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Advierten que la vigilancia digital para luchar contra el coronavirus afectaría los derechos humanos

Organizaciones civiles recirdaron que el pasado reciente ha mostrado los gobiernos son reacios a renunciar a los poderes de vigilancia temporales.
02/04/2020 - 10:05hs
Advierten que la vigilancia digital para luchar contra el coronavirus afectaría los derechos humanos

Más de 100 grupos de la sociedad civil firmaron una declaración conjunta que establece las condiciones que deben cumplirse sobre el uso de las tecnologías informáticas de vigilancia para luchar contra la pandemia del coronavirus.

Con los gobiernos de todo el mundo en rápida expansión del uso de la vigilancia digital en un intento de combatir la COVID-19, Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales advirtieron las "estrictas condiciones" que se deben cumplir con los derechos humanos para prevenir la extralimitación de vigilancia.

"La tecnología puede desempeñar un papel importante en el esfuerzo mundial para combatir la COVID-19. Sin embargo, esto no da carta blanca a los gobiernos a ampliar la vigilancia digital. El pasado reciente ha mostrado los gobiernos son reacios a renunciar a los poderes de vigilancia temporales. No hay que caminar dormido en un estado de vigilancia permanente ampliado ahora ", dijo Rasha Abdul Rahim, director adjunto de Amnistía Tech.

"El aumento de la vigilancia digital para hacer frente a esta emergencia de salud pública, sólo se puede utilizar si se cumplen ciertas condiciones estrictas. Las autoridades no pueden simplemente ignorar el derecho a la privacidad y deben garantizar las nuevas medidas tienen sólidas salvaguardias de los derechos humanos. Dondequiera que los gobiernos utilizan el poder de la tecnología como parte de su estrategia para vencer la COVID-19, deben hacerlo de una manera que respete los derechos humanos", afirmó Rahim, en un comunicado enviado a iProfesional.

La declaración se enfoca en la cuestión de la privacidad en el contexto de la pandemia por el coronavirus, sobre el cual iProfesional publicó este informe.

El documento advierte que "las iniciativas de los Estados para contener el virus no deben servir para encubrir el inicio de una nueva era marcada por una enorme expansión de los sistemas de vigilancia digital invasiva".

Las organizaciones instaron a los gobiernos a dar muestra de liderazgo en la gestión de la pandemia "garantizando que el empleo de tecnologías digitales para rastrear y monitorear a personas y poblaciones respeta plenamente los derechos humanos".

"La tecnología puede y debe desempeñar importantes funciones durante este esfuerzo que se está realizando para salvar vidas, como difundir mensajes de salud pública y aumentar el acceso a los servicios de salud", reconocieron las entidades.

No obstante, advirtieron que "el aumento de los poderes de vigilancia digital de los Estados –como tener acceso a los datos de localización de los teléfonos móviles– amenaza la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación de una manera que podría violar derechos y reducir la confianza en las autoridades públicas, con el consiguiente menoscabo de la eficacia de las repuestas de salud pública".

"Tales medidas entrañan también un riesgo de discriminación y pueden perjudicar de manera desproporcionada a comunidades ya marginadas", señala la declaración.

"Vivimos tiempos extraordinarios, pero el derecho de los derechos humanos sigue siendo aplicable. De hecho, el marco de los derechos humanos tiene por objeto garantizar un cuidadoso equilibrio de los distintos derechos para proteger a las personas y las sociedades en general. Los Estados no pueden desatender sin más derechos como la privacidad y la libertad de expresión con el pretexto de gestionar una crisis de salud pública. Al contrario, la protección de los derechos humanos también promueve la salud pública. Ahora más que nunca, los gobiernos deben garantizar estrictamente que toda restricción de estos derechos se ajusta a las salvaguardias de los derechos humanos ya establecidas", afirmaron las organizaciones.

Para las entidades firmantes, la vigilancia digital debe aplicarse si se cumplen las condiciones siguientes:

* Las medidas de vigilancia adoptadas para abordar la pandemia deben ser legales, necesarias y proporcionadas.

* Si los gobiernos amplían los poderes de seguimiento y vigilancia, tales poderes han de ser de duración limitada y prolongarse sólo durante el tiempo necesario para abordar la pandemia actual.

* Los Estados deben garantizar que el aumento de la recopilación, conservación y agregación de datos personales, incluidos los relativos a la salud, tiene como único fin responder a la pandemia de la COVID-19.

* Los gobiernos deben hacer todo lo posible para proteger los datos personales, lo que incluye garantizar la debida seguridad de los datos recopilados y de los dispositivos, aplicaciones, redes o servicios utilizados en su recopilación, transmisión, tratamiento y almacenamiento.

* Todo uso de tecnologías de vigilancia digital en la respuesta a la COVID-19, incluidos los sistemas de inteligencia de datos y artificial, debe tener en cuenta el riesgo de que tales herramientas faciliten la discriminación y otros abusos contra los derechos de las minorías raciales, las personas que viven en la pobreza y las poblaciones marginadas, cuyas necesidades y realidades de vida pueden quedar ocultas o mal representadas en los macroconjuntos de datos.

* Si los gobiernos firman acuerdos para compartir datos con otras entidades públicas o del sector privado, deben hacerlo basándose en la ley, y la existencia de tales acuerdos, así como la información necesaria para evaluar su impacto en la privacidad y los derechos humanos, debe revelarse públicamente, por escrito, con las cláusulas de suspensión y con supervisión pública y otras salvaguardias por defecto.

* Toda respuesta debe incorporar mecanismos de rendición de cuentas y salvaguardias contra el uso indebido.

* Las respuestas a la COVID-19 que contengan medidas de recopilación de datos han de incluir medios de participación libre, activa y significativa de las partes interesadas pertinentes, en particular de especialistas del sector de la salud pública y de los grupos de población más marginados.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Amnistía Internacional, Digital Rights Watch, Fundación Vía Libre (Argentina), la Red en Defensa de los Derechos Digitales, y la 

World Wide Web Foundation.