Cristóbal López y su socio, Fabián De Sousa, se encuentran preparando una millonaria demanda contra el Estado nacional por los supuestos daños y perjuicios económicos mediante la cual reclamarían una indemnización superior a los u$s2.000 millones.

La denuncia se basará en la "persecución" que ambos habrían sufrido durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando perdieron la petrolera Oil Combustibles y fueron enviados a prisión acusados de haber cometido varios delitos fiscales como defraudación, malversación de fondos y evasión tributaria, entre otros.

Tanto López como De Sousa fueron enviados a la cárcel en diciembre del 2017 por el juez Julián Ercolini, tras haberlos procesados por defraudación al Estado en el marco de una denuncia que había presentado la AFIP que por esos años comandó Alberto Abad por supuesto desvío para otras compañías del Grupo Indalo de lo recaudado por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) por una suma que originalmente alcanzó los $8.000 millones.

La denuncia derivó en una importante causa con ramificaciones en varios juzgados, tanto comerciales como federales, y abrió un proceso de quiebra de la compañía cuyos principales activos fueron entregados a la petrolera estatal YPF y a DAPSA a cambio del pago de u$s80 millones tras un dudoso proceso de valuación encarado por los síndicos de la empresa.

Es decir, por tres abogados sin experiencia ni idoneidad profesional para valuar activos y que, según una denuncia de los ex dueños de Indalo, copiaron el dictamen a semejanza del libro de valuaciones de la década del 80.

Esto, a pesar de que durante la gestión de López y De Sousa se recibió una oferta para vender Oil en u$s350 millones de parte de un grupo ruso que no fue tenida en cuenta por el entonces juez de la causa, Javier Cosentino.

En octubre del 2019, López y De Sousa fueron puestos en libertad por el ex juez Claudio Bonadío, quien había abierto una investigación paralela por la presunta participación de los dos empresarios en la llamada Causa de los Cuadernos. El fallecido magistrado le impuso una fianza de $60 millones a cada uno y ordenó sus liberaciones.

Además, en la causa principal se había producido un cambio sustancial en la situación de ambos como consecuencia de un fallo que resolvió que la maniobra que se les adjudicaba y que había motivado las detenciones en realidad no existió.

Se los sobreseyó de la acusación de haber vendido acciones de Indalo en un supuesto intento por obstruir la labor de la Justicia que los había inhibido, maniobra que fue investigada por la jueza María Eugenia Capuchetti.

En la actualidad, López y De Sousa siguen siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal 3 en un juicio oral y público acusados de retener el ITC que, por las medidas sanitarias para combatir el coronavirus, se encuentra suspendido.

En ese contexto, iProfesional pudo saber que el proceso judicial contra el Estado apuntará al ex presidente Mauricio Macri; al ex titular de la AFIP, Alberto Abad; al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña y a otros ex funcionarios de la administración de Cambiemos como Mario quintana.

También, por la complicidad de los abogados Ricardo Gil Lavedra y Fabián "Pepino" Rodríguez Simón, abogado personal de Macri y autor de las jugadas más audaces del macrismo en materia judicial.

Según la denuncia, López y De Sousa fueron víctimas de una persecución organizada por Macri y ejecutada por Abad para obligarlos a vender Indalo, llevar a la quiebra a Oil Combustibles y enviarlos a la cárcel.

Aseguran que de la maniobra participaron ex funcionarios de la AFIP y también de la AFI y de la llamada "mesa judicial" del macrismo para causar profundos daños económicos al Grupo Indalo y terminar con López y De Sousa condenados.

En el caso de la AFI, se sospecha que tanto López como De Sousa también fueron parte de las "escuchas" que el organismo de inteligencia habría realizado en el anterior gobierno de Cambiemos.

Dicha maniobra habría servido para que el juez Cosentino y los interventores de la quiebra de Oil Combustibles recibieran informes de inteligencia para confrontar con los gerentes de las empresas de Indalo que visitaban a los empresarios en la cárcel.

Por eso, los empresarios consideran como "una gran fábula" el plan del ex presidente a partir del cual se armó la causa judicial, al punto de sentirse molestos por la demora que la cuarentena generará en el proceso y en el fallo que consideran será favorable para ambos empresarios.

Para López, quedó al descubierto "el plan orquestado para ponerlos tras las rejas de manera ilegal y quitarles su patrimonio"

Plan

Todos los hechos, dicen en el entorno de Indalo, demuestran la inexistencia de delito y ponen al descubierto el plan orquestado para ponerlos tras las rejas de manera ilegal y quitarles todo su patrimonio a partir de forzar la quiebra de Oil Combustibles, la empresa insignia y accionista mayoritaria del Grupo Indalo.

Pero también para perjudicar a otras empresas del holding cmo la constructora CPC, los medios de comunicación o el banco Finansur que terminó perdiendo la licencia y debió solicitar su quiebra.

"Durante cinco años me cagaron la vida y las empresas, y me tuvieron preso dos años y medio de manera ilegal, ahora quiero que los responsables paguen por sus actos", habría dicho uno de los dos empresarios a sus allegados más íntimos para justificar la millonaria demanda contra el Estado.

Es más, en una presentación ante la justicia, De Sousa asegura que todas estas acciones "han tenido como objetivo, y lo han logrado sobradamente, destruir mi honor, el de mi familia y el valor de las empresas que fueron, y siguen siendo, el resultado de toda una vida de trabajo".

Junto con su socio, está convencido de que la persecución ordenada por Macri no se debió a razones personales sino a la cercanía de ambos a un modelo de país diferente planteado por el peronismo que no encuadraba en la visión clasista de la sociedad del ex presidente. Castigando a López y De Sousa, Macri enviaba un mensaje a quienes se oponían a su modelo de país, dicen en el entorno de Indalo. La demanda será contra el Estado nacional porque entienden que Macri, Peña y Abad actuaron en representación del poder público emanado del resultado de las elecciones del 2015.

Si bien se habla de un reclamo indemnizatorio de u$s2.000 millones, la cifra podría ser mayor, una vez que los abogados del grupo terminen de evaluar el supuesto daño económico que ambos empresarios habrían sufrido por esta maniobra judicial.

Los abogados hacen referencia a un cúmulo de importantes evidencias que probarían este plan orquestado por el macrismo.

Como ejemplo, hacen referencia a la presentación de Abad que, durante el juicio oral prefirió no declarar sosteniendo argumentando un derecho constitucional pero dejando en evidencia que se encuentra complicado por una denuncia en su contra por haber modificado normas y resoluciones históricas de la AFIP con el sólo objetivo de perjudicar a López y De Sousa y forzar la quiebra de Oil Combustibles.

Aseguran que sin esas nuevas interpretaciones de resoluciones con respecto a la liquidación del impuesto a los combustibles, la AFIP podría haber recaudado casi $9.000 millones como pagos de Oil Combustibles y tendría otros $1.100 millones pendientes de cobro, solamente de capital y sin contar los intereses.

Hubo, aseguran, normas y actos administrativos directamente redactadas contra Indalo. Dictámenes que, sin el debido respaldo de las áreas específicas de la AFIP, se tomaron para forzar la desaparición de Oil Combustibles.

Recuerdan también que el 5 de agosto del 2016, Abad recibió de parte de Indalo un plan para pagar la deuda de Oil. Le ofrecieron cancelar un 33% dentro de los 30 días de aprobado el acuerdo y el 67% restante en cinco cuotas iguales, semestrales y consecutivas.

Para poder cumplir con ese compromiso, Indalo anticipaba la venta de tres de sus empresas en el marco de negociaciones que, en ese momento, se encontraban avanzadas y que iban a permitir la obtención de los fondos necesarios para financiar la deuda de Oil Combustibles con la AFIP.

De haberse aceptado, el ente fiscal hubiese terminado de cobrar todo en el 2018, mientras que ahora todavía no recibió un solo peso en el marco del proceso de quiebra de la petrolera.

Esta propuesta fue recibida por el abogado Marcelo Haissiner, una suerte de socio de Ricardo Gil Lavedra, el letrado contratado de manera externa por la AFIP para avanzar en la querella por un supuesto delito penal en el marco del otorgamiento de los planes.

Sin embargo, los dueños de Indalo nunca recibieron una respuesta de parte del ente fiscal "porque no querían cobrar, sino meterlos presos, robarles las empresas y obligarlos a quebrar", acusan desde el entorno de López y De Sousa donde también recuerdan que los empresarios invirtieron u$s800 millones en una petrolera que la justicia, a pedido del gobierno de Macri, terminó vendiendo a YPF en u$s80 millones.

De hecho, aseguran que la petrolera estatal sirvió como "fronting para que empresarios amigos de Macri se quedaran con parte de los activos de Oil. Como ejemplo, recuerdan que varias estaciones de servicio fueron cedidas a la empresa Gulf, que estaría vinculada a ex integrantes de la Jefatura de Gabinete del gobierno de Cambiemos a través de un fondo llamado Delta radicado en Paraguay para no pagar impuestos.

Según los datos de las fuentes consultadas por iProfesional, YPF le habría vendido 130 estaciones de servicio en u$20 millones, mientras que transfiere a DAPSA el resto de los locales. En el caso de la refinería y el puerto que Oil controlaba en la localidad santafesina de San Lorenzo, se encontrarían actualmente sin operar y en un estado casi total de abandono.

Recuperar Oil

La denuncia será paralela al reclamo de López y De Sousa para recuperar Oil Combustibles ante la jueza Valeria Pérez Casado, que lleva el proceso de quiebra de la petrolera.

Lo hicieron mediante el uso de una herramienta judicial llamada "Avenimiento" con la que buscan recuperar el control sobre la petrolera a partir del levantamiento de la quiebra de la petrolera y la devolución de sus actividades.

Mediante esta figura judicial buscan alcanzar con la AFIP y los principales acreedores de Oil Combustibles un acuerdo de pago de la deuda para poner fin a la causa.

La idea de López y De Sousa se basa en que en la quiebra de Oil Combustibles se ha dictado el auto de verificación de los créditos y que no se concretó la última venta de activos, ya que no fueron liquidadas las participaciones accionarias que la petrolera posee en el paquete de control de varias empresas como South Media Investment; Oil M&S; Petrolera Cerro Negro; CPC; Urbanizadora GEA y Alcalis de la Patagonia.

Pero el punto más importante se centra en alcanzar un acuerdo con la AFIP que contemple los intereses del ente recaudador y respete los derechos de los contribuyentes.

En este marco, los abogados de ambos empresarios vienen presentando desde diciembre del año pasado ante el ente que dirige Mercedes Marcó del Pont documentación tendiente a esclarecer la situación de Oil Combustibles, su conducta fiscal y la persecución de que fuera objeto como base para negociar el avenimiento.

La propuesta es el pago del 100% de la deuda verificada, es decir, algo más de $9.500 millones según consta en el expediente. También, negociar con el resto de los acreedores para obtener la conformidad del levantamiento de la quiebra ya que, gracias al avenimiento, todos cobrarán mucho más que "el magro dividendo falencial proyectado" por el síndico de la causa", según se promete en el documento presentado ante la justicia.

Sin embargo, hasta ahora la AFIP no se ha expedido con respecto al pedido ya que solamente existe un pre dictamen del área de Grandes Contribuyentes de la AFIP rechazando el avenimiento en base a las interpretaciones tomadas por el ente recaudador durante la gestión de Abad.

Es decir, por resoluciones que desde Indalo se cuestionan y se rechazan por entender que fueron adoptadas para perjudicar al holding.

En este caso, la opinión de rechazo se fundamenta en que un empresario con alguna causa judicial o llamado a indagatoria no puede recibir un plan de avenimiento o de pagos de la AFIP.

Desde el grupo argumentan que se trata de una manifestación que va en contra de la postura tradicional del organismo que respetaba el derecho constitucional de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, interpretación que fue cambiada en el 2016 por orden de Abad.

Teniendo en cuenta esta situación, los abogados de Indalo presentaron una apelación contra esa pre opinión y un descargo ante la jueza a cargo de la quiebra de Oil Combustibles para lograr un dictamen final de parte de la AFIP sobre el avenimiento.

Pero la feria judicial demoró los plazos, además de que la jueza Pérez Casado le solicitó a la AFIP la carpeta original presentada con el reclamo monetario del ente recaudador por tener dudas sobre el monto final. Ese documento aún no fue entregado a la magistrada por lo que la aprobación del avenimiento sigue pendiente.