Expectativa por el tratamiento de la ley contra lavado de dinero
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La Cámara alta trató en Comisión, sin emitir dictamen, el proyecto de ley sobre la penalización de asociaciones ilícitas terroristas y su financiación. De esta manera se ataca el lavado de activos que nutre a las organizaciones.
El proyecto se trató esta tarde en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Seguridad Interior y Narcotráfico y Economía nacional e Inversión.
La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo nacional responde a cumplir con obligaciones internacionales asumidas para fortalecer la lucha contra el terrorismo internacional y, en particular, contra las diversas formas de su financiación.
Desde el año 2000, la Argentina ha ingresado como Miembro Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero (FATF - GAFI) y del Grupo de Acción Financiero de Sudamérica (GAFISUD) lo que obliga a cumplir con las recomendaciones para atacar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El proyecto debería convertirse en Ley en los próximos 30 días para cumplir con los compromisos asumidos ante las Naciones Unidas. De manera contraria el GAFI podrá aplicar sanciones que van desde comunicar a sus países miembros que las operaciones originadas en el país pueden no ser confiables hasta expulsar a la Argentina del organismo.
El proyecto expresa que "ha decidido participar de manera activa en el proceso de estandarización normativa e institucional que promueven los
organismos que representan a la comunidad internacional".
Como complemento se señala que "se debe establecer en el ordenamiento juridico nacional un tipo penal destinado a sancionar con penas graves las conductas de recolección y provisión de fondos destinados a la realización de actividades terroristas"
La iniciativa contempla en sus puntos centrales:
- Dar precisión al concepto de terrorismo a través de la figura de una asociación ilícita calificada.
- Incriminar la financiación del terrorismo, ya sea a la asociación ilícita o a uno de sus miembros.
En materia de penas se prevé de 5 a 15 años de reclusión o prisión para las conductas de financiación con independencia del acaecimiento del delito, pero si se llega ai menos al comienzo de su ejecución, o incluso a su consumación, rige entonces la escala penal agravada.
También se prevén multas que van de 2 a 10 veces el valor de los bienes o dinero aportado a la asociación ilícita terrorista.
Hernán Gilardo
hgilardo@infobae.com