En la siguiente entrevista de iProfesional, Romina Gayá, consultora sobre comercio internacional de servicios e investigadora del IICE-USAL, analiza las consecuencias de la suspensión de la ley de economía del conocimiento, dispuesta por el Gobierno nacional el 16 de enero.

-¿Cuál es tu opinión sobre los cambios anunciados por el Gobierno nacional a la ley de economía del conocimiento?

-Hasta donde sé, no hay ningún anuncio oficial más que la resolución que suspende la reglamentación. Se comenta que se están discutiendo cambios en el alcance sectorial y/o en el tamaño de las empresas beneficiarias, pero hasta que no se conozca el proyecto de ley solo hay incertidumbre.

Desde el punto de vista de las empresas, la "suspensión hasta nuevo aviso" implica que no hay previsibilidad para tomar decisiones. Es decir, no saben cuántos impuestos van a pagar, si van a sufrir o no doble imposición, cuánto les va a costar cada empleado, etc.

Así, no solamente se complican las nuevas inversiones o contratación de personal sino aspectos tan básicos como la posibilidad de presupuestar un trabajo. Las empresas de software contaban con la continuidad del régimen de promoción y en ausencia de ese esquema pueden dejar de ser rentables.

Desde el punto de vista macroeconómico, también es una pésima noticia porque va a afectar negativamente a un sector que genera empleo de calidad (formal, calificado y bien remunerado) y es exportador neto.

En este escenario, no solamente existe el riesgo de que no haya nuevas inversiones ni creación de puestos de trabajo sino también que decidan relocalizarse. Para muchos sectores de la economía del conocimiento -especialmente los servicios- es mucho más sencillo que en otros rubros tomar la decisión de trasladarse a otro país, ya que básicamente no tienen grandes inversiones en capital físico y solo requieren los recursos humanos. Así, es posible que decidan mudar unidades de negocio a destinos más previsibles y con sistemas tributarios más amigables. En el mejor de los casos, mantienen parte del personal de manera remota en la Argentina.

-¿Qué impacto tendría en el sector del software y los servicios informáticos si los cambios en los beneficios estuvieran relacionados con el tamaño de la compañía, ya sea por facturación global, volumen de exportaciones o cantidad de personas empleadas u otras variables?

-En la ley de software había empresas de todos los tamaños. Lógicamente, las compañías más grandes son las que emplean más gente y exportan más, así que quitarles los beneficios podría tener un impacto negativo significativo en términos de empleo, ingreso de divisas y recaudación, especialmente si deciden trasladar sus negocios a cualquiera de todos los países con incentivos para el sector.

-En tu opinión, a una empresa que produce un commodity, ¿se le pueden dar los mismos beneficios que a una compañía que desarrolla una solución de software?

-Más allá de si es razonable o no diferenciar el beneficio según el grado de sofisticación del software exportado, en la práctica es imposible discriminar el grado de valor de cada servicio, así que la aplicación de un régimen así sería inviable.