Desde 2016 se ordenaron 74 prisiones preventivas sobre ex funcionarios, empresarios y dirigentes políticos en investigaciones de casos de corrupción. Sólo continúan presos ocho, entre ellos, Amado Boudou, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Luis D´Elía.

El kirchnerismo usa el concepto del "lawfare" para referirse a causas judiciales armadas para perseguirlos, algo que el gobernador Axel Kicillof planteó en un decreto al explicar porqué nombraba algunos ex funcionarios procesados en su gabinete.

Los números indican que hace tres años, con el avance de causas por corrupción que tienen como principales imputados a Cristina Kirchner y a gran parte de su ex gabinete, se llegaron a dictar más de 70 prisiones preventivas, señala Clarín.

Sólo en la investigación conocida como los Cuadernos de las Coimas el juez Claudio Bonadio ordenó cerca de 30 detenciones. En el Pacto con Irán, hubo seis prisiones ordenadas, la de la vicepresidenta electa que nunca fue desaforada y por ende, no se concretó. Sumó cinco preventivas dictadas por el mismo magistrado.

El escenario se modificó cuando se sumó la resolución la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal que ordenó la entrada en vigencia los artículos que limitan la aplicación de prisiones preventivas por parte de los jueces. Aunque cada magistrado analizará sus expedientes, sólo podrán detener a sus acusados cuando se hayan agotado otras nueve medidas previas.

Este nuevo criterio buscó "evitar que quede a discrecionalidad de cada juez qué se entiende por obstrucción de la investigación", explicó el camarista Mariano Borinsky al matutino, y se convirtió en la base de un conjunto de resoluciones con las que se ordenaron las excarcelaciones de varios ex funcionarios y empresarios K.

Este nuevo criterio aplicado, deja de lado para algunos juristas la denominada "doctrina Irurzun" en referencia al voto del presidente de la Cámara Federal porteña, que en noviembre de 2017 ordenó la detención de De Vido en la causa de la mina de YCRT.

El camarista habló de considerar "lazos funcionales" tejidos al "amparo del acuerdo criminal" que podían usarse para complicar la causa, junto al faltante de documentación y al "rol preponderante" de De Vido como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Este argumento fue luego citado por algunos jueces para justificar detenciones.

Con diferentes argumentos desde agosto, el número de detenidos se redujo, pero algunos siguen presos y sobre todo luego de la victoria del Frente de Todos en la PASO de octubre. Lázaro Báez procesado por lavado de dinero, no obtuvo su excarcelación. La Justicia consideró que aún representa un riesgo para la causa que está en juicio, pese a que la Casación ordenó liberarlo. Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín (abogado y contador del empresario) y Martín Báez, por ello igual seguirán presos.

Situación diferentes es la de Amado Boudou (Ciccone), Ricardo Jaime (Tragedia de Once), José López (la causa de los bolsos) y Luis D´Elía (toma de la comisaría), quienes se encuentran cumpliendo condena con confirmación de la Cámara Casación.