El procurador general Esteban Righi dictaminó en favor de la pesificación a 1,40 de Bonos en dólares de las series 2002, 2003 y 2004, y rechazó los planteos de inconstitucionalidad formulados contra el decreto 471/02, dictado por el entonces presidente Eduardo Duhalde.

En un dictamen, Righi respaldó el decreto mediante el cual fueron pesificados los tí­tulos de la deuda pública. Ahora la Corte Suprema de Justicia tendrá la palabra definitiva donde es una incógnita cuál será el contenido de los votos de los ministros de ese tribunal.

El fallo de la pesificación dio lugar a diferentes criterios en la apreciación de la sustancia del reclamo donde basta recordar el voto del doctor Eugenio Zaffaroni quien dejó en claro un lí­mite

en torno de los 70.000 dólares por debajo del cual la pesificación encontrarí­a severos reparos, en especial si se tiene en cuenta que uno de los reclamos en cuestión corresponde a deudas a favor de jubilados.

Para Righi, "no hay violación de la Constitución Nacional" cuando "se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legí­timamente reconocidos ni les niega su propiedad", sino que "sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad".

El decreto 471, firmado durante la crisis económica y social que habí­a provocado en diciembre de 2001 la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, pesificó a 1,40 las obligaciones del sector

público contraí­das en moneda extranjera y vigentes al 3 de febrero de 2002. Estableció, además, un mecanismo de ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Ahora, el procurador detalló las circunstancias en que se pesificaron los bonos. Recordó que existí­a en el paí­s una fuga de reservas, que el gobierno de Duhalde abandonó la convertibilidad, que hubo devaluación, una "quiebra en la relación de confianza de ahorristas con los bancos, una caí­da del consumo interno, inflación, aumento del desempleo, la indigencia" y otros dramas económicos y sociales.

"La crisis no ha dejado resquicios sin penetrar. De ahí­ que la reconstrucción requiera medidas extremas y cambios severos", escribió Righi, que sostuvo idénticos argumentos cuando, el año

pasado, avaló la pesificación de depósitos bancarios en dólares en un dictamen que luego sustentó un fallo de la Corte Suprema.

Righi se expidió con un criterio opuesto al que adoptó la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-Administrativo Federal, que falló en consonancia con el reclamo de

los tenedores de bonos, Hugo Galli y Silvia Concepción Attardi.

Los bonistas plantearon la inconstitucionalidad del decreto 471/02 y obtuvieron resoluciones a favor, tanto en primera como en segunda instancia.

En el pleito está en juego la pesificación de los siguientes tí­tulos: BOCON Previsional, Serie II, BONTES 2002, 2003 y 2004, todos en dólares estadounidenses.

El Estado nacional planteó en el litigio que el decreto es "constitucionalmente válido" y subrayó que el CER "permite mantener el poder adquisitivo en cualquier circunstancia, porque ajusta

el capital con relación a la depreciación de la moneda en sus valores internos".