigma, cada vez que llego al Gobierno la Argentina está en default, en 2003 con Néstor (Kirchner) me pasó lo mismo. Muchos de los que tomaron esa deuda me dicen hay que arreglar con el Fondo". Esto generó muchas dudas en el mercado financiero local e internacional en particular en Wall Street.

El ministro Guzmán, este jueves en el Congreso

Por ese motivo se plantean tres escenarios con respecto a esta renegociación: 

1. Un acuerdo a 10 años de plazo con más de 4 años de gracia

Es decir que el país comenzaría a pagar los vencimientos recién en el 2026 con una tasa preferencial de 1,05% y con una cláusula especial que si existieran en el futuro mejores condiciones de pago que las que impone un clásico acuerdo de Facilidades Extendidas. Esto le evitaría al Gobierno pagar unos 18.000 millones de dólares por año de intereses y amortizaciones en el 2022 y 2023.

Habría visitas de los funcionarios del FMI para las revisiones de la marcha de la economía que indica el articulo IV de solo dos veces por año. En lo que respecta a las cuentas fiscales, el ministro Martin Guzmán se habría comprometido a llegar a una situación de equilibrio fiscal antes de comenzar a pagar las cuotas del acuerdo.

La fecha tope para llegar a un acuerdo sería marzo del 2022 cuando vence una cuota de unos u$s4.000 millones. Esta es la opción que de acuerdo a la opinión de algunos funcionarios tiene la mayor probabilidad de ocurrencia.

La Carta de Intención se podría firmar luego de conocido el resultado de las elecciones legislativas de octubre en caso que el Gobierno gane las elecciones. "Tenemos que esperar el resultado de las elecciones legislativas porque si no ganamos, qué sentido tiene dejarle despejado el camino con el FMI a la oposición en el 2023", comentan algunos economistas cercanos a la La Campora en reuniones con empresarios y banqueros.

 

2. Una negociación a la Néstor Kirchner

Esta alternativa está íntimamente relacionada con el escenario planteado en el punto 1. Desde sectores cercanos a La Cámpora analizan la hipótesis de no cerrar ningún tipo de acuerdo en caso de que el oficialismo pierda en las próximas elecciones legislativas, en particular en la Provincia de Buenos Aires y seguir en la situación actual.

Consideran que sería un error dejarle servido un acuerdo al futuro Gobierno en caso que el oficialismo perdiera las presidenciales del 2023. Por ese motivo las declaraciones del presidente al citar a Néstor Kirchner toman relevancia. Se fundamentan en lo que ocurrió en septiembre de 2004, cuando Néstor Kirchner decidió no renegociar un acuerdo stand by con el FMI y dejar de pagar al organismo.

Luego de la llegada al poder de Kirchner el 25 de mayo del mayo del 2003 las negociaciones para lograr un nuevo acuerdo con el FMI habían entrado en punto muerto. El 31 de agosto de 2004, el director gerente del FMI, Rodrigo Rato, llegó a la Argentina para obligar al gobierno a firmar un nuevo acuerdo. La intención del directivo era prorrogar el stand by por una tercera revisión de ese acuerdo que vencía en septiembre por otro año más, pero imponiendo condiciones más rígidas a la Argentina que no eran aceptadas ni por Néstor Kirchner ni por Roberto Lavagna, y su equipo económico encabezado por el viceministro Guillermo Nielsen y el jefe de Gabinete Alberto Fernández.

Kirchner había comenzado a madurar la idea de no pagar y echar al FMI de la Argentina y pagarle al FMI en efectivo la deuda de unos u$s9.500 millones lanzando la famosa frase "Desendeudarnos para Desintervenirnos". Finalmente, el 17 de septiembre de 2004 Kirchner y Lavagna decidieron no firmar un nuevo acuerdo y la Argentina a partir de ese momento suspendió su relación con el FMI.

Ese momento no es ni parecido al actual. Kirchner utilizó unos u$s9.500 millones de dólares de los u$s30.000 que había de reservas liquidas en el BCRA para cancelar la deuda con el FMI en enero del 2006 y obligó al organismo a abandonar al FMI a cerrar su oficina en el país. Hoy las reservas internacionales liquidas llegan a unos u$s6.500 y la deuda con el FMI es más de cuatro veces que la del 2006.

El Gobierno busca cerrar un acuerdo con el FMI, ¿será después de las elecciones?

3. Un acuerdo a la Máximo Kirchner

Es una idea que por ahora no está descartada dentro del kirchnerismo duro. Se trataría de buscar un acuerdo de más largo plazo que podría llegar a los 20 años. Se fundamenta en un apoyo del Papa Francisco para que los países pobres muy endeudados puedan renegociar sus deudas a plazos más largos que los actuales. Para lograrlo habría que modificar los estatutos del FMI.

Esta alternativa es sostenida por la que llaman el "ala católica" del Gobierno. El representante de la iglesia católica considera que se debe priorizar "la reforma de la arquitectura internacional de la deuda, como parte integrante de la respuesta común a la pandemia", en línea con los planteos del ministro que comparte además con su mentor, Joseph Stiglitz y otros economistas como Jeffrey Sachs, asiduos interlocutores del Vaticano. Por el momento desde el entorno del ministro Guzmán descartan esta hipótesis ya que han explorado esa posibilidad, pero los funcionarios del FMI no aceptan esa opción.

Otro aspecto a considerar es que, dada la fragilidad de la situación económica actual, una de las principales opciones que impulsa el FMI es que los países miembros que tienen posiciones externas sólidas distribuyan voluntariamente una parte de sus DEG para ampliar los préstamos a los países de bajo ingreso que pueden acceder a través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP).

Este es el fondo desde el cual el FMI presta a países de bajos ingresos, a tasa de interés cero, períodos de gracia de entre 4 y 5 años y medio y plazos de entre 8 y 10 años. Algunos países emergentes, como la Argentina y México han reclamado que ese mecanismo de reasignación alcance también a los países de ingresos medios. De esta manera el Gobierno podría lograr otra línea de préstamos más ventajosa.

La renegociación un nuevo acuerdo con el FMI es un problema que lleva casi dos años y continua sin resolución.

El Gobierno debe considerar el canje de la deuda significo patear vencimientos el primer día por toda la deuda. En cambio, arreglar con el FMI implicará pagar con los desembolsos que el organismo libere contra ciertos compromisos de política económica que el Gobierno se comprometa a cumplir.

En este sentido, el Gobierno ganó tiempo pagando siempre los vencimientos, pero perdió mucho tiempo negociando. Por ahora no se sabe si el acuerdo se concretará finalmente antes o después de las elecciones de noviembre o se mantendrá la situación de indefinición actual.