El Estado argentino tiene que enfrentar reclamos de empresas extranjeras y bonistas que todavía tienen en su poder títulos en default de la deuda soberana por 5.231 millones de dólares.

Todos son secuelas de la cesación de pagos de 2002 y de la política de ruptura de contratos -expropiación, reestatización o alteración de pautas tarifarias- aplicadas durante los gobiernos de los ex presidentes Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. También, por la manipulación de las estadísticas del INDEC.

La semana pasada se conocieron dos nuevas demandas vinculadas a la estatización de los fondos previsionales, que a fines de 2008 sacó de la cancha a las AFJP. La estadounidense Met Life activó una demanda que, al principio, era de 110 millones de dólares, pero con los intereses corridos desde 2008 hoy trepa a 444 millones de dólares, según calculan en despachos oficiales directamente vinculados con este proceso judicial.

A su vez, un grupo de empresas holandesas hizo lo propio en nombre de la ex AFJP Orígenes, por la cual el banco de origen holandés ING Bank había pagado 300 millones de dólares. El reclamo trepa, hoy, a los 500 millones de dólares.

Por el lado de empresas extranjeras, hay demandas con sentencia firme contra la Argentina por 841 millones de dólares. Además, están en curso juicios cuyos reclamos ascienden a 1.571 millones de dólares, según consigna el diario Clarín.

A esto habría que agregarle el juicio con final incierto presentado por los fondos Buford y Eaton, por unos 1.637 millones, derivado de la expropiación de YPF. Esta cifra surge de los estados contables de estos fondos, según explica el especialista Sebastián Maril.

También en la cuenta se agregan reclamos que podrían ser calificados como "residuales" de bonistas (en su mayoría alemanes, italianos, japoneses y algunos estadounidenses) que no entraron a los canjes de los años 2005 y 2010 por unos 1.100 millones de dólares. Y hace poco se sumó una demanda con final impredecible, según el matutino porteño. 

El fondo Aurelius reclama 81 millones de dólares por su tenencia de cupones PBI. Este fondo entiende que por una manipulación de las cifras correspondientes al PBI de 2013 el Gobierno evitó el pago por el crecimiento de ese año. En esa manipulación tuvo intervención directa el ex ministro de Economía, Axel Kicillof.

Pasando en limpio: por reclamos de empresas privadas el Gobierno deberá pagar un monto (sujeto a un tira y afloje entre los abogados demandantes y los del Estado) de 841 millones de dólares. A su vez, enfrenta litigios también de empresas, sin sentencia firme pero previsible resultado en contra de la Argentina, por 3.207 millones. Y juicios en marcha relacionados al default de la deuda soberana por 1.183 millones de dólares. Si se suma el mencionado juicio por YPF, la cifra total trepa a 5.231 millones de dólares, equivalentes al 1,1% del PBI actual.

En cuanto a la deuda soberana, en el arranque del gobierno de Macri se pagaron u$s9.300 millones a los denominados fondos buitre. Y el año que viene se completará el último pago al Club de París para saldar una deuda en default -renegociada por Axel Kicillof- que dejó un monto a pagar de 9.600 millones de dólares.