La Justicia uruguaya plantea modificar el secreto bancario

A fin de reforzar el control sobre las operaciones de lavado de dinero, Jorge Ruibal Pino, ministro de la Suprema Corte de Justicia uruguaya se mostró partidario de realizar algunas correcciones al secreto bancario que permitan un combate más eficiente de las operaciones delictivas.

Las apreciaciones de Ruibal Pino fueron efectuadas el lunes pasado en la Comisión Especial de Lavado de Activos y Crimen Organizado del Senado uruguayo. Durante la reunión, el miembro del máximo tribunal puntualizó: "Me refiero al secreto bancario, porque habrí­a que ver qué alcance le vamos a dar y hasta dónde vamos a llegar si queremos encarar una protección de Uruguay contra este tipo de problemas. Ahora el dinero entra igual que como el agua se va entre las manos: por cualquier lado y de cualquier forma".

Según Ruibal Pino, en declaraciones publicadas por La República, "tal vez habrí­a que analizarlo de manera que, como consecuencia de un determinado nivel de operaciones sospechosas, la Unidad de Investigación del Banco Central uruguayo, previa autorización preliminar del juez pudiera pasar por arriba de ese secreto, lo que se podrí­a hacer con poco más de lo que esta ley tiene".

Tribunales especiales
Por otra parte, Ruibal Pino sostuvo que un grupo de trabajo "concluyó que todaví­a no habí­a número suficiente de delitos de ese tipo como para crear juzgados especiales; además, si se creaban por transformación se podí­a afectar el funcionamiento de los juzgados penales, ya que actualmente éstos están trabajando casi al máximo de su capacidad y, si se sacaran jueces penales para transformarlos sólo en jueces de lavado de dinero -o de delitos económicos, como estaba planteado anteriormente-, los juzgados penales tenderí­an a colapsar".

"La opinión de la Suprema Corte de Justicia uruguaya es que hoy no están dadas las condiciones para crear juzgados o fiscalí­as exclusivamente de lavado de dinero", advirtió Ruibal Pino.

Como complemento señaló que "el máximo Tribunal estima que si se van a crear juzgados especializados que éstos tengan que ver no sólo con todo ese tipo de delitos económicos, sino, por ejemplo, con casos vinculados con el terrorismo y el tráfico de armas".

En Argentina
Tal como revela un reciente informe emitido por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) el 2007 presenta un fuerte crecimiento en las denuncias por lavado de dinero.

Tanto las presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como la reestructuración del organismo contralor nacional bajo una conducción unipersonal potencian el control sobre las operaciones sospechosas.

Los cambios mencionados dan como resultado que en los primeros nueve meses del 2007 se denunciaron 666 posibles casos de lavado de dinero. Esta cifra representa el 90% de todas los casos elevados durante 2006.

Las investigaciones se disparan a través de los llamados Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que emiten auditores, bancos y escribanos, entre otros. Se tratan de personas y entidades obligadas a informar a la UIF las supuestas transacciones donde detectan riesgos de lavado de activos.

Desde noviembre de 2002 –comienzo de la aplicación de la ley antilavado- hasta septiembre pasado se reportaron 2.851 casos, de los cuales el 89% se encuentra bajo investigación. Sólo 322 casos fueron resueltos.