Más artículos
Insider

Nuevas medidas

La AFIP profundiza las investigaciones por evasión contra las empresas de los cuadernos K

Amplía el número de personal dedicado de manera exclusiva a estudiar los casos en dos grupos que hoy se componen de 20 empleados
Por Andrés Sanguinetti
08.11.2018 13.14hs Insider

Mientras en el ámbito judicial, la causa de los cuadernos sigue avanzando de la mano de medidas que toman el juez Claudio Bonadía, y el fiscal Carlos Stornelli, en el ámbito fiscal también se están profundizando las investigaciones contra por lo menos cuatro de los grupos empresarios involucrados en el mayor escándalo de corrupción de la historia argentina.

Los procedimientos son comandados por la AFIP y tienen que ver con los beneficios que estas compañías lograron para obtener planes especiales de pago de deudas millonarias que mantienen con el fisco y que les fueron otorgados por la anterior administración al mando de Ricardo Echegaray.

Se trata de la aplicación del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Fiscal, que tiene a Cristóbal López y su grupo Indalo como caso testigo del mal uso de este instrumento que antes de dejar su cargo en la AFIP, Alberto Abad decidió congelar su aplicación.

Es que durante el gobierno kirchnerista se otorgaron más de 1.530 planes de pago a medida por un total de $29.800 millones a sociedades y grupos empresarios de todo tipo y tamaño.

Si bien, no se trata de un delito, el actual titular del organismo fiscal, Leandro Cuccioli, determinó que varias de las empresas imputadas en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno había sido también beneficiadas por estos planes de pago. La duda que ahora se investiga es si se trata de compañías que verdaderamente sufrían de dificultades financieras o si utilizaron las bondades de este artículo para defraudar al Estado.

Precisamente, la causa en la que está imputado Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa se asegura que usaron el dinero que no pagaron a la AFIP como contribuciones fiscales y previsionales para incrementar de manera ilícita el patrimonio del Grupo Indalo, con la compra de un centenar de empresas durante por lo menos seis años.

Es más, ya ha quedado comprobado que IECSA, Electroingeniería y Roggio también se acogieron a estos planes de pago especiales durante la gestión de Echegaray quien otorgó de manera discrecional planes de pago de hasta 150 cuotas y con tasas de interés muy bajas para ponerse al día con la AFIP.

Según datos oficiales, entre el 2010 y el 2015 fueron casi 1.800 los planes de este tipo que se dieron a empresas de sectores como los de la construcción, laboratorios, transporte de pasajeros, medios de comunicación y hasta clubes de fútbol.

De este grupo de beneficiarios, hay por lo menos tres que fueron informadas al juez Bonadío por estar señaladas como protagonistas de la causa que investiga la estructura que operó desde el desaparecido Ministerio de Planificación Federal que dirigía Julio De Vido para recaudar fondos ilegales provenientes de las compañías contratistas del Estado.

Ahora, Cuccioli y sus funcionarios intentan descubrir si este procedimiento ilegal fue usado por más empresarios imputados y procesados por Bonadío como partícipes de esta asociación ilícita creada para defraudar al Estado con el pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas para quedarse con millonarias obras de infraestructura.

Cerca del hombre fuerte de la AFIP estiman que podría haber casos en los cuales esas coimas y sobornos se hayan pagado con los planes de pago otorgados al amparo del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Fiscal.

Por eso, el organismo se encuentra trabajando de manera estrecha con el juez Bonadío y el fiscal Stornelli y hasta debió crear dos grupos de trabajo que se dedican de manera exclusiva a la causa de los cuadernos.

Se trata de dos grupos diferentes, uno para investigar a las personas físicas involucradas en el caso de corrupción, y el otro para analizar el comportamiento de las empresas. En total, se trata de 20 funcionarios de la AFIP trabajando de manera full time en satisfacer los requerimientos de la justicia y haciendo cruces d información y datos para detectar posibles delitos vinculados a los sobornos y las coimas.

“Es una causa enorme en la cual hay muchos apellidos importantes involucrados”, aseguran fuentes de la AFIP, organismo que mantiene “en fiscalización” a las empresas que considera sospechosas de haber utilizado esos planes de pago en sobornos. “Están fiscalizadas porque además pudo haber evasión”, agregan los funcionarios.

De hecho, agregan que en los próximos días se sumará más personal a los que ya forman parte de los dos grupos de trabajo que fsicalizan la causa de los cuadernos. “No damos abasto con la información que hay que procesar”, se justifican desde la AFIP al explicar las razones de las nuevas contrataciones en el marco de un proceso judicial que involucra a 41 personas, 13 empresas y 4 grupos económicos.

Tratan también, y en algunos casos ya casi con certezas, de probar si los imputados por Bonadío utilizaron el mecanismo de la emisión de facturas truchas o apófricas para evadir impuestos. De hecho, el juzgado a cargo de Bonadío ya tiene en su poder las declaraciones de bienes de los empresarios imputados, como también los movimientos contables de las compañías involucradas. El objetivo es analizar si los pagos realizados también involucran algún tipo de evasión fiscal o maniobras de lavado de dinero.

Ocurre que, mas allá de la causa de los cuadernos, el uso de facturas apócrifas es considerada la mayor causa de evasión en el país por los propios funcionarios de la AFIP.  En el último año se detectaron 4.000 casos por $78.000 millones provenientes del uso de este tipo de documento para “inventar” gastos y así evadir la contribución impositiva. A modo comparativo, es más de la mitad de lo que el ente fiscal recauda en materia de IVA por año que llega a los $105.000 millones.

Para investigar estas maniobras, en la AFIP utilizan una serie de algoritmos que les permiten detectar operaciones sospechosas y obligar a los involucrados a blanquear las operaciones, además de llevar a los protagonistas ante la justicia.

Si bien, por año se denuncian 1.600 casos de uso de facturas truchas para evadir, solamente 67 son condenados durante ese mismo período, lo cual evidencia la tardanza o el descuido por parte de los jueces para avanzar con mayor decisión y profunidad en estos casos.

Enterate lo último sobre economía digital, startups, fintech, innovación corporativa y blockchain. CLICK AQUÍ