La OCDE pide que los ingresos fiscales se usen mejor
Los gobiernos latinoamericanos necesitan aumentar la confianza de los ciudadanos en sus políticas fiscales para afianzar la democracia y evitar la radicalización de los electores, señala un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).En su primer informe sobre las perspectivas económicas de América Latina, esta organización señala que la democracia se extiende a lo largo de la región y gana fuerza, apoyándose en parte en las mejoras de las políticas fiscales y en la reforma de los sistemas de pensiones.
Pese a este avance, el informe advierte que la persistencia de altos niveles de pobreza y desigualdad siguen encabezando la lista de los grandes problemas que afronta la región, en la que es vital impulsar la "legitimidad fiscal", es decir, la confianza que los ciudadanos depositan en la política fiscal de su gobierno.
"Con más de 200 millones de personas en condiciones de pobreza, la región latinoamericana tiene entre sus principales retos la necesidad de invertir más fondos públicos en salud, servicios educativos, infraestructura e innovación, para lo cual se requieren cambios en los sistemas fiscales", destaca la OCDE.
En la presentación del informe "Perspectivas económicas de América Latina 2008" realizada ayer en Chile, el secretario general de la OCDE, José Angel Gurría, puso especial enfasis en la necesidad de que los ingresos fiscales se gasten de una manera más eficaz y justa, para reducir la pobreza y mantener la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático."Muchos países en América Latina experimentan un círculo vicioso en el cual la falta de calidad en la política fiscal obstaculiza la generación de ingresos fiscales y la eficacia del gasto público, con lo que se debilita la legitimidad fiscal y democrática, socavando a su vez la propia calidad de la política fiscal", especifica el informe.
El economista en jefe del Centro para el Desarrollo de la OCDE, Javier Santiso, afirmó que en la región "se gano la batalla de los equilibrios fiscales" pero que "queda pendiente generar bienes públicos".
Gran desigualdadDe acuerdo con la publicación, esta región tiene hoy los mayores niveles de desigualdad en el mundo, con casi 40% de la población, más de 200 millones de personas, que viven en condiciones de pobreza.
"Los gobiernos no pueden ignorar los retos que plantean la lucha contra la pobreza y la desigualdad, al tiempo que fomentan el desarrollo y el crecimiento económico estable y sostenible", señala el documento.
De acuerdo con las encuestas del estudio Latinobarómetro, a mediados "de la década de los 2000" entre la población local, menos de 25% de los ciudadanos latinoamericanos confía en que sus impuestos se gasten de manera adecuada.
En este sentido, asegura que del total de la población argentina sólo el 21% confía en la manera en que los gobernantes administran los impuestos.
En tanto, los países con un mayor porcentaje de confianza en el adecuado gasto de los impuestos son Venezuela y Chile con 38% y 37%, respectivamente, mientras que en México sólo confia un 15%, en Brasil un 12% y en Perú un 10%.
Gurría expuso que a pesar de que América Latina eligió la democracia y la economía de mercado para su desarrollo, aún hay desafíos importantes para su consolidación.
"Son necesarios temas impositivos más justos que podrían significar terminar con algunas exenciones fiscales que actualmente se ofrecen en muchos regímenes, mientras continúa en aumento el resto de impuestos directos", manifestó.
Sistema impositivo regresivoLa OCDE reconoce que se han producido avances en la política fiscal, pero precisa que ésta todavía es "regresiva" en muchos países debido a que "las familias más ricas" reciben la mayor parte de los beneficios del sistema.
La base tributaria es pequeña en muchos países, debido a la economía informal, cuyo tamaño en la región es "elevado y creciente", ya que en 2003 representaba, en promedio, el 43 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), si bien con diferencias considerables entre un país y otro.La reforma de las pensiones, cuyos fondos administraban a finales de 2006 unos activos por valor de u$s390.000 millones, también es un requisito que propone la OCDE para ofrecer una fuente fiable de ingresos que cubra el retiro de segmentos de población cada vez más amplios.
La OCDE aboga, además, por una regulación segura y una estabilidad legal en las políticas de infraestructuras, ya que las frecuentes renegociaciones de los contratos de concesión debilitan la confianza del inversor.