Las medidas adoptadas por el Gobierno para congelar los precios de los alimentos por lo menos hasta febrero del año próximo están generando una reconversión de los planes de venta de los productores a los hipermercados.

Uno de los principales cambios que se está empezando a evidenciar tiene que ver con los descuentos que los fabricantes hacen a las cadenas para poder sostener los agresivos descuentos que se ofrecen a los consumidores.

Es decir, los tradicionales 80% de descuento en la segunda unidad o la venta tres artículos al precio de dos, entre otras.

Estas propuestas están contenidas en los llamados acuerdos troncales y también incluyen descuentos por exhibición en diferentes lugares de las góndolas o en los surtidos que las cadenas de supermercados descuentan de la factura a la hora de pagar a las empresas proveedoras.

La diferencia se traslada luego a sostener los programas de descuentos que, de esta forma, son mayormente financiados por el aporte de los productores y los comercios en porcentajes que habitualmente dependen de una serie de variantes como, por ejemplo, la rotación del producto o el volumen de venta.

En este proceso también participan los bancos emisores de tarjetas de crédito y débito que se utilizan para financiar las compras de los clientes, también de acuerdo a una serie de variables negociadas con las cadenas y fabricantes.

Si bien hasta ahora los supermercados e hipermercados siguen promocionando los descuentos, las empresas proveedoras comenzaron a bajarse de las iniciativas por no poder soportar el costo de financiamiento que esos planes suponen en un escenario de precios que no pueden actualizarse por orden del Gobierno.

Las alimenticias quieren dejar de financiar los descuentos que los súper ofrecen a los consumidores

Precios Máximos, el foco del conflicto

La crítica más fuerte se centra en Precios Máximos que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y que hace unas semanas fue extendido hasta fines de enero del 2021.

Si bien la cartera que dirige Matías Kulfas adelantó que el programa oficial será discontinuado de manera paulatina para evitar posibles aumentos inmediatos, las empresas alimenticias siguen cuestionando el sistema que fue creado en el marco del combate oficial contra la pandemia del Covid-19 y que obligó a retrotraer los precios de más de 2300 productos a los que tenían el 6 de marzo pasado.

Durante estos ocho meses de vigencia, el programa solamente permitió dos subas de entre 2% y 4% de promedio para ciertos artículos. Y ahora impulsa la salida del plan de los productos que tienen "una moderada relevancia en la satisfacción de las necesidades básicas de los consumidores".

De hecho desde la Secretaría de Comercio Interior se viene trabajando en un mecanismo para desarticular el programa de manera "gradual" para que no tenga un gran impacto en la inflación y con el objetivo de mantener bajo control los precios de los productos de la canasta básica y los más representativos del consumo popular, y retirar los más costosos, de menor necesidad o que tengan "un mayor grado de sustituibilidad".

Como parte de esta estrategia se piensa en reforzar Precios Cuidados con una migración de un centenar de productos de los 2.300 que incluye Precios Máximos entre los que se destacan, arroz integral, aceite de maíz, conservas de pescado (excepto atún y caballa) chocolates, café en saquitos y cápsulas, vegetales congelados, bebidas energizantes, cosméticos, espumantes, bebidas blancas, vinos, licores y whiskys.

Con esta medida se prevé un aumento de los productos que fueron excluidos pero que las empresas argumentan que dichos retoques están lejos de permitirles recuperar puntos perdidos a partir de los aumentos de costos que vienen soportando en el mismo período y que les marca un retraso superior al 40% acumulado entre marzo y noviembre.

De hecho, algunas de las principales alimenticias del país ya han evidenciado las consecuencias de estas políticas de congelamiento en sus balances como el caso de Mastellone que, entre enero y septiembre pasado perdió $1785 millones y que acusó de esta situación al congelamiento de precios dispuesto por el Gobierno.

La dueña de la marca La Serenísima tiene todos sus productos en Precios Máximos y si bien consiguió una mejora del 3% en julio pasado y otro 2% en septiembre, sus ejecutivos consideran ambas subas como insuficientes frente a un incremento de costos en lo que va del año superior al 40%.

La crítica más fuerte se centra en Precios Máximos que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo

Pero no se trata de la única alimenticia que atribuye su pérdida al congelamiento de precios si se tiene en cuenta que en mayo pasado también Molinos Río de la Plata informó que en el primer trimestre del año tuvo una pérdida neta de $114 millones por "la imposibilidad de trasladar los aumentos de costos a los precios de su cartera de productos".

Ahora, al no poder recortar esas diferencias y como manera de evitar nuevos balances en rojo es que las empresas están reformulando las negociaciones con cadenas como Carrefour, Walmart, Coto o Jumbo, que hasta ahora pueden mantener los programas de descuento por contar con stock suficiente para llegar a mitad de diciembre, según suponen en la industria.

Luego, es más que probable que si no llegan a nuevos acuerdos deban discontinuar las ofertas en un mes sensible para el consumo si se tienen en cuenta el pago del aguinaldo y la inminencia de las fiestas de Navidad y fin de año, entre otros factores.

Fuentes de ambos sectores admitieron ante iProfesional que las relaciones entre alimenticias y supermercados se encuentran "tirantes" y que el panorama no parece mejorar en un futuro cercano.

"Las cadenas están haciendo un ajuste de stock para poder sostener los descuentos estirando los días que puedan pero si no vuelven a comprar una vez que se les acabe la mercadería no van a poder seguir con esas agresivas ofertas", aseguran en una de las productoras alimenticias líderes del mercado.

La única posibilidad que permita un cambio de expectativa se basa en que el Gobierno permita subas que recompongan los márgenes de las empresas productoras ya que de lo contrario se reducirán cada vez más los acuerdos troncales por surtido, exhibición, distribución, incorporación rápida de nuevos productos, espacio en góndola, punteras o exhibiciones especiales.

No se trata de un aspecto poco relevante si se tiene en cuenta que estas negociaciones se traducen en 15 a 25 puntos para los supermercados durante un año que es el plazo habitual de duración de estos acuerdos troncales.

"Esperamos poder resolver estos problemas porque no los hemos causado nosotros sino las políticas del Gobierno", aseguran desde uno de los grupos supermeradistas más importantes del país.

La respuesta de los productores es continuar con la emisión de notas de crédito al no poder aumentar las listas de precios, lo cual reduce las diferencias en los precios que las cadenas venían pagando a sus habituales proveedores.