Lavado de dinero: aumentan los controles a nivel mundial

Tanto en la Argentina como en el resto del mundo, los Gobiernos y sus respectivos organismos fiscales extreman las medidas para evitar operaciones de lavado de dinero.

En especial, se busca reforzar el control en el sector inmobiliario, ya que la compra de propiedades en efectivo es una transacción muy común a la hora de blanquear fondos provenientes, de por ejemplo, el narcotráfico.

En perspectiva, los expertos consideran que la Argentina está casi totalmente alineada a la normativa internacional y que sólo debe acortar el tiempo de demora para que prosperen en la Justicia las denuncias por operaciones sospechosas efectuadas ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Con respecto al contexto internacional, Uruguay busca modificar el secreto bancario. Como primer paso, disminuyó el monto a partir del cual las personas que operen en casas de cambios o bancos deben identificarse.

En tanto, México tiene bajo la lupa las transacciones que involucran a cerca de 1.000 inmuebles que se encuentran en diversas zonas del país relacionados con una importante red de lavado de dinero.

Argentina
En nuestro país, tal como revela un reciente informe emitido por la UIF, el año 2007 presenta un fuerte crecimiento en las denuncias por lavado de dinero.

Debido a las presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como la reestructuración del organismo contralor nacional bajo una conducción unipersonal, se potenció el control sobre las operaciones sospechosas.

Los cambios mencionados dan como resultado que en los primeros nueve meses del 2007 se denunciaron 666 posibles casos de lavado de dinero. Esta cifra representa el 90% de todas los casos elevados durante 2006.

Las investigaciones se disparan a través de los llamados Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que emiten auditores, bancos y escribanos, entre otros. Se tratan de personas y entidades obligadas a informar a la UIF las supuestas transacciones donde detectan riesgos de lavado de activos.

En diálogo con infobaeprofesional.com, la titular de la UIF, Rosa Falduto, explicó qué el escenario a futuro plantea un accionar más intenso en materia de investigaciones.

No sólo reabrieron causas anteriores a 2007, que se iniciaron antes de que Falduto asumiera la conducción del organismo, sino que "habrán nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas", aseguró la funcionaria.

De hecho, agregó, que "ya están revisando la normativa vigente tanto para ajustarla a los requerimientos del exterior -del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI)- como para incorporar emisores de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), informes que constituyen los pilares a la hora de disparar investigaciones".

Por el momento, Falduto remarcó que no puede develar quiénes serán los nuevos obligados. No obstante, dejó entrever las intenciones de la entidad: "Estamos llevando a cabo reuniones con distintos organismos. En cuanto a sociedades, las reuniones son con la IGJ. También apuntamos a bienes registrables con el fin de investigar las operaciones de lavado de dinero. Ya existen tratativas con los Registros de la Propiedad Inmueble y el Registro Nacional de la Propiedad Automotor".

A fin de complementar el análisis, Guillermo Rezával, socio de BDO Becher señaló que "Argentina está casi totalmente alineada a la normativa internacional, sobre todo con la reciente introducción en la normativa de fondo que extiende el alcance a través de la incorporación de la figura de la asociación ilícita terrorista y su financiamiento en el Código Penal".

A su vez, Rezával expresó que "el punto mas débil sigue siendo el tiempo de demora para que prosperen las denuncias que recibe periódicamente la
UIF en su tránsito hacia la Justicia".

Inmuebles
De visita en la Argentina, Kenneth Rijock, un ex blanqueador de dinero que estuvo preso por esa actividad, advirtió que la Argentina debe poner mano dura para combatir este flagelo, especialmente en el sector inmobiliario.

En este sentido, remarcó que existe un foco crítico en el mercado: "Particularmente, en cuanto a los negocios inmobiliarios en la Argentina, sucede que se puede utilizar efectivo, lo cual está prohibido en la mayoría de los países. Desafortunadamente, los dealers llevan importantes sumas de dinero, no llevan cheques, vienen y hacen una inversión. Entonces, en la Argentina, se configura un target, una oportunidad para ellos".

Esto ocurre, por ejemplo, cuando las partes acuerdan pagar un determinado monto en efectivo de la transacción y allí no hay salida, a pesar de los controles que impone la normativa vigente.

"Si una de las partes abre la forma de pago de la transacción usando efectivo puede ofrecer una ventaja desde el ángulo del delincuente. Si un lavador de dinero trata de vender un inmueble no va a buscar negociar, sino que elige pagar el monto pedido con el sólo propósito de cometer ese delito, y el vendedor va a estar contento porque logra cerrar la operación a un alto valor, sin pedir mayores requisitos", agregó Rijock.

Contexto Internacional
En Uruguay, Jorge Ruibal Pino, ministro de la Suprema Corte de Justicia, se mostró partidario de realizar algunas correcciones al secreto bancario que permitan un combate más eficiente de las operaciones delictivas.

El miembro del máximo tribunal puntualizó: "Me refiero al secreto bancario, porque habría que ver qué alcance le vamos a dar y hasta dónde vamos a llegar si queremos encarar una protección de Uruguay contra este tipo de problemas. Ahora el dinero entra igual que como el agua se va entre las manos: por cualquier lado y de cualquier forma".

Según Ruibal Pino, "tal vez habría que analizarlo de manera que, como consecuencia de un determinado nivel de operaciones sospechosas, la Unidad de Investigación del Banco Central uruguayo, previa autorización preliminar del juez pudiera pasar por arriba de ese secreto, lo que se podría hacer con poco más de lo que esta ley tiene".

Como un paso hacia las modificaciones, desde enero de 2008 toda persona que opere con más de tres mil dólares en las casas de cambio de monedas o bancos uruguayos deberá identificarse, en tanto, el funcionario que la atienda llenará una documento con nombre, domicilio y el origen del dinero de la operación.

La nueva reglamentación ha bajado de diez mil a tres mil dólares la exigencia para identificar al cliente. Ricardo Gil Iribarne, titular del Centro de Capacitación y Previsión del Lavado de Activos, dijo que su oficina pidió en abril pasado que se bajase a mil dólares el tope para cambiar moneda sin registrar al cliente, pero por petición de los bancos el nivel se estableció en tres mil dólares.

Respecto a países más alejados, la Procuraduría General de la República de México investiga más de mil inmuebles que se encuentran en diversas zonas del país relacionados con una importante red de lavado de dinero.

De acuerdo a lo publicado por La Jornada de México, tanto la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, como otras áreas de la PGR, realizan, en coordinación con otras autoridades, una amplia investigación para detectar movimientos financieros, y la adquisición de inmuebles a fin de blanquear fondos provenientes del narcotráfico.

A fin de reforzar el control, en el reciente seminario de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM), autoridades financieras anticiparon que aumentarán las acciones para prevenir este ilícito e incluso se trabaja en obligar a los escribanos, vendedores de joyas, contadores públicos y empresas inmobiliarias a informar a los organismos financieros operaciones relevantes o sospechosas de ocultar el manejo de ganancias ilegales.

En México no existen estimaciones oficiales sobre el lavado de dinero en el sistema financiero, aunque cálculos privados y de organismos internacionales sitúan la cifra en torno a los 25 mil millones de dólares anuales.