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La suba en Bienes Personales, otro golpe a la seguridad jurídica del país

Se está por aprobar una verdadera estafa legislativa que rompe el pacto implícito que implicó la cuasi neutralización de este impuesto
19/10/2018 - 05:55hs
La suba en Bienes Personales, otro golpe a la seguridad jurídica del país

A menos de dos años de haber finalizado un blanqueo de capitales sin precedentes en la historia mundial, que en buena medida tuvo éxito por la confianza depositada en el actual Gobierno, los legisladores están por aprobar una verdadera estafa legislativa: al eliminarse la tarifa plana del 0,25%, prevista en la Ley de Sinceramiento Fiscal y volverse a la escala progresiva del impuesto se está rompiendo el pacto implícito que implicó la cuasi neutralización de este impuesto patrimonial (que actuó indudablemente como un estímulo más para incentivar a que quienes ocultaban su patrimonio lo exhiban finalmente ante nuestro fisco).

El Estado ya había defraudado esa misma confianza al ampliar la aplicación del impuesto a las ganancias sobre las rentas financieras hace pocos meses.

Es importante recordar el nefasto efecto de esta reforma, que ahuyentó capitales con los que se venía financiando el gobierno y que derivó en el pedido de ayuda financiera al FMI. El proyecto elevado y con dictamen favorable pretende volver a un esquema de impuesto patrimonial que había sido eliminado con la propia Ley de Sinceramiento Fiscal (27.260), por lo que considero que este acto de abierta traición por parte del Estado Nacional (en colusión con los voraces gobiernos provinciales) terminará por aniquilar cualquier atisbo de confianza que pudiese quedar en los inversores.

Uno podría decir que no debemos compadecernos de quienes se acogieron a la exitosa amnistía fiscal, pues se trata de gente que (por diversas razones) ocultaba su patrimonio.

No quedan dudas de que el blanqueo es un instrumento que violenta la moral fiscal de la población. Pero también hay que entender que precisamente medidas como las que se aprobarán –además de la presión tributaria record- son las que espantan a los capitales y hacen que una gran masa de contribuyentes oculte sus rentas y patrimonios.

Y lo peor de todo es que para lograr la aprobación de la Ley de Presupuesto se está aniquilando no sólo la credibilidad de este Gobierno, sino de la Argentina, al borrar con el codo lo escrito con la mano hace tan poco tiempo. No sólo se viola la seguridad jurídica de quienes ingresaron en la amnistía fiscal, sino también de los contribuyentes cumplidores.

Aunque desde lo técnico se trate de un tributo diseñado de manera progresiva, en el contexto de altísima presión fiscal en que se vive –donde una casta política que viaja en jets privados se niega a achicar el gasto-, el impuesto sobre los bienes personales se aplica sobre activos que en su momento –en muchos casos- ya tributaron una altísima alícuota del impuesto a las ganancias y que también seguramente fueron castigados (si se tratase de dinero invertido en el país) con otras aberraciones tributarias como Ingresos Brutos, Sellos y con el Impuesto sobre los Débitos y Créditos.

Por si fuera poco, las provincias han aumentado violentamente el impuesto inmobiliario en los últimos años con la excusa de la cuasi eliminación de Bienes Personales, que ahora revive como un personaje de la serie The Walking Dead.

Y para peor, en el proyecto se prevé que esos valores inmobiliarios son los que se tendrán en cuenta al momento de cuantificar el patrimonio, lo que tendrá a su vez un efecto muy fuerte en el impuesto sobre los bienes personales (se trata de una retroalimentación entre los impuestos de las distintas jurisdicciones).

Por otro lado, es un gravamen que va en contra del ahorro nacional y propicia la informalidad. Bienes Personales destruye el capital de quien acumuló activos a lo largo de su vida para poder asegurarse una jubilación que el Estado no puede darle (a pesar de los cuantiosos aportes a lo largo de la vida laboral).

Es más, en una situación como la actual, de falta de confianza en la solvencia financiera del país y más allá del gran apoyo del concierto internacional de países desarrollados a la gestión económica del Presidente Macri, estimo que van a tener que pasar muchos años para que los inversores (nacionales o extranjeros) vuelvan a creer en la seguridad jurídica del país.

Lo único bueno es que comenzará a regir para el período fiscal 2019 este nuevo esquema y hay tiempo para que el nuevo gobierno –o para el caso de que el Presidente renueve su mandato- que asuma el año próximo recapacite y propicie su derogación.

De todos modos, debe notarse que hay algunas modificaciones en la forma de valuación de los inmuebles que aplicarían desde este ejercicio (se tendrán en cuenta los valores suministrados por los fiscos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, que cada vez son mayores), lo que derivaría en que muchas más personas deban tributar y a un monto más alto.

Desde lo técnico, es bueno el aumento del mínimo no imponible, que desde 2018 se había establecido en $1.050.000. La reforma lo elevaría a $2.000.000. De todos modos, se trata de un monto atrasadísimo por el efecto de la inflación durante la última década, en la que casi ni se actualizó.

Con las reformas propuestas seguiría siendo un monto muy bajo en dólares (el originario, cuando se creó el impuesto era de pesos/dólares 102.000), sobre todo para una economía tan dolarizada como la nuestra y tratándose de un impuesto que debería ser un verdadero impuesto a la riqueza (cuanto menos, para patrimonios por encima de los dos millones de dólares). El año que viene, con la inflación que se vislumbra, los montos del proyecto quedarán aún más desactualizados.

Si bien desde lo técnico resulta razonable que se incorpore en el impuesto a los inmuebles rurales que se arrienden, para equipararlos con los inmuebles urbanos (los rurales antes se encontraban alcanzados por el impuesto a la ganancia mínima presunta, tributo que ya fue derogado), no parece oportuno elevar nuevamente la presión impositiva al campo, el sector que se menciona como el más dinámico para hacer salir al país de la recesión en que está inmersa.