Piden mayores incentivos fiscales para el sector hotelero

Hoy finalizó el "IV Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico 2007", que se llevó a cabo Mar del Plata, organizado a fin de debatir sobre los temas impositivos y previsionales y su incidencia en el desarrollo de la actividad.

Durante la mañana se profundizó el análisis sobre los incentivos fiscales para la hotelerí­a y la gastronomí­a con las conferencias de Raúl Baglini quien dió el "marco polí­tico para los incentivos fiscales"; de Humberto Bertazza quien disertó sobre la"fiscalidad de las pyme" y de Agustí­n Monteverde con un "análisis del impacto económico de un eventual plan de incentivos fiscales", tal como publica el sitio Hostnews.A continuación, se leyeron las conclusiones que pueden resumirse en los siguientes recomendaciones:

• Debe establecerse un régimen tributario especial para las pyme que implique menor presión tributaria y mayor simplicidad.
• Debe establecerse un régimen de incentivos tributarios para la gastronomí­a y la hotelerí­a, para la promoción de las inversiones, la contratación de personal y el mejoramiento de la oferta turí­stica, la cual no necesariamente genera un sacrificio fiscal.
• La polí­tica de fiscalización de los organismos de recaudación no debe ser una carga para la empresa formal y en cambio debe contribuir a combatir la competencia desleal.
• Hay que buscar un sistema de complementación tributaria entre el nivel provincial y municipal, de manera que no se superpongan los gravámenes de ambos ordenes y se simplifique el cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes.
• La ubicación de la actividad hotelera y gastronómica como "servicios" en el impuesto sobre los Ingresos Brutos redunda en una carga excesiva que desalienta al sector, máxime cuando existe una incidencia económica muy alta del impuesto inmobiliario por las caracterí­sticas de estas explotaciones.
• Deben modificarse los parámetros utilizados en el Impuesto Inmobiliario respecto a la valuación fiscal y/o la alí­cuota del tributo, ya que no puede ponderarse la carga de la misma manera que si se tratase de residencias particulares.
• La Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene no puede ser una duplicación del impuesto sobre los Ingresos Brutos; ni la de Alumbrado, Barrido y Limpieza una duplicación del impuesto inmobiliario. Deben estar en función de los servicios prestados efectivamente por los municipios.
• Es conveniente que los gravámenes municipales tengan homogeneidad en todo el territorio provincial, de manera que no alteren la situación del contribuyente por el lugar de situación de su actividad y tengan una vigencia estable para un mayor conocimiento de las obligaciones y mayor seguridad jurí­dica para las empresas privadas.
• Debe reformularse la Ley de Coparticipación Federal de modo que los fiscos provinciales y municipales perciban sus partidas correspondientes y no precisen recurrir a tributos que no son legí­timos.

Polí­tica fiscalDentro del mismo coloquio los jueces cuestionaron la polí­tica fiscal llevada adelante por el actual subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya. En particular, el juez Luis Arias cuestionó a sus superiores de la Cámara Contenciosa Administrativa de La Plata, al sostener que los fallos del tribunal de segunda instancia responden al afán "recaudatorio" del gobierno provincial.

El juez disparó con munición gruesa al sostener que la Cámara Contenciosa Administrativa de La Plata está "integrada por ex asesores del poder polí­tico provincial y municipal" y que sus fallos la convierten en "un anexo recaudatorio provincial". "Los jueces jugamos un triste papel debido a la jurisprudencia de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata, integrada por ex asesores del poder polí­tico provincial y municipal, que fallan a favor de la administración. A mí­ me revocan el 95% de las decisiones que tomo a favor de los contribuyentes", indicó Arias."Toda esta polí­tica judicial de medidas cautelares -embargos-, que están pensadas para prevenir y asegurar el pago cuando haya una sentencia, se han convertido en una extorsión mediante la cual se pretende forzar al contribuyente a la firma de un convenio de pago", acotó Arias, sumando de esta forma a la Subsecretarí­a de Ingresos Públicos a sus crí­ticas. "Rentas saca tí­tulos ejecutivos masivamente y esto genera una verdadera industria del juicio de la que se benefician los apoderados elegidos por la Fiscalí­a de Estado y los abogados de Rentas, que lo reparten a forma de sobresueldo", se quejó Arias.