La situación en la que se encuentra el mercado laboral en Argentina no es nada alentador, especialmente tras la crisis cambiaria que comenzó en abril de 2018.

Esta situación se confirmó luego de las cifras dadas a conocer por el INDEC hace solo unos días, en donde muestra que el índice de desempleo llegó a 10,1% en el primer trimestre de 2019. La medición superó los dos dígitos por primera vez en 14 años, y ascendió además al número más alto alcanzado en lo que va de la gestión de Mauricio Macri.

Un análisis más cercano muestra que si bien la tasa de empleo no tuvo grandes cambios, la calidad del empleo sufrió un fuerte retroceso. En comparación con las cifras del primer trimestre de 2018, los 143.000 empleos nuevos se dieron en puestos precarios.

El documento estadístico "Heterogeneidad y fragmentaciones del mercado del trabajo", de la Encuesta de la Deuda Social Argentina del Observatorio de la UCA, refleja esa realidad: en base a datos relevados en 2018, el estudio muestra que entre los trabajadores ocupados, el sector del trabajo informal ascendió al 49,3% impulsado por los años de devaluación de la moneda, aumento de la inflación y la recesión económica.

Desde la UCA explican a Perfil que los datos del informe reflejan una "fragmentación" socio-ocupacional, con una estrecha asociación entre el escenario laboral predominante y la pobreza, lo que impacta en las condiciones y calidad de vida de los hogares.

Si bien el Gobierno mira con preocupación las cifras respecto al empleo, entiende que se trata de una situación estructural en la que hay que trabajar, y ratifica la importancia de estabilizar la macroeconomía para poder eventualmente generar empleo de calidad.

De acuerdo al relevamiento, sólo el 44,1% de los trabajadores activos (se denomina así a quienes tienen y buscan empleo en Argentina) tienen un empleo pleno de derechos, es decir en blanco y con aportes. El 55,9 % restante tiene un empleo precario, o está en situación de desempleo.

"Esto significa que menos de uno de cada dos trabajadores tiene un empleo de calidad", resumió Santiago Poy -sociólogo, doctor en Ciencias Sociales y uno de los autores del informe del Observatorio de la UCA. Sin embargo, el especialista desestimó "un empeoramiento significativo" durante 2018, y aclaró que se trata de un aspecto estructural del país que se ve a lo largo de los años.

El documento expone además que los años de devaluaciones, con aceleración del proceso inflacionario y recesión económica, incrementaron las ocupaciones en el sector micro-informal. En ese sentido, se detalla que si se tiene en cuenta los trabajadores ocupados, la mitad de ellos (el 49,3%) trabaja en establecimientos de muy baja productividad o de pequeños tamaños, (de hasta cinco trabajadores), o bien en el autoempleo: servicio doméstico, o actividades de baja calificación que se realizan por cuenta propia.

Eso explica en gran medida la alta incidencia del empleo precario: el 81,7% de los trabajadores del sector micro informal tenían en 2018 un empleo precario o un subempleo inestable. Casi ocho de cada diez del 49,3% total (un 75,9%) no tiene aportes jubilatorios, y la mitad no cuenta con cobertura de salud en una nómina de contribución (un 51,3%). Esta "fragmentación" del mercado laboral entre empleo pleno y empleo precario se traslada e indefectiblemente impacta en las condiciones de vida en los hogares de las familias.

"Si se considera el acceso de todos los miembros activos de un hogar al empleo, se ve que casi 4 de cada 10 de esos hogares (38,7%) en la Argentina urbana están excluidos de los empleos plenos y sólo disponen de trabajadores precarios o en situación de desocupación", dijo a Perfil el especialista en pobreza, desigualdad y mercados laborales.

En aquellos hogares en los que todos los trabajadores tienen empleos precarios y/o se encuentran desocupados, además, el informe muestra que tienen un ingreso total familiar que resulta 40% inferior al promedio, mientras que aquellos en que todos tienen empleos plenos, el ingreso es un 19% mayor al promedio.

Daniel Schteingart, doctor en Sociología e investigador de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), analizó que desde principios de 2015 hasta la actualidad se ve una tendencia hacia la precarización en el mercado laboral. "El empleo de calidad en relación de dependencia está perdiendo peso a manos del empleo en negro y el empleo cuentapropista. El empleo cuentapropista es en sí mismo heterogéneo: un 70, o 75% es informal y de subsistencia, y hay apenas un 25, 30% que es de alta calificación, por ejemplo un programador que trabaja en su casa", expuso a Perfil.

Respecto al contexto económico que incide en esta configuración del mercado laboral, el sociólogo opinó que "cuando hay recesión o una caída de la actividad económica las empresas despiden gente, o no contratan. El empleo de calidad es lo que más se resiente durante esos periodos", sostuvo. ¿Qué medidas pueden amortiguar esto? "El Estado, que puede generar empleo de calidad. El tema es que el Gobierno no está apelando al empleo público por estar en el marco del ajuste fiscal", amplió el especialista.

Entre 2011 y 2015, señaló Schteingart, el empleo perdió dinamismo en el sector privado y parte de los expulsados fue amortiguado por el sector público, que funcionó como "empleador" de cobertura, lo que disimuló la situación de deterioro. Casi cuatro años después, "el sector público ya no absorbe eso, el sector privado expulsa más trabajadores de lo que pasaba durante el segundo mandato de Cristina, y lo que ocurre es que al ser un momento de crisis lo que aumenta es el empleo de supervivencia, empleo informal y cuentapropista. Son estrategias de rebusque en contexto de crisis y están muy lejos de ser lo deseable", interpretó el investigador de la UNMET.

Desde el Ministerio de Producción y Trabajo que dirige Dante Sica manejan las cifras de la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que elabora el INDEC, y que arrojó en el primer trimestre del año que un 35% de trabajadores tienen empleo en negro, y hay unos 4,5 millones de trabajadores informales. "Es una cifra en la que hay que trabajar y una situación estructural que tiene Argentina, por eso es de suma importancia incorporar a este sector a la economía formal para que puedan acceder a la cobertura de salud y a la seguridad social que todo trabajador tiene que tener", dijeron desde esa cartera.

En esa línea destacaron también la importancia del proyecto de ley de blanqueo laboral, que se presentó en el Congreso y quedó sin tratamiento en una de las comisiones. Para Santiago Poy, todas las medidas que tiendan a mejorar las condiciones laborales van a ser positivas, pero argumentó que "no alcanza" con un blanqueo laboral.

"Se requieren además de políticas productivas orientadas a los sectores de economía popular", opinó. Schteingart consideró que es necesario que haya un crecimiento económico para lograr una mejora del panorama. "Lo importante es poder crecer, es una condición no suficiente, pero sí necesaria", apuntó.