Desde hace tiempo, la inmigración es un tema de debate en la sociedad argentina. Si bien siempre ha habido inmigrantes de diversas nacionalidades, en los últimos años ha crecido la cantidad de personas que llegan desde países limítrofes y de la región, tanto para estudiar como para trabajar, e incluso ambas.

Esa situación ha abierto discusiones más profundas, acerca de cómo actuar frente a la masiva presencia de ciudadanos de otros países que no siempre tienen residencia o ciudadanía local. La educación, la salud y el trabajo se encuentran entre los puntos más álgidos en relación a los ciudadanos extranjeros; allí aparecen posturas algo extremistas y casi irreconciliables, que se pueden dividir entre quienes consideran que no se les debe brindar ningún servicio de manera gratuita -como actualmente sucede y al que tiene acceso cualquier persona que esté en suelo argentino- y quienes creen que sí se debe brindar educación y salud a quienes llegan desde otros países y no tienen ciudadanía o residencia. En este sentido, es interesante destacar la experiencia de España, uno de los países europeos que más inmigración ha recibido, sobre todo de refugiados de Medio Oriente, en los últimos años. Recientemente, el país ibérico sacó un decreto ley que asegura que brindará atención sanitaria para los inmigrantes desde el primer minuto, sin necesidad de empadronamiento e incluso con los medicamentos subvencionados. La norma apunta a "recuperar la sanidad universal que el ministerio de salud", según asegura el diario El País. Así, no solo desvincula la sanidad pública de la necesidad de ser el titular de una tarjeta de la Seguridad Social -algo que en España solo se puede conseguir con contrato de trabajo-, sino que ni siquiera pone como requisito el empadronamiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada comunidad tiene la potestad de establecer qué documentación se exige, según el borrador al que han tenido acceso los diarios españoles.

El antecedente de esta norma era un decreto ley del Gobierno de Rajoy que había dejado sin asistencia sanitaria a los migrantes en situación irregular. Además, cabe mencionar que en dicho país la ley de extranjería establece un periodo de "permiso temporal" de hasta 90 días para los inmigrantes, en los que muchos derechos no les corresponden. Allí encontraba el sustento el decreto de Rajoy, aunque ese tiempo estaba fijado con la idea de distinguir entre viajeros y aquellos que pensaban instalarse en el país.

El decreto, vigente desde 2018, cambió completamente las reglas de juego; ahora ese período se podrá reducir o eliminar si las comunidades así lo deciden, de manera que la sanidad será realmente universal desde el primer momento. Según consignó El País, la mayoría de las comunidades ya tienen sus propios sistemas para que sus residentes en situación irregular sean atendidos, más allá de los servicios ya fijados para menores, embarazadas y urgencias. No obstante, en muchos casos también se les pide un periodo de residencia, una condición que ahora habría desaparecido.

Además, el sistema se aplica a "las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España" cuya atención no esté cubierta "por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la Unión Europea, convenios bilaterales y demás normativa aplicable". El sistema español también establece que se debe verificar que la persona no tenga, en su país de origen, un sistema de salud que pueda hacerse cargo de su salud cuando se desplaza.

Esto significa que se intenta cobrar la atención por todos los medios posibles —algo que ya se establecía en el real decreto de los recortes—, pero no se niega el acceso al sistema sanitario si la persona no está cubierta por alguna póliza o por su propio sistema de salud.Otro de los puntos importantes del decreto es la cobertura de los medicamentos. De acuerdo a lo indicado por el diario español, los extranjeros en situación irregular tienen derecho a que la sanidad pública pague parte de los medicamentos que les receten. "Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España [...] aportarán un 40%" del precio de venta al público de los fármacos".