El juez Claudio Bonadio, quien ganó notoriedad por impulsar causas que implican a la expresidenta Cristina Kirchner, ahora investiga la construcción del Paseo del Bajo, una de las obras que en los últimos meses el macrismo quiso presentar como emblemática de su gestión.

En un giro inesperado, Bonadio requirió a la empresa Autopistas Urbanas (AUSA) que presente información sobre el proceso de licitación previo a la construcción del Paseo del Bajo.

El magistrado debe determinar si hubo direccionamiento en la adjudicación de licitaciones, sospecha que proviene de una denuncia realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

La presentación de la PIA apunta a las administraciones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

La empresa IECSA, que era propiedad de Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, fue la beneficiada con la construcción de un tramo de la obra por el que se presupuestaron 4.480 millones de pesos, pero la empresa lo cotizó en 3.183 millones. IECSA luego fue vendida a Marcelo Mindlin, señala Infobae.

Sergio Rodríguez, titular de la PIA, se presentó ante la Justicia para que se investigase la licitación tras una denuncia realizada en su fiscalía por Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

 

El expediente se había asignado, en un principio, al juez Sebastián Casanello. Sin embargo, luego quedó a cargo de Bonadio porque ya había una denuncia similar anterior en su juzgado.

En el escrito fueron señalados Rodríguez Larreta, el ministro de Transporte nacional, Guillermo Dietrich; el ministro de Desarrollo Urbano porteño, Franco Moccia, el presidente y la jefa de Compras de AUSA, Carlos Frugoni y Natalia Bustos, "y demás funcionarios públicos y particulares que resultaren responsables", indica Infobae.

Ya hubo un procedimiento similar en el que se incautó documentación en AUSA, que fue la que organizó la licitación.

Cuando presentó su denuncia, Rodríguez -basado en lo que describió Segura, auditora general porteña y dirigente kirchnerista- puso en dudas el mecanismo por el cual compitieron los consorcios Iecsa – Fontana Nicastro; Roggio – Cartellone – Soletanche Bachy; Corsan – Corviam; y Chediack – Salina Impregilo- Healy.

Según Rodríguez, resulta sospechoso que se haya "alterado la normativa aplicable" para que la empresa que se adjudicara un tramo de la mega obra no pudiera ganar otro tramo del mismo proyecto, aunque presentara la oferta más conveniente para las arcas estatales, "sin soporte racional de ninguna naturaleza", hecho que determinó "la eliminación de -unas de las compañías que ya había ganado un tramo- Corsan-Corviam en la adjudicación del tramo más caro, que fue ganado, de esta forma irregular, por Iecsa".

Para el fiscal debe investigarse la "alteración sustancial de la licitación" mediante circulares "inconsultas" que muestran "una maniobra burda e insólita, sospechosa per se".