El Gobierno se debate por estas horas cómo seguirá la relación con los acreedores después del martes 4 de agosto. Esa fecha, que en algún momento se pensaba como anecdótica, será clave ya que -por estas horas- fuentes oficiales aseguran que el canje de deuda no será prorrogado. O sea, Alberto Fernández y Martín Guzmán virtualmente estarían tomando la decisión de dar de baja la operación ante la "intransigencia" de los grande fondos de Wall Street. El Gobierno, si se confirma que no le dará más tiempo a los bonistas, podría llegar a retirar la oferta ante la Comisión Nacional de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ya que no habrá obtenido la participación mínima requerida para que la operación se ejecute. En caso de que esa sea la decisión final, los abogados que asesoran al país (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) estarían trabajando en el plan B: proponerle a los acreedores un standstill agreement.

Esto es, negociar un acuerdo por el cual se congela el estado de situación de la deuda por un plazo determinado (no más de seis u ocho meses) y en ese lapso el país deja de pagar la deuda (algo que ya estaba haciendo) pero los acreedores se abstienen recurrir a la justicia para cobrar. Una especie de impasse acordado. Eso mismo, pero sin decirlo, lo dejó trascender Guzmán en una entrevista a Página 12 planteó las dos alternativas en danza.

"Esta oferta que muestra un gran esfuerzo para cerrar en ese valor, o que Argentina se mueva más hacia el acuerdo con el FMI y más adelante, dentro de seis u ocho meses aproximadamente, vuelva a hacer un replanteo con los sectores privados", señaló el ministro de Economía. Claro que esa idea, para no profundizar el default en el cual está el país, necesita el visto bueno de los acreedores.

Bancos de inversión creen que BlackRock y el resto de acreedores no aceptarían un standstill

 

Acreedores podrían rechazar invitación

Porque, al final del día, el Gobierno les puede proponer eso pero los bonistas rechazarlo y pedir que el país pague más. Para eso, necesita que los grandes como BlackRock y demás -que tienen 50% de la deuda emitida por Macri y 60% de los bonos K- quieran aceptar eso.

"Por lo general, un standstill es con cash por adelantado porque les estás pidiendo que te esperan para cobrar. En este caso no veo cómo los grupo de bonistas más importantes aceptarían esto cuando la diferencia es mínima y el Gobierno se planta en que más no puede. Creo que sería muy conflictivo y no los veo aceptando", afirmó una fuente de Wall Street que conoce a los acreedores.

Desde otro banco de inversión de Manhattan afirmaron: "no veo a los acreedores firmándole al país un acuerdo de espera, porque si la Argentina se levanta de la mesa de negociación tan cerca, es que no quieren acordar".

"Y si no quieren acordar entonces mejor que los bonistas se pongan a buscar un buen estudio de abogados que los asesore", remató. 

El Gobierno igualmente se juega que a nadie le serviría ir a un juicio largo en los tribunales de Nueva York y que por eso podrían firmar, de mala gana, un standstill. Pero la realidad es que esa alternativa tenía más sentido al inicio de las negociaciones, y con la pandemia empezando a hacer estragos, que cuando hay 3 dólares de diferencia entre lo que piden los inversores y lo que el país dice que puede pagar.

En plata: menos de 200 millones de dólares por año es el costo por acercar la diferencia. Pero tampoco el Gobierno tiene muchas alternativas. El nivel de adhesión sin los 3 grupos unidos de bonistas es muy bajo. Lo único que se conoce es que los inversores locales (que representen menos del 10% del total), aceptaron la oferta y algunos fondos del exterior que ya venían avisando que lo harían como Fintech, Gramercy y Greylock.

El presidente tomó la decisión de no extender ni mejorar la oferta a los bonistas

 

Los números no le dan al Gobierno

Pero con esas adhesiones igualmente el país no llega a los umbrales que se autoimpuso el país para hacer viable la operación.

El Gobierno se planteó distintos escenarios que se deben dar para que la operación se concrete: que acepten la oferta bonistas que tienen más del 66,6% del stock de todos los bonos elegibles del canje, tomados en su conjunto. Además tomando cada Indenture (términos legales con los cuales se emiten los títulos) por separado, se tienen que cumplir una de las siguientes condiciones: (a) aceptación a la oferta bonistas que tienen más del 50% del stock de todos los bonos de ese Indenture ó, (b) la aceptación habilita a Argentina a canjear más del 60% del stock de todos los bonos de ese Indenture (para hacerlo con una aceptación superior al 50% el país debería redesignar series y ejecutar CACs).