A la ola de demandas de las empresas privatizadas en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial donde se dirimen los conflictos por inversiones extranjeras, el Gobierno le opondrá la creación de un fuero especí­fico de competencia nacional para entender en ese tipo de conflictos: el Tribunal Administrativo de Servicios Públicos.

El proyecto, que podrí­a evitarle al paí­s tener que litigar en el futuro en organismos como el CIADI, hasta ahora no era más que una idea que un administrativista le acercó al ministro de Justicia, Horacio Rosatti.

Sin embargo, una resolución de Rosatti que se publicó hoy en el Boletí­n Oficial podrí­a otorgarle un impulso inesperado. Se trata de la resolución 57/2005 que dispone la creación de la comisión que elaborará el proyecto de ley para presentar en el Congreso.

Dicha comisión estará integrada por cinco miembros, dos funcionarios de la Secretarí­a de Polí­tica Judicial y tres administrativistas que trabajarán "ad honorem".

La resolución no avanza sobre aspectos de fondo referidos a la competencia y funciones del tribunal. Pero plantea una lí­nea argumental clave, que es la que usa el gobierno para "sacarse de encima" los juicios millonarios que por estos momentos enfrenta en el CIADI. La creación del futuro tribunal administrativo tiene resplado constitucional de acuerdo con el art. 42 de la Carta Magna.

Es que ese artí­culo, reformado en 1994, prevé que la legislación debe establecer "procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional", ni más ni menos que la habilitación formal de la nueva jurisdicción administrativa de base constitucional.