No es necesario esperar los resultados del censo último para incorporar de una vez por todas en la agenda política la inviabilidad a la que llegó la estructura socioeconómica del país: 45 por ciento de la población está afuera de toda actividad.

Suman casi 25 millones los habitantes de este suelo que no figuran en ninguna lista de asalariados, autónomos, monotributistas, ni registrados ni informales.

Por ende, no aportan al sistema tributario, sea previsional o impositivo, y sí, en muchos casos, reciben algún tipo de subsidio que sale del erario público o de prestaciones de servicios gratuitos a cargo de la burocracia estatal.

Por supuesto que en esa cifra están incluidos unos 11 millones de niños menores de 14 años, en plena etapa de crianza, de los que sólo cabe asegurarnos de que estén bien alimentados y vayan a la escuela a prepararse para cuando les toque ser miembros activos de esta sociedad.

Entre los 14 millones restantes habría que ver cuántos de los adolescentes, de los mayores de 65 años, de los discapacitados y los "ni-ni" (que no trabajan ni estudian) estarían en condiciones de ser incluidos activamente.

Este sería uno de los desafíos estructurales de fondo a abordar por la clase dirigente de cualquier ideología o lado de la llamada "grieta" en que se encuentre.

Aun así se podrían encarar ya mismo la problemática desde otro plano más directamente vinculado a la aplicación de políticas económicas: el reordenamiento de la llamada población económicamente activa (PEA).

Estaríamos hablando del 55 por ciento o 21 millones de personas, los "micros" que mueven la rueda del PBI (producto bruto interno), la "macro".

Apenas un poco más de la mitad de esa clase activa está en blanco, algo más de un tercio en negro y algo menos de 10 por ciento clasifican como desocupados.

Leer esta estructura precenso extrapolada de datos del INDEC en modo productivo  y desde adentro de la nube tóxica que significa convivir con una inflación cuya dinámica ya supera el 70 por ciento anual, denota la inviabilidad del reparto entre el sector privado y el público de la insuficiente riqueza retroalimentada que se genera.

La foto actual muestra que, de los trabajadores registrados, 48 por ciento son privados y 27 por ciento cobran del Estado. Y hay un 11 por ciento que participa individualmente en la fuerza laboral dentro de las variantes autónomas.

Emparchar el desequilibrio que trasuntan estos números ha llevado a redistribuir las redistribuciones, en forma de impuestos, subsidios, convenios salariales que corren de atrás a los precios en una espiral interminable de causas y efectos.

El residual de esta especie de tornado económico es que los capitales y ahorros, en lugar de ser el combustible para regenerar el aparato productivo, desertaron del sistema y lo desangran.

La estructura socioeconómica a la vista deja en claro que sólo con la inversión privada estaríamos en condiciones de generar riquezas que financien una distribución equitativa de los ingresos, pero con la creación de empleos genuinos y de calidad.

Fernando Elias, vicepresidente del Banco Ciudad

@fernandoeliasok