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Con los límites a la prisión preventiva, podrán pedir su libertad 8.348 detenidos

Con los límites a la prisión preventiva, podrán pedir su libertad 8.348 detenidos
Amado Boudou, Ricardo Jaime, el "Mono" Minnicelli y Julio De Vido, algunos de los políticos kirchneristas presos por corrupción que pueden beneficiarse
17.11.2019 10.44hs Economía

El martes que viene saldrá publicado en el Boletín Oficial parte de la nueva implementación del Código Procesal Penal, es decir, las normas con las que deberán trabajar las autoridades del Poder Judicial. 

Puntualmente, se limitará la variable más relevante para cualquier acusado de cometer un delito en una causa judicial en su etapa de instrucción. La reforma se centra en cómo se decide si pasa su tiempo bajo investigación en libertad.

La clase política ha encontrado un consenso en esta limitación a los métodos con los que los jueces ordenaban la detención de los procesados en sus causas. De acuerdo a información oficial de la Procuración Penitenciaria Federal, hay 8.348 personas privadas de su libertad que están encarcelados sin que la Justicia haya dictado sobre ellos una condena firme, señala Clarín.

Todos ellos podrían accionar a través de abogados para pedir su libertad argumentando que fueron detenidos sin que se cumplieran las nuevas restricciones a las prisiones preventivas que impondrá el cambio sobre este punto en el Código Procesal Penal.

Son potenciales delincuentes, procesados en causas que investigan si cometieron delitos que abarcan a todos los crímenes tipificados en del Código Penal.

Cálculos extraoficiales consideran que existen alrededor de 200 personas presas sin condena firme en casos de delitos de lesa humanidad, que deberían tener un acceso igualitario a la Ley, tal como dicta la Constitución Nacional que las dictaduras abolieron para cometer todo tipo de aberraciones.

Los magistrados deberán estudiar caso por caso a esos futuros pedidos, teniendo en cuenta ahora las nuevas restricciones. Y siempre y cuando los procesados que están detenidos le soliciten a los magistrados volver a la calle.

Es imposible determinar cuántos de los 8.348 detenidos sin condena firme son inocentes o en cuántos casos las prisiones sin condena que recaen sobre ellos son parte de un "uso excesivo de la prisión preventiva, que incrementa notablemente las cifras de encarcelamientos", tal como identifica a la problemática la Procuración Penitenciaria Federal.

Los datos de los presos que no provienen de la política que viven su proceso sin condena y pasan años en las cárceles, alarman.

En efecto, 8.348 presos del Servicio Penitenciario Federal están encarcelados sin condena. Mientras que 5.963 personas están privadas de su libertad con la correspondiente condena firme.

Uno de los jueces que trabajó en la redacción del nuevo Código Procesal Penal, el miembro de la Cámara de Casación Penal Federal, Mariano Borinsky, aseguró que la implementación de los límites no se reglamentará para beneficiar a los políticos presos. Ni a ningún preso en especial.

Según él, "lo que se busca es igualdad ante la ley y la transparencia en la Justicia". Y agrega que ahora "se brindan criterios concretos y uniformes para todos los tribunales de la Nación a fin de evitar situaciones de desigualdad ante la ley mediante pautas claras y previsibles" que se deberán establecer para ordenar la prisión preventiva de los procesados.

El nuevo Código Procesal Penal, incluso en este punto que limita cómo y por qué un magistrado puede o no pedir una prisión preventiva, es bien recibido en los tribunales federales, según comprobó Clarín entre magistrados y fiscales que integran juzgados de instrucción, y tribunales de alzada, y lo mismo se recogió entre fiscales.

Aún así, se estima que tras la implementación del nuevo Código Procesal Penal respecto a las prisiones preventivas los políticos presos K, igual que un número indefinido de los 8948 de los detenidos en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) pedirán sus excarcelaciones.

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