La Comisión Europea no pudo demostrar que los pactos fiscales de McDonald's en Luxemburgo, que eximieron a la compañía de abonar impuesto de sociedades en el Gran Ducado, supongan una ayuda de Estado ilegal.

En consecuencia, la cadena de restaurantes de comida rápida no deberá abonar los impuestos que se ahorró tras firmar esos acuerdos en 2009.

"La Comisión halló que la no imposición de ciertas ganancias de McDonald's en Luxemburgo no llevó a una ayuda estatal ilegal, ya que está en línea con las leyes fiscales nacionales y el tratado de doble imposición entre Luxemburgo y Estados Unidos", indicó la institución en un comunicado.

Los pactos fiscales concedidos por Luxemburgo a la multinacional estadounidense en 2009 la eximieron de pagar impuesto de sociedades en el Gran Ducado, bajo el principio de que esos ingresos serían gravados en su momento en EEUU.

El Ejecutivo comunitario abrió la investigación al detectar que McDonald's no estaba realmente pagando impuestos por esos ingresos, ni tan siquiera en EEUU, y considerar que la compañía podría estar recibiendo un trato privilegiado ilegal.

Pero la conclusión final a la que llegó el Ejecutivo comunitario es que la razón por la que McDonald's sorteó el pago impuestos no fue ese trato selectivo sino un agujero legal en el tratado para evitar la doble imposición entre EEUU y Luxemburgo.

Es decir, esa fisura legal estaba disponible para todas las compañías y, en consecuencia, no puede considerarse como un privilegio."Nuestra investigación en profundidad demostró que la razón de la doble no imposición en este caso es un desajuste entre las leyes fiscales de Luxemburgo y las de EEUU, y no a un trato especial otorgado por Luxemburgo. En consecuencia, Luxemburgo no vulneró las normas de Ayuda de Estado de la UE", aseguró Margrethe Vestager, comisaria de Competencia.

No obstante, Vestager señaló la anomalía de que McDonald's no "pagó ningún impuesto por estos beneficios" y afirmó que "esto no es lo que debería ser desde un punto de vista de justicia fiscal".

En este sentido, dio la bienvenida a la intención del Gobierno de Luxemburgo de adoptar los pasos legislativos necesarios para evitar estas situaciones en el futuro. El Parlamento del Gran Ducado está tramitando desde el pasado junio una propuesta de ley que, en principio, debería corregir esos desajustes detectados.