El Senado aprobó este miércoles por unanimidad la ley de sostenibilidad de la deuda emitida bajo legislación extranjera, tras un casi nueve horas de un debate cargado de pases de factura entre oficialismo y oposición por el nivel del endeudamiento.

La nueva norma se aprobó con 65 votos a favor, la totalidad de los senadores presentes, gracias al respaldo de la oposición al proyecto enviado por el Gobierno para encarar la renegociación de los plazos para el pago de la deuda externa.

A pesar del acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio -que se alcanzó la semana pasada en Diputados y se replicó este miércoles en el Senado- no faltaron durante el debate pases de factura entre ambos espacios.

El sector del kirchnerismo puro no escatimó críticas a la gestión de Juntos por el Cambio, a la que responsabilizó por el crecimiento de la deuda, mientras la bancada opositora hizo un repaso de los problemas que heredó en 2015 y puso de relieve el apoyo prestado en este momento.

Detalles de la ley

La nueva ley de sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo legislación extranjera declara "prioritaria" para el país la renegociación de obligaciones contraídas y autoriza a invocar la inmunidad soberana contra el embargo de determinados bienes.

La norma impulsada por el Gobierno declara "prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera", que se calcula en unos 142 mil millones de dólares.

La ley autoriza al Ministerio de Economía a "incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana".

No obstante, establece que esa renuncia "no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad" de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquiera perteneciente al dominio público en el país o cualquiera localizado dentro o fuera del territorio "que preste un servicio público esencial" entre otros.

La ley también autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital, así como determinar plazos y procedimientos de emisión y designar instituciones o asesores financieros para el proceso de estructuración.

No obstante, las comisiones que puedan cobrar los bancos o asesores financieros que actúen como agentes colocadores "en ningún caso podrán superar el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado".