Si bien no habrá un cambio radical del escenario de cara a la reestructuración de la deuda nacional, la postergación hasta mayo del pago por u$s250 millones agendado para el 26 de este mes anunciada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dejó flotando en el mercado la sensación de que antes de aflojarse, la negociación con los acreedores se endurecerá.

A pesar de que nadie sabe hasta qué punto se complicará la situación, inversores, acreedores y analistas financieros coinciden en una conclusión que se les hace cada vez más evidente: difícilmente la Argentina recupere el acceso al financiamiento antes de 2023, es decir, antes del fin del actual mandato de Alberto Fernández.

"Todavía no hay nada claro pero, en algún punto, el Gobierno enfrenta una especie de dilema: si la renegociación es muy agresiva ahora, el país no tendrá ningún financiamiento por los próximos dos años como mínimo", aseguró un representante de un fondo de inversión con tenencia de bonos argentinos. "Pero, al mismo tiempo, si es muy benigna, se terminará en el mismo punto ya que será difícil de sostener y otra vez en dos años, en vez de buscar fondos, se estará renegociando nuevamente", afirmó el inversor que prefirió el off the record.

Para los analistas, es improbable que la Argentina recupere el acceso al financiamiento durante el actual mandato de Alberto Fernández.

Los precios de los bonos argentinos reflejan, en promedio, una quita de 50%, lo que implicaría una reestructuración altamente agresiva, un escenario que, paradójicamente, los analistas en su mayoría descartan. Ocurre que los precios, en definitiva, ya no son una señal porque el mercado se redujo a una mínima expresión: los grandes fondos con fuertes posiciones en bonos argentinos no se mueven, a la espera de que la reestructuración le depare pérdidas menores que desprenderse ahora de sus títulos.

Bajo ese supuesto de quita de 50%, que el economista estratega de Consultatio, José Echagüe, considera "extremo", se lograría un enorme ahorro a lo largo de los próximos 10 ó 15 años.

Sin embargo, no sólo la estrategia sería altamente riesgosa –"si sale mal, lo que es probable, es el caos", dice- sino que tampoco garantizaría la sostenibilidad ni mucho menos recuperar el acceso al mercado.

En este contexto, el acceso a nuevo financiamiento parece ser algo lejano, pero su obtención es vital para, por ejemplo, poner en marcha las mega inversiones que se pretenden en Vaca Muerta, la gran esperanza para el crecimiento y generación de dólares de la Argentina para, entre otras cosas, pagar la deuda.

"Agresivo o no tanto, el país no va a tener crédito por un buen tiempo. Por eso van a tener que ser creativos para idear instrumentos que permitan financiar, por ejemplo, los planes de YPF", consideró uno de los tantos asesores de deuda en torno al negocio de la reestructuración.

"En definitiva, lo que importa son las políticas y la dinámica macro: una quita importante que después no tenga un correlato en la consolidación de camino fiscal no va a permitir obtener financiamiento para crecer. Por el contrario, una quita suave en una renegociación mucho más amigable y rápida, generaría menos ahorro pero podría implicar un acceso rápido al mercado si se combina con la vocación de reformas fiscales", dijo Echagüe, para quien el mejor arreglo es aquel que se haga más rápido.

La necesidad de avanzar cuanto antes en las negociaciones es, tal vez, una de las pocas coincidencias entre los distintos tipos de acreedores que están involucrados en un proceso que vislumbran muy lento.

Por un lado, los fondos con grandes tenencias de bonos argentinos emitidos durante los últimos cuatro años como Templeton, Blackrock, Ashmore, Fidelity o Pimco, apuntan a una salida "rápida y digna", que les permita empezar a moverse. Hoy están atrapados en Argentina, con bonos de los que no pueden desprenderse sin asumir importantes pérdidas. El interés de estos fondos es que, cuanto más abarcativa sea la reestructuración, más chances de morigerar quitas y recortes de intereses.