La denuncia de la Aduana de una maniobra de "alquiler de cautelares" para importar sin la autorización correspondiente para liberar la mercadería (SIMI) fue rápidamente utilizada por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para endosarle a los miembros del Poder Judicial una crítica que se extendió a aquellos empresarios que necesitan dólares del Banco Central para continuar con sus actividades mercantiles.

"¿Alquiler de cautelares?", cuestionó la vicepresidenta desde su cuenta de Twitter. "O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, ¿además las alquilan? Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible", redactó la ex mandataria.

En realidad, muy pocos agentes económicos poseían la novedad, se trata de una ingeniería financiera de comercio exterior típicamente pensada por argentinos, expertos en economías dirigidas, para evadir controles y cepos cambiarios.

Porque las restricciones para conseguir billetes estadounidenses y pagar compras en el exterior están en el origen de una maniobra, reprobable, pero ingeniosa, que parece haber sido descubierta en un caso específico pero que, altas fuentes de la Aduana Nacional que conduce Guillermo Michel, no descartan que existan una serie de casos que comenzarán a salir a la luz en los próximos días.

Cristina Kirchner apuntó contra el "alquiler de cautelares" para importaciones

Un reto de CFK a la Aduana

Detrás de las críticas de la vicepresidenta también podría anotarse un reto a la dirección de la Aduana. Un Estado ausente no es exactamente lo mismo que un Estado bobo.

Y el propio Michel debió reconocer que "el organismo debe evitar maniobras por las cuales algunos importadores consigan dólares engañando al Estado y perjudicando a la industria nacional".

Motivo por el cuál, el reemplazante de Silvia Traverso desde el 1 de Julio pasado, reclamó a la jueza que, habiendo burlado su decisión judicial, se avance en la posibilidad de abrir un sumario en el fuero penal económico por el delito de estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en una causa federal.

De esta manera, la maniobra de la empresa denunciada, Yoko S.A., que, a través de sus directores, decidió alquilar la cautelar que había obtenido en sede judicial para importar, a la firma Tropea S.A., para que ésta última pudiera adquirir carteras de origen chino, se convertirá en una causa testigo que intente desmitificar que el Estado no es bobo y podría ser el primer antecedente de futuros casos similares.

El modus operandi descubierto

Herramientas informáticas no le faltan a la AFIP ni a la Aduana para monitorear todas las operaciones sensibles de las personas físicas y jurídicas que actúan en nuestro país. En el caso de la Aduana cuentan con el SIMI.

El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) "es un instrumento que tiene por objeto establecer un procedimiento administrativo sencillo, ágil y transparente que permite monitorear las importaciones y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de seguridad básicas de los productos importados", según expresa el gobierno en su página oficial, argentina.gob.ar

Pero, en concreto, las marcas netamente importadoras deben rezar para que se flexibilicen las SIMI que funcionan como las viejas Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), instrumento utilizado en el país entre el 1 de febrero de 2012 y 2015 y que suscitó numerosas polémicas en las relaciones comerciales a nivel regional y dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los agentes aduaneros confirmaron que las maniobras contables de la compañía Yoko S.A. realizaron una operación de importación, sin la validación del sistema SIMI ni la declaración jurada correspondiente, que fue transferida a la firma Tropea S.A. 

Yoko S.A. había obtenido autorizaciones judiciales, a través de medidas cautelares, para importar mercadería sin el requisito del SIMI, de manera tal que le "cedió" estas autorizaciones a Tropea S.A. para permitirles ingresar carteras desde China, salteándose el mismo requisito.

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Alquiler de cautelares: detalles de la maniobra

El procedimiento por el que Yoko S.A. logró una medida judicial a su favor se produce de manera usual en los juzgados administrativos. Ante la obligatoriedad de realizar una declaración jurada para importar bienes que no están incluidos en el régimen de licencias no automáticas, procedimiento administrativo por el cual se requiere de la presentación de una solicitud como una condición previa para efectuar la importación de la mercadería alcanzada, una empresa acude a la Justicia y reclama por sus derechos vulnerados. 

El juzgado suele considerar la medida estatal como arbitraria y otorga medidas cautelares provisorias que permite liberar las mercaderías para poder importar sin trámite alguno. Además, el juez obliga a las autoridades del Banco Central a girarle dólares para el pago a valor oficial.

Hay casos en los que las firmas consiguen que la justicia les prorrogue la validez de la cautelar en varias oportunidades. Y, por cada una de ellas, amplía la cantidad de operaciones por las que reclama protección y divisas. 

La estafa a este procedimiento se produce cuando otra firma, importadora de bienes, no posee una medida cautelar judicial pero precisa liberar una SIMI, o sea una autorización de la AFIP, para acceder al Sistema de Monitoreo de importaciones. 

Para ello, acuerda con la empresa que posee el amparo judicial y utiliza su SIMI, alquilándola a un determinado valor. Un ardid que parece haber sido utilizado reiteradas veces según voceros aduaneros y cuyo valor, hasta esta semana en que se descubrió el escándalo, radica en que suele pasar inadvertida para el fisco y el Banco Central. 

Un negocio que podría involucrar un porcentaje alto del monto total de divisas que suele liberar el Banco Central por disposiciones judiciales. Durante el año pasado, con muchas restricciones por la pandemia de Covid-19, se fueron cerca de 1.000 millones dólares.

Michel reconoce que "el organismo debe evitar maniobras por las cuales algunos importadores consigan dólares engañando al Estado"

Paso a paso del caso testigo

1. El 28 de marzo de 2022, Yoko S.A. demandó a la secretaría de Industria dependiente del Miniterio de Producción y a la AFIP para liberar varias SIMI, entre ellas, la de la marca Bagcherry, que fabrica productos de marroquinería.
2. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°8, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, otorgó la cautelar a favor de Yoko S.A. explicando que "la demora en el ingreso de la mercadería es arbitraria e irrazonable y constituye una barrera para-arancelaria".  Con estos argumentos, la jueza amplió la cautelar en reiteradas ocasiones, ampliando autorizaciones sin validar en el SIMI.
3. Entre estas autorizaciones, los funcionarios aduaneros, descubrieron la "cesión" de una de ellas a la firma Tropea S.A. por un monto superior de importación de 200.000 dólares.
4. La Aduana descubrió un documento de Tropea S.A. autorizando a los directivos de Yoko S.A. a "realizar cualquier gestión aduanera relacionada con la AFIP" por el término de un mes.
5. De esta manera, Yoko simuló estar autorizada para comercializar la marca Tropea, únicamente, entre el 21 de Junio y el 21 de Julio del corriente año. Precisamente, el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la SIMI cuya autorización fue extendida a Yoko S.A.
6. Los investigadores concluyeron que Yoko le alquiló la cautelar a Tropea para que, ésta última, pueda conseguir su mercadería importada desde China. "Yoko funcionó como una usina de SIMI" según relató un agente aduanero.