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Aborto: conocé los cambios que aceptó la legislación española

Aborto: conocé los cambios que aceptó la legislación española
Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo introdujo grandes modificaciones
Por Martina Stutz Dohmen
13.03.2018 18.59hs Health & Tech
Desde hace ya ocho años, España cambió su legislación respecto del aborto, un tema que en Argentina ha generado intensos debates, tanto en la población como a nivel político. En 2010 el país ibérico aprobó la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que entró en vigencia en julio de ese año.

La norma tiene como aspecto y objetivo centrales la legalización del aborto, es decir, permitir que se pueda interrumpir el embarazo sin ningún tipo de traba respecto de los motivos o causales de la decisión de la mujer. Para eso, establece una serie de condiciones que se deben dar y respetar al momento de realizar el procedimiento.
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En primer lugar, señala que se debe realizar a cargo de un “médico/a especialista y puede llevarse a cabo en un centro sanitario público o un privado acreditado”. España cuenta con una red de clínicas privadas acreditadas que están en constante coordinación con los servicios públicos y garantizan el buen ejercicio de esta prestación.

A su vez, la norma vigente en España establece el período de tiempo en el que se puede abortar, que es de 14 semanas. Hasta ese momento, todas las mujeres mayores de 18 años pueden elegir interrumpir su embarazo, sea cual sea la causa de su decisión. Sin embargo, existen excepciones a la letra específica de la ley respecto del tiempo de evolución del embarazo. La ley señala que se podrá interrumpir hasta la semana 22 si existe riesgo para la vida o salud de la embarazada, si existan graves anomalías en el feto o se detecten anomalías incompatibles con la vida.

Por último, la legislación española contempla también a los médicos que pueden estar implicados en el procedimiento; detalla que los profesionales sanitarios directamente involucrados en la interrupción voluntaria del embarazo tienen el derecho a ejercer la objeción de conciencia. En caso de que lo hagan, el personal sanitario debe notificarlo por escrito en forma anticipada para garantizar a la mujer el acceso a la prestación en manos de otro profesional especialista.  
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Cuando se aprobó la ley del aborto, en 2010, se fijó que legalmente las mujeres eran mayores de edad para abortar a partir de los 16 años. Así, las embarazadas menores de edad -16 y 17 años- tenían que informar al menos a uno de sus representantes legales, es decir, padre, madre o tutor, acerca de su decisión de abortar. Además, la norma establecía que no era necesario informar a los progenitores si se alegaba coacción, situación de violencia familiar, malos tratos, amenazas, o se producía una situación de desamparo, en cuyo caso se debía recoger bajo informe de los servicios sociales.

Sin embargo, en septiembre de 2015 la ley de aborto fue sometida a una reforma que cambió por completo la situación de las mujeres menores de edad respecto del aborto. Se estableció que las menores de 18 años necesitan el consentimiento de sus progenitores o representantes legales para poder abortar. Esto significa que deben ir acompañadas a la clínica con ellos y formalizar su voluntad junto con el consentimiento firmado por sus padres. Si existe conflicto entre la menor y sus padres sobre el consentimiento firmado para que la menor pueda abortar, se deberá resolver judicialmente según determina el Código Civil del país ibérico.


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