Atentos a cómo finalmente quede redactado el proyecto de Ley del Presupuesto 2019, algunas cámaras empresariales comenzaron en los últimos días a reunirse con legisladores nacionales.

El sector empresario apoya las decisiones del Ejecutivo con el foco puesto en la necesidad de reducir el déficit fiscal, bajar la inflación y que la economía comience a recuperarse.

Los empresarios buscarán con los legisladores, suavizar el impacto de algunas decisiones oficiales. Es el caso de la UIA, que buscará garantizar la rebaja de Ingresos Brutos, prácticamente la única medida tributaria del consenso fiscal que el Ejecutivo nacional logró que quedara indemne en las negociaciones.

También planteará la permanencia del beneficio del decreto 814 para las reducciones del pago de contribuciones patronales, que tiene hoy un esquema de reducción gradual.

"Vamos a hablar con los gobernadores y con los legisladores, principalmente para que tengan claro que la suspensión de la rebaja de Ingresos Brutos, que promueven, afecta al agro, a la industria, a los servicios y a toda la población en general, ya que se va a precios. También queremos plantear el tema ajuste por inflación, para que finalmente se implemente", afirmó a El Cronista el titular de la UIA, Miguel Acevedo.

La institución también está atenta a ver cómo quedan otros beneficios obtenidos en la reforma tributaria, como la posibilidad de tomar, gradualmente, el impuesto al cheque a cuenta de Ganancias y la reducción de la alícuota de Ganancias a las empresas que reinvierten las utilidades.

Respecto de la suba de retenciones a las exportaciones y la reducción -en algunos casos a 0%- de los reintegros, desde la central fabril están trabajando en una propuesta de modificación de los derechos y de diferenciación según el sector, pero será discutido a nivel del Ejecutivo, ya que la medida salió por decreto y hasta el viernes se desconocía si formarían parte del proyecto de Presupuesto o no.

Lo que negociarán de forma más urgente es que, al menos, el sector industrial pueda pagar las retenciones con un plazo de 120 días debido a las complicaciones financieras que están sufriendo con las altas tasas de interés. El Gobierno tiene en carpeta dar plazo de 90 días, pero para las pymes.