Luego de una conversación con su vicepresidenta, Alberto Fernández salió a desmentir a los ministros que habían anticipado un descongelamiento de las tarifas a partir de julio próximo.

Fue Cristina Kirchner quien levantó el teléfono para conversar el jueves pasado con el Presidente de la Nación sobre los dichos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, vinculados a que el congelamiento de las boletas de luz y gas no se extendería durante el segundo semestre del año.

Es decir, se habló sobre el artículo de la Ley de Responsabilidad Social y Reactivación Productiva que, en el marco de la emergencia económica, previó que durante 180 días se realizará una revisión y un estudio del nuevo cuadro tarifario.

En los últimos días trascendió la posibilidad de que los servicios de luz, gas, agua y transporte podrían volver a sufrir una suba, cumplido ese plazo, para los sectores de mayores ingresos.

Sin embargo, y según contaron a iProfesional fuentes cercanas a la esposa de Néstor Kirchner, en la charla con el Presidente, Cristina le pidió que haga pública y de manera explícita la intención del Gobierno de mantener esos valores sin cambios, por lo menos, hasta diciembre próximo. No está en los planes de la ex presidenta permitirle mayores ingresos a empresas como Edesur y Edenor, a las que acusa directamente de haberse beneficiado de las políticas económicas de Macri.

Casualidad o no, en la primera aparición pública que tuvo el viernes, Fernández desautorizó a los miembros de su gabinete al sostener que "no tiene en carpeta" un aumento de las tarifas de los servicios públicos. Y aclaró que esa posibilidad solo "es objeto de estudio y revisión".

Se trata de una desautorización que pega directamente en la credibilidad de dos de sus principales colaboradores e integrantes del propio riñón político del Presidente, como son Kulfas y Cafiero. Ellos, tras los dichos de su jefe, ahora se llamaron a silencio y evitaron aclarar lo que días antes habían afirmado con certeza.

Cafiero había sostenido que el congelamiento finalizaba en junio próximo y Kulfas llegó a afirmar que uno de los puntos de acuerdo para renegociar la deuda con el FMI era el descongelamiento de las tarifas. Incluso, deslizó que, de lo contrario, se frenarían millonarias inversiones necesarias para reactivar los servicios y mejorar las cuentas del propio Estado.

"Que nadie se apure. No sé si en junio vamos a estar en condiciones" de incrementar las tarifas, sostuvo Alberto Fernández, en declaraciones a la radio AM 750. Para el Presidente, el ajuste tarifario "es objeto de estudio y revisión para saber quién ganó, cuándo ganó y cuánto pagamos los argentinos. Y después veremos lo que hay que hacer".

De hecho, iProfesional publicó en exclusiva la fórmula que el oficialismo analiza para retocar las facturas y que se vincula con la posibilidad de aplicar tarifas diferenciales, según el poder adquisitivo o la zona donde residan los clientes de las empresas distribuidoras.

Sin embargo, Cristina no quiere saber nada con permitirle a, por ejemplo, Edesur y Edenor recomponer sus ecuaciones financieras hoy en riesgo, precisamente por un congelamiento que, en concreto, comenzó en marzo del año pasado por decisión del anterior gobierno de Cambiemos.

Volver a la falta de inversiones

En el sector se asegura que si las tarifas se mantienen sin cambios durante otros seis meses las distribuidoras dejarán de pagar la electricidad que compran a través de Cammesa y terminarán acumulando una deuda millonaria.

Es decir, se volvería a repetir el escenario de crisis que sufrieron antes del 2015, cuando debieron dejar hasta de encarar inversiones para mantener los servicios en buen estado, se sucedieron los cortes de energía en épocas de mayor demanda y hasta se corrió el riesgo de que alguna de las empresas entrara en default.

Pero desde el cristinismo rechazan estos argumentos y sostienen que parte de la deuda que las distribuidoras ya acumulan con Cammesa tiene que ver con dinero que las empresas retuvieron de los aumentos de tarifas otorgados por el gobierno de Mauricio Macri.

De hecho, existe un documento elaborado por el Instituto Patria, alma mater del kirchnerismo y al que tuvo acceso iProfesional, en donde se detallan las cifras de la deuda que las empresas de servicios públicos tienen con la compañía que administra el llamado Mercado Mayorista Eléctrico, y cuyo 80% del capital está en manos de agentes del mercado mayorista de electricidad, mientras que el 20% restante pertenece al Ministerio de Energía.

De acuerdo con el informe, en diciembre del 2018 se acumulaban $19.500 millones de deuda, mientras que hoy esa cifra ya supera los $48.000 millones. Es decir, un incremento del 127% que hasta duplica la inflación del año pasado, que fue casi del 54%.

El análisis que el sector cristinista del Gobierno hace sobre este informe es que las distribuidoras retuvieron miles de millones de pesos generados por las subas en el precio de la energía permitidas por Cambiemos y que, entonces, no hace falta una revisión tarifaria durante este año.

La postura es coincidente con lo que la propia Cristina pensaba desde el Senado en 2018, cuando presentó un proyecto de ley para suspender por dos años los aumentos en las tarifas para usuarios residenciales, Pymes y cooperativas de trabajo y retrotraer su costo al 1 de enero de 2017.

También proponía crear en el ámbito del Congreso un Comité Nacional de Emergencia Tarifaria con el objetivo de "supervisar, controlar e implementar la ley y alcanzar tarifas justas y razonables, y reparar el descontrol que armó el Gobierno".

La situación de Edesur y Edenor

Lo curioso del documento del Instituto Patria es que no aclara que Edenor y Edesur se encuentran abonando la energía que compran, tal como sí se desprende de un informe de la propia Cammesa en donde no se las nombra y más que nada se hace hincapié en cooperativas y empresas provinciales como las mayores deudoras del sistema.

Según el trabajo oficial, Edesur y Edenor están al día mientras que el grueso de la deuda se acumula en compañías que operan en Misiones, Chubut, Mendoza, Santa Fe, Río Negro, Chaco y en la provincia de Buenos Aires.

Todas controladas por cooperativas eléctricas o empresas estatales que comparten la política del gobierno del Frente de Todos pero que, sin embargo, no honran los compromisos con la empresa que administra el mercado energético argentino.

Algunos casos paradigmáticos se observan en Chaco, donde la cooperativa eléctrica figura como morosa con una deuda de $3.200 millones a pesar de que el año pasado recibió giros de la Nación para que se pusiera al día.

Sin embargo, el caso más notable es el de EMSA, con una deuda mayor a los $8.100 millones. Se trata de la empresa energética de Misiones, provincia natal del actual secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani.

El propio funcionario ocupó el cargo de ministro provincial de Energía en su provincia desde el 2015 hasta el desembarco del Frente de Todos en la Casa Rosada, por lo cual no puede desconocer este dato.

Pero más allá de que actualmente cumplen con los pagos a Cammesa, es de esperar que tanto Edenor como Edesur dejen de hacerlo en los próximos meses si el congelamiento se mantiene, ya que no contarían con ingresos suficientes como para hacer frente a los pagos de la energía y el plan de inversiones.

Por caso, la distribuidora propiedad del grupo italiano Enel ya dejó de facturar $2.900 millones en lo que va del año por el congelamiento. Y, en 2019, debió pedirle cerca de $8.000 millones a su accionista controlante para sostener sus proyectos.

En el caso de la empresa que pertenece a Pampa Energía, el escenario podría ser similar. Es decir, dejaría de pagarle a Cammesa para poder también sostener de manera adecuada sus servicios a pesar de los aumentos de costos y el congelamiento de sus ingresos por otros seis meses.