En tan solo una semana, el Gobierno protagonizó dos fuertes choques con el empresariado. El primer encontronazo fue con el grupo Techint por los despidos efectuados en vistas de la extensión de la cuarentena. Y el último estalló por estas horas con el intento fallido de las autoridades de controlar los recursos del sistema privado de salud frente al inminente inicio del pico de contagios de coronavirus.

Aunque los motivos son diferentes en cada caso, los dos conflictos sacaron a la luz un problema en común: el enojo de los hombres de negocios por el manejo de la crisis sanitaria, una disputa que revela tensiones en torno al rol del Estado y el rumbo de la política económica.

En el caso de la salud, lo que detonó la última pelea fueron las señales de caos detectadas en la compra de insumos y la escasez de recursos. Frente a ese cuadro preocupante, el ministro del área, Ginés González García, anunció el miércoles en una videoconferencia con diputados un proyecto de decreto para declarar la salud de interés público y disponer de amplias facultades para intervenir el sector.

El objetivo era centralizar las camas, respiradores y todo tipo de prestaciones, siguiendo el ejemplo de países que son tomados como referencia, sobre todo Irlanda -que puso los recursos privados a disposición estatal-, España y Francia. Pero la fuerte reacción de los empresarios de la salud privada y las aparentes fisuras dentro del Gobierno habrían hecho retroceder al ministro.

Así, lo que parecía encaminar el sistema hacia un modelo de mayor control estatal sobre los privados, adoptó finalmente la forma de una mesa de coordinación, cuya primera reunión será el próximo sábado. González García lo confirmó este jueves en la reunión que mantuvo con los representantes de la Unión de Entidades Argentinas (UAS), encabezada por Claudio Belocopitt.

"El ministro nos ha manifestado que nunca estuvo en estudio la apropiación de los establecimientos privados, ni la distribución de pacientes. El funcionario reafirmó que sólo desea que el Ministerio ejerza el poder de rectoría para coordinar –por jurisdiscción- los recursos disponibles", afirmó Gabriel Barbagallo, Secretario de la UAS.

El nuevo esquema apunta a centralizar la información y la organización de los recursos mediante un monitoreo diario en una mesa de la que ahora participarán los empresarios. Un cambio respecto del mecanismo adoptado hasta ahora bajo la emergencia sanitaria, que implicó la concentración de las decisiones en un comité de expertos y la creación de un Comité Operativo de Emergencia junto a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Allí es donde se espera el mayor foco de contagio.

"La mesa se está empezando a estructurar para pasar recursos del sector privado tanto en camas críticas como en ambulancias y se va a analizar en cada distrito", explicó a este medio José Sánchez, titular de la Federación de Emergencias Médicas.

Gestos de rebeldía en el sector privado

La incógnita es si el compromiso provisorio será suficiente para formar un comando unificado, como pretendía el ministro de Salud, y disipar las tensiones inevitables con el sector privado. Por estas horas, uno de los puntos sensibles es la cantidad disponible de camas. Ginés asegura que hoy el sistema cuenta con 8.000 de terapia intensiva con instrumentación, 3.500 en el sector público y 4.500 en el privado. Su idea es sumar otras 2.000 y alcanzar un total de 10.000.

Hace unas semanas, la cartera le pidió datos sobre disponibilidad a las clínicas y sanatorios particulares, pero los empresarios respondieron que tenían un 80% de las camas ocupadas y que necesitaban un cambio en los protocolos para poder liberarlas. 

El pedido encabezado por Belocopitt apuntó a las disposiciones del Ministerio de Salud. En sintonía con la OMS, la autoridad sanitaria recomienda que a todos los pacientes sospechosos se les realice aislamiento en centros hospitalarios. "Esto implica la internación, hasta que los resultados de laboratorio confirmen o descarten el diagnóstico. En los casos confirmados se mantendrá el aislamiento hasta que el paciente se encuentre asintomático", señala la página web del gobierno.

Los privados, en cambio, insisten en que se los autorice a derivar los sospechosos fuera del sistema hospitalario y otorgar las camas críticas a los pacientes graves. La presión surtió efecto en la Ciudad, donde el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta aprobó un protocolo a medida hace una semana.

Esas señales de rebelión llevaron el martes al equipo de Ginés a embarcarse en el DNU. "Todas las camas del sector privado van a entrar en un pool único regulado por sistema nacional y por delegación en los sistemas provinciales y van a estar disponibilidad de la epidemia, según dictamine autoridad sanitaria", había asegurado el martes el viceministro de Salud, Arnaldo Medina, en una reunión presencial con los gremios de salud.

El funcionario ya se los había anticipado en dos reuniones previas, pero esta vez les aseguró que el decreto estaba en la secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra. Una versión que ayer desmintieron en esa área y cerca de la Presidencia. "No hay nada acá", dijeron.

Ginés se topó con otras dificultades en el camino. Los especialistas de su cartera reconocen que enfrentan un "drama mundial" por el faltante de insumos. "Tenemos dos semáforos rojos: los respiradores y los equipos de protección personal", admiten. Por caso, Alberto Fernández todavía no recibió una respuesta de su par chino al pedido de una donación de 1.500 respiradores.

Y a nivel local, la mayor fabricante puede producir solo 90 por semana y ya tenía 3.700 pedidos de privados y del exterior. Por ello, el ministro decidió concentrar la compra en el Estado nacional, lo que paralizó las entregas que esperaban en clínicas y sanatorios privados. La idea ahora es que se produzcan 250 por semana, un volumen que seguiría siendo escaso.

Tampoco es fácil conseguir los equipos de protección personal. En los últimos días, el Gobierno licitó 54 millones de camisolines, junto a 30.000 hisopos y 2,2 millones de guantes descartables.

Los resultados fueron calamitosos: sobre el primer lote evitaron dar cifras y ya le pidieron al Ministerio de Producción que tome cartas en el asunto para que la industria textil se ponga a fabricarlos.

En los otros dos rubros, en tanto, se obtuvieron 5.000 y 600.000 unidades en cada caso, el 16% y el 27% de lo necesario. Los hisopos son claves para realizar los test de detección del virus y los guantes son muy demandados. Para tener una idea, un paciente utiliza 50 por día, por lo que la compra realizada alcanzaría para cubrir solo un día de atención de los 1.250 casos de coronavirus registrados este jueves.

"La pulseada del Estado y el mercado"

Todo ese escenario de restricciones agravó las tensiones con el sector privado y llevó a un endurecimiento del Ministerio de Salud, ante la percepción de un acaparamiento de las compras por parte de las empresas de medicina prepaga y la resistencia a disponer de camas para pacientes del sector público, una posibilidad que genera rechazo entre los empresarios por temor a generar un conflicto con sus propios afiliados.

"Algunas prepagas privadas compraron respiradores, alcohol en gel, recursos esenciales para demanda de sus afiliados, y el Gobierno resolvió centralizarlo desde el Estado para que todo esté disponible, regularlo y no dejarlo a la libertad de mercado, y se empezó a discutir hasta dónde iba ese control, como por ejemplo las camas", señalaron fuentes del sector.

Los tironeos empezaron de hecho antes de la cuarentena. Ya en ese entonces el sector había elevado un arsenal de demandas al Ministerio de Trabajo que incluía la eximición de impuestos, la rebaja de cargas patronales, y arancel cero a las importaciones de bienes de capital, junto con la creación de un contrato laboral "especial" para el personal médico.

El Ejecutivo le concedió la mayoría de los reclamos: eliminó por tres meses las cargas patronales del sector, redujo Ingresos Brutos para sanatorios y hospitales, les redujo el Impuesto al Cheque (a créditos y débitos) de 1,4 al 0,8% y eliminó en las últimas horas los derechos de importación a la compra de material, maquinaria e insumos médicos. "Hemos logrado muchas cosas", reconocieron ayer en la UAS.

La marcha atrás en la centralización del sistema, mientras tanto, fue leída como una derrota entre los gremios de salud. "Está muy claro que hubo una presión fenomenal de los poderosos empresarios de la salud para evitar el manejo desde el Estado y terminó en coordinación e incorporación del sector a la mesa de discusión sin avanzar de una manera concreta en la disponibilidad", dijo a este medio Fernando Corsiglia, de la Cicop.

Otras organizaciones salieron a respaldar al Ministerio de Salud. "No buscamos sacar rédito económico alguno, como vemos que sucede con ciertos empresarios de la medicina privada, que en plena crisis se resisten a ganar un poco menos", dijo la Asociación de Médicos de la Actividad Privada.Alberto Fernández se encargó de resaltar el contraste durante una reunión en la que se mostró este jueves junto a su ministro de salu y empresarios que participan de la construcción de 12 hospitales modulares en el conurbano y el resto del país. "Agradezco la generosidad y la solidaridad de los empresarios que se comprometen con la sociedad y con sus trabajadores en este contexto tan difícil", dijo el Presidente.

La foto sirvió para respaldar a Ginés tras los fuertes cuestionamientos que recibió del sector privado. Dentro del oficialismo, igualmente, hubo una lectura optimista de la situación. Lejos de haber sido un "error" de Ginés, algunos opinan que fue una amenaza para arrimar al sector privado. "Les plantearon "pónganse las pilas", colaboren, y si joden les meto el DNU", arriesgaron.