La problemática de la inflación se metió de lleno en la campaña electoral. Si bien el Gobierno trata de demostrar una disminución en el porcentaje mensual de junio, en el que fue inferior al 3%, los datos de la realidad demuestran que los precios aumentaron alrededor del 50% en los últimos doce meses.

Uno de los sectores que sufrió las consecuencias de este incremento es de los deudores hipotecarios a través de los créditos atados a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) cuyas cuotas tuvieron un incremento cercano al 100% en los últimos dos años. Si se toman los últimos doce meses, el porcentaje se incrementó en un 55%, casi 20 puntos más que el salario.

Como una manera de buscar la mayor aprobación posible de este sector de cara a las primarias del próximo 11 de agosto, daría a conocer una norma en la que el Estado oficialice que se hará cargo de la diferencia entre el aumento de la cuota y el incremento salarial si esa brecha supera el 10% entre octubre 2018 y diciembre 2019.

 Si bien la medida aún no se oficializó, tanto los deudores como los miembros de la oposición en el Congreso consideran que la medida es "insuficiente" ya que "no ataca el fondo del problema" sino que se trata de un paliativo que abarca cerca de 15 meses. Es decir, en el 2020, los deudores volverían a sufrir un descalce entre la inflación y el aumento salarial.

En este punto, los deudores denuncian que ya hay familias que no pueden solventar el incremento de las cuotas y que comenzaron a recibir notificaciones por las demoras, por lo que la iniciativa gubernamental "no alcanza".

En ese contexto, el antimacrismo trata de reunir la mayor cantidad de voluntades posible para tratar de destrabar el tema en el ámbito legislativo. Es que Cambiemos no convoca a la reunión de la comisión de Finanzas, presidida por el oficialista Eduardo Amadeo, para avanzar con el debate.

A principios de abril, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Felipe Solá, dictaminó un proyecto de ley de emergencia para los beneficiarios de créditos hipotecarios UVA, UVI y Procrear Ahorro Joven.

La propuesta declarara la emergencia para estos deudores por lo que busca proteger la capacidad de pago de los deudores, estipula un plazo de 365 días de suspensión de las ejecuciones hipotecarias y modifica el cálculo de las cuotas.  

Desde un sector importante del oficialismo consideran que si bien la cuota se incrementó, también lo hizo el valor de los inmuebles, medido en pesos, por lo que los ahorristas, en realidad, no perdieron dinero. Además remarcan que la cuota tenderá a morigerarse una vez que baje la inflación y que los deudores poseen un mecanismo para pagar un monto menor extendiendo los plazos.

La idea que manejan algunos asesores de la oposición es la de buscar la manera de convocar a una sesión extraordinaria luego de las PASO y llevar la discusión al recinto.

Qué proyectos esperan a ser tratados

El proyecto que tiene mayoría en la comisión de Vivienda unifica trece iniciativas y propone garantizar el derecho a la vivienda de las personas que accedieron a créditos UVA, UVI y Procrear en aquellos casos en los que créditos hipotecarios hayan sido para la adquisición o reparación de una vivienda única. Se renovará de forma automática, siempre que el coeficiente de estabilización de referencia (CER), supere el coeficiente de variación salarial (CVS).

Ahora, el bloque Justicialista de Diputados calificó como una medida "insuficiente" el anuncio del Gobierno nacional porque considera que "Mauricio Macri llega tarde a cada problemática que alertamos desde el Congreso y sólo está enfocado en la campaña electoral".

"El aumento excesivo de las cuotas y deudas que se ajustan por inflación son un problema muy serio para las familias que destinan un porcentaje cada vez más alto de su salario para afrontar los préstamos hipotecarios y no se soluciona con una medida temporal. Los argentinos se endeudan por los errores del gobierno", sostuvieron desde el bloque presidido por Pablo Kosiner.

Esta iniciativa contempla que el monto de las cuotas de créditos con garantía hipotecaria otorgados en el marco del Pro.Cre.Ar. no podrá superar el 30 % del ingreso familiar de los beneficiarios.

El diputado salteño, impulsor del proyecto del bloque Justicialista, Andrés Zottos expresó que "deberíamos buscar una actualización más equilibrada". Y propuso que "hay que plantear el congelamiento del crédito, porque es un crédito distorsionado".

¿Qué están haciendo los deudores?

Los tomadores de crédito hipotecario a través de la UVA están llevando adelante una estrategia judicial para ponerle un freno a los aumentos. Si bien ya hay amparos presentados se discute qué fuero debe actuar, si el comercial o el federal. También impulsan acciones de clase, en el que una sentencia serviría para proteger a todos los afectados, sin importar si iniciaron acciones legales o no.

En concreto, piden un proyecto de ley que les de "previsibilidad y certeza" y que se ponga un freno al aumento del capital endeudado.

Por lo pronto, además de pedir que se calcule el aumento de cuota en  base al incremento salarial en lugar de la inflación consideran que se debe declarar la emergencia para que aquel que tenga dos o tres cuotas sin pagar no entre en situación de ejecución.

El colectivo Hipotecados de UVA ya emitió un comunicado y ratifica sus reclamos.

"Las familias hipotecadas no somos responsables del descontrol que se viene dando en las variables económicas que rigen nuestros créditos y siempre manifestamos la voluntad de pagar en condiciones justas y coherentes. Las familias accedimos a estos créditos impulsados por el gobierno de Mauricio Macri a través de sueldos promedio y que esta prolongada situación ha deteriorado nuestra salud y calidad de vida", manifestaron en el documento, y agregaron: "Exigimos que el gobierno reconozca el fracaso de este sistema y su responsabilidad, porque es su obligación y consecuencia. Esperamos que las medidas anunciadas sean acordes a las necesidades que las familias tenemos y no sean anuncios paliativos".

Uno de los primeros en salir a cuestionar la decisión gubernamental fue el candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna porque entendió que "el subsidio es mínimo, es de un total de 80 millones de pesos de acá hasta diciembre", lo que es "ridículo porque no resuelve el problema de fondo de los tomadores, que además es un problema nacional e insostenible para muchas familias".

El candidato a presidente de Consenso Federal explicó que su propuesta sobre el crédito para la primera vivienda: "Nosotros venimos insistiendo en ponerle plata en el bolsillo a la gente, y uno de los mecanismos es el de indexar por salario todos los créditos UVA".

Según indicó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el Estado destinará "como máximo" un fondo de 80 millones de pesos para subsidiar a quienes hayan tomado estos créditos y hayan visto a las cuotas subir más que sus salarios. Y dijo que esta partida no aumentará el gasto público dado que se realizará una reasignación de fondos dentro del Presupuesto 2019 votado por el Congreso.

Es decir, el dinero que será depositado en las cajas de ahorro de las personas afectadas estará entre 695 y 800 pesos promedio.