Alberto Fernández decidió aprovechar la efeméride del día de la independencia nacional para volver a ser el del discurso de asunción del 10 de diciembre, el que hablaba de dar por superada la grieta y dejar de fomentar la división entre argentinos. Pero su intento tuvo un resultado dispar, en una jornada caracterizada por la protesta.

Para el Presidente, fue una fecha patria plagada de señales y gestos de acercamiento. Desde su discurso en el cual criticó a los "odiadores seriales" hasta el cariñoso trato de "amigo" a Horacio Rodríguez Larreta, pasando por la invitación a dirigentes de las cámaras empresariales que compartieron con el Presidente chocolate y pastelitos, todo apuntó a restañar heridas.

Pero el objetivo fundamental era el campo. Fernández se convenció de que cometió un error estratégico con el anuncio de la expropiación de Vicentin, y se fijó como meta "deconstruir" la imagen de un mandatario indiferente a los problemas del interior rural.

La efeméride no podía ser mejor, porque para el 9 de julio habían sido convocadas nuevas manifestaciones en repudio de lo que los productores rurales interpretan como un intento gubernamental de avanzar contra la propiedad privada.

Gestos entre el IFE y el puerto de Timbúes

El clima de reconciliación había empezado a prepararse los días anteriores. Para empezar, el gobierno, dando marcha atrás en un anuncio previo, decidió confirmar la vigencia del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para todo el país.

La posibilidad de que esa ayuda fuera recortada a las provincias que ya estuvieran en la fase flexible de la cuarentena –es decir, todas menos Capital, Buenos Aires, Chaco y Neuquén- provocó alarma entre los gobernadores, que hicieron gestiones para que se revisara la medida.

Ese recorte afectaría particularmente a Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta y Mendoza, que concentran un 30% del monto total que el Estado destina a la ayuda a los desocupados y trabajadores informales. El Presidente había destacado –el día que se anunció la nueva fase de la cuarentena- que correspondía suspender la ayuda porque, en realidad, desde un inicio había sido concebida como una medida excepcional, sólo justificada por la cuarentena.

Sin embargo, la marcha atrás fue anunciada por el propio Alberto desde Olivos en su conferencia con los gobernadores, que le agradecieron el gesto.

Y no fue el único "ablande" en la jornada previa al 9 de julio. Antes, el mandatario había acompañado virtualmente el acto de inauguración de un nuevo puerto de exportación agrícola en Timbúes, la localidad en la cual Vicentin tiene su mayor planta procesadora.

En términos estrictos, no fue una inauguración propiamente dicha, porque la obra no está terminada, sino una recorrida del gobernador santafesino, Omar Perotti, que en las últimas semanas se ocupó de la negociación por Vicentin para ayudar al Presidente a superar la crisis política.

Perotti supervisó las obras junto las autoridades de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), precisamente uno de los jugadores que encabezan la lista de acreedores de Vicentin y que podrían transformarse en accionistas de la "nueva" cerealera que intenta reformular el gobernador.

El nuevo puerto, que implicó una inversión de u$s143 millones, tiene una capacidad de almacenamiento de 200.000 toneladas distribuida en 31 silos, una capacidad de descarga de 70 camiones por hora, y espacio para alojar a mil camiones en un predio de 10 hectáreas. En suma, una ampliación de la capacidad exportadora, un hecho que fue profusamente elogiado por el Presidente.

"Es un buen momento para la Argentina porque estamos dando un paso en favor de la producción y del desarrollo, y esa es la única Argentina que concibo, la Argentina que invierte, la Argentina que produce, que se desarrolla", dijo Alberto. Que, por otra parte, se definió como "un enorme admirador de la economía cooperativista porque es una forma muy genuina de desarrollo capitalista, un modo de desarrollo que permite asociar a productores y tener un destino común en ese acto de asociación".

El discurso del mandatario hizo énfasis, además, en la necesidad de promover la producción del norte del país y la utilización de la hidrovía para que esa producción pudiera salir a través del río Paraná.

En definitiva, un mensaje lleno de elogios que apuntó a la conciliación y se alejó del discurso que en las semanas previas había estado alentando el aparato mediático K, que trazaron una caracterización de los exportadores como una corporación que hacía jugadas especulativas –por ejemplo, al retener grano sin exportar- con el objetivo de imponerle al Gobierno una devaluación de la moneda.

El Presidente no sólo no hizo insinuaciones de ese tipo, sino que ni siquiera mencionó el tema Vicentin.

Pero claro, el de la cerealera es uno de esos temas que, aunque no se los mencione, están sobrevolando todo el tiempo. Era inevitable que su fantasma volviera a sobrevolar el día de la independencia.

Un "banderazo" con acusaciones cruzadas

El clima, en realidad, ya estaba caldeado en el interior por la ola de atentados a la propiedad de productores rurales. Los más de 70 ataques por rotura de silobolsas, más los incendios intencionales de cosechas y forrajes -sin que las autoridades hayan mostrado una reacción contundente a los pedidos de intervención de las agremiaciones rurales- ya habían predispuesto a quienes convocaron al "banderazo" de protesta.

La jornada de protesta del 9 de Julio evidenció la vigencia de la "grieta"

El antecedente del 20 de junio, cuando se produjo la primera manifestación nacional masiva de repudio a la expropiación de Vicentin, era motivo como para entusiasmar a los opositores del Gobierno. Y eso motivó que las protestas se hicieran en nombre de una variopinta lista de reclamos, entre las cuales figuraban el rechazo a la cuarentena estricta, el repudio a la liberación de Lázaro Báez y, una vez más, la denuncia sobre un avasallamiento a la propiedad privada.

"Nos solidarizamos con los comerciantes que se están fundiendo, mientras el presidente se empeña en una cuarentena insostenible, con los productores que sufren violencia ante la inacción de las autoridades, y con los jubilados que, tras una vida de aportes, ven sus ingresos recortados por decreto", afirmaba uno de los documentos de la convocatoria.

Y, en particular, destacó la adhesión de las agremiaciones como la Sociedad Rural, que manifestó en un comunicado su "férrea posición en defensa del derecho a la libertad, a la propiedad privada y a la independencia de la justicia hasta sus últimas consecuencias, que compartimos con las entidades que conforman la Comisión de Enlace y con el sector empresario en general, aunque manteniéndonos siempre ajenos a todo enfrentamiento partidario".

"Nos solidarizamos, por lo tanto, con los ciudadanos que han salido valientemente a defender los mencionados derechos y garantías", agregó.

No fue una jornada exenta de polémica para el sector empresarial agrícola, porque hubo reproches al titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, por haber acompañado a Alberto Fernández en el acto oficial de Olivos, una actitud que algunos colegas consideraron contradictoria con el clima de protesta que se estaba fomentando en el campo.

De hecho, uno de los más influyentes dirigentes, Mario Llambías, que durante el conflicto por la resolución 125 ocupaba la presidencia de la CRA, dejó en evidencia una fisura entre sectores duros y los dialoguistas. "Como uno de los iniciadores de la Comisión de Enlace debo expresarles que hoy se ha terminado de destruir esa unidad basada en ideales de país, en la defensa de los productores, por la división de poderes, por el federalismo y en definitiva la Republica", escribió Llambías.

Vicentin, más lejos del "relato"

Tal vez la prueba de lo difícil que le resulta a Alberto Fernández cerrar la grieta con el campo estuvo dada, también, por la propia actitud de los medios K, que le reprochan una actitud blanda. Mientras el Presidente intentaba recomponer la relación con los productores, promocionaban la "contraprotesta" en ciudades del interior donde sí se apoyaba la expropiación de Vicentin.

Como si fuera poco, los medios K hasta llegaron a poner en tela de juicio la gravedad y hasta la propia existencia de hechos de violencia contra los productores como las roturas de silobolsas o los incendios intencionales.

Los ataques a silobolsas calentaron el clima previo al "banderazo" de protesta en el campo

Y mientras tanto, la cruzada por la estatización de Vicentin parece cada vez más lejos de tomar cuerpo para la militancia kirchnerista. Según informan medios santafesinos, la ACA –justamente, el jugador que intenta seducir el Presidente- volvió a firmar acuerdos con Vicentin, por un monto de u$s3 millones. Pese a ser su acreedor, la cooperativa cerró un trato para la recepción de granos para la elevación a buques y otro para el procesamiento de porotos de soja.

Además, la cerealera en default retomó tratativas comerciales con Oleaginosa Moreno, Díaz & Forti SA, Unión Agrícola de Avellaneda y Oleaginosa San Lorenzo.

Como para empeorar la situación de quienes se ilusionaban con la estatización, se conoció un informe de la sindicatura a cargo de la convocatoria de acreedores de Vicentin, que afirma que en los meses posteriores al pedido de concurso, la empresa reformuló su esquema de negocios y hace una proyección positiva en el flujo de fondos.

"La sociedad no solo ha conseguido seguir gestionando sus operaciones sino que se ha observado un alto grado de cumplimiento de sus obligaciones laborales", indica el escrito, presentado ante el Juzgado Civil y Comercial de la 2º Nominación con asiento en Reconquista.

Tras una readecuación de sus actividades, que incluye el alquiler de instalaciones a terceros, se mejoró el ingreso de caja, al punto que los síndicos prevén que en el período julio-noviembre de este año haya un flujo positivo por más de u$s2 millones, y la tendencia favorable podría extenderse al primer trimestre de 2021.