Venezuela prepara ocho "ví­as legales" para confiscar empresas

El futuro y la viabilidad del sistema económico venezolano dependerá, en gran medida, del referéndum sobre la reforma constitucional impulsada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que tendrá lugar el próximo 2 de diciembre.

Si la cita electoral resulta favorable a las pretensiones polí­ticas del lí­der bolivariano, el conjunto de la propiedad privada quedará supeditada al concepto de "función social", cuya definición y amplitud determinará en exclusiva el aparato estatal. De este modo, el sueño chavista estará muy cerca de poder materializarse: "la ruptura con el sistema capitalista burgués" mediante la construcción de "un nuevo modelo productivo", según reza el propio proyecto constitucional, que comenta Expansión.com de España.

Por este motivo, la "profunda revisión" del sector privado español que opera en el paí­s, anunciada por Chávez el pasado miércoles, no es cuestión baladí­. Sobre todo, teniendo en cuenta las acciones expropiatorias llevadas a cabo por el presidente venezolano durante sus ocho años de mandato, así­ como los nuevos mecanismos de intervención pública que contempla la citada reforma constitucional.

Y es que, en caso de aprobarse, Chávez tendrá ví­a libre, no sólo para concentrar en exclusiva el poder polí­tico y económico de Venezuela, sino para nacionalizar a la carta aquellas empresas que no se plieguen a sus designios ideológicos. La nueva Constitución bolivariana establece, al menos, ocho preceptos legales para proceder legí­timamente a la incautación de bienes privados por parte del Estado.

Así­, el Gobierno chavista pretende primar "los intereses comunes sobre los individuales". Es decir, que las compañí­as de "propiedad social" –nacionalizadas o intervenidas parcialmente por el poder público– gozarán de una posición privilegiada en el modelo productivo del paí­s.

Además, el texto regulará, "bajo los principios de la economí­a socialista", la creación de empresas y el desarrollo de actividades económicas. Para ello, impondrá "los mecanismos de control y fiscalización" empresarial que el Gobierno estime necesarios para garantizar la "razonable" productividad económica. Un conjunto de criterios normativos cuya elaboración estará en manos del poder ejecutivo y, como consecuencia, del propio Chávez. El Estado podrá, además, adoptar las "medidas necesarias" para evitar los "efectos nocivos" de los monopolios y "abusos de posición y dominio", añade.

El Gobierno podrá suprimir aquellas actividades que vulneren e, incluso, dificulten los "sistemas de producción social". De este modo, aquellas compañí­as privadas que dispongan de una posición destacada en el mercado frente al sector público correrí­an el riesgo de entrar en competencia desleal y, por tanto, serí­an susceptibles de ser intervenidas. Es más: bajo el paraguas constitucional de "utilidad pública o interés social", el Ejecutivo podrá expropiar cualquier clase de bienes, al igual que establecer todo tipo de cargas y restricciones que considere oportunas.

Asimismo, el Estado se reserva la propiedad de los sectores estratégicos del paí­s, el control sobre las materias primas y los recursos naturales, incluidos los latifundios –sector agrí­cola–, y la producción de alimentos. También se arroga la supervisión directa del sistema monetario y la extensión de la intervención pública sobre el sector financiero y bancario.

Sectores en la mira
No es algo nuevo. Desde su llegada al poder, Chávez ha procedido a la nacionalización de diversas actividades a través de los poderes que le otorga la denominada Ley Habilitante –aprobada el pasado 18 de enero–. Al grito de "¡todo aquello que fue privatizado, nacionalí­cese!", el lí­der bolivariano procedió a la incautación por decreto del sector de los hidrocarburos. Una industria que concentra el 25% del PIB nacional y el 80% de las exportaciones.

A lo largo del presente año, la Revolución Bolivariana se ha adueñado de las principales empresas privadas que operaban en el mercado nacional de electricidad y telecomunicaciones. Los medios de comunicación, el pequeño comercio, la red de distribución alimentaria, las tierras y la agricultura, la educación, la sanidad, la vivienda e, incluso, la banca son sectores que ya han sufrido la intervención directa de Chávez. O, como mí­nimo, sus amenazas. Y es que su propuesta de reforma constitucional lo posibilita, sin ambages, y sin ningún rubor.

Los artí­culos constitucionales de expropiación, que reproduce el citado medio de prensa son:

• Art. 18: "El Estado se reserva la explotación de los hidrocarburos" y la manufactura nacional de materias primas.
  
• Art. 112: "El Estado promoverá el desarrollo de un Modelo Económico Productivo fundado en la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales".
  
• Art. 113: "Se prohí­ben los monopolios", así­ como todas las actividades tendentes al "abuso de la posición de dominio" por parte, tanto de particulares como de empresas. Además, "no se permitirán" las actividades y acuerdos privados que "vulneren los métodos de producción social [...] o dificulten la justa y equitativa concurrencia de bienes y servicios".
  
• Art. 115: "Por causa de utilidad pública o interés social [...] podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes", y "toda propiedad estará sometida a las cargas y obligaciones que establezca la ley". 
  
• Art. 300: "La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de empresas para la realización de actividades económicas o sociales, bajo los principios de la economí­a socialista". 
  
• Art. 305: La producción de alimentos es de "interés nacional".
  
• Art. 307: "Se prohí­ben los latifundios", y se podrán confiscar las propiedades que atenten contra el medio ambiente o la "seguridad y defensa de la nación".
  
• Art. 318: La banca y el sistema monetario deben responder a los principios del "Estado Socialista". El Banco central carecerá de autonomí­a.