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Del Lava Jato al operativo "limpieza": Odebrecht busca mejorar su imagen en Argentina

El grupo brasileño protagonista del mayor escándalo de corrupción de la región, intenta volver a los negocios de infraestructura y obra pública locales
Por Andrés Sanguinetti
04.07.2019 11.22hs Insider

Mientras en su país de origen avanza con el proceso de reestructuración de una deuda cercana a los u$s13.000 millones, en Argentina la empresa constructora brasileña Odebrecht comenzó un operativo para limpiar su imagen y poder seguir participando de los negocios vinculados con la obra pública.

Se trata del principal actor del llamado Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil que involucra al grupo en el pago de millonarios sobornos y coimas para quedarse con licitaciones organizadas por gobiernos de casi toda América latina, incluyendo varias de sus operaciones en Argentina.

El proceso de "limpieza" de su imagen local es parte de un plan más amplio que comenzó en el país vecino con la apertura de un concurso preventivo de acreedores para reestructurar su deuda, considerada una de las más grandes que se hayan presentado en la historia de Brasil.

Mientras dure esa etapa, tanto Odebrecht como sus subsidiarias continuarán sus operaciones regulares en busca de nuevos contratos y negocios tanto en Brasil como en Argentina y en el resto de los mercados donde opera.

La intención es, por lo menos, sostener su estructura actual, mucho más chica que la que supo tener hace cinco años atrás, cuando comenzó su decadencia luego de descubrirse su participación en el Lava Jato.

Fue en el 2015, año en el que llegó a facturar u$s40.000 millones y dar trabajo a 128.000 empleados, cuando comenzó su decadencia a partir del arresto de Marcelo Odebrecht, nieto del fundador y tercera generación de presidentes del holding, condenado a 19 años de cárcel.

El poderoso empresario fue condenado por haber liderado la trama de corrupción y pago de sobornos para ganar obras públicas que se extendió por cuatro continentes, salpicó a presidentes e involucró a 12 países y provocó la mayor multa jamás emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por u$s3.500 millones.

A partir de ese momento, el poder de Odebrecht se fue desvaneciendo a la par de las causas que se iniciaron en contra del grupo en todos los países donde extendió su trama de corrupción.

Comenzó a perder licitaciones organizadas por los Estados de la región, se le anularon millonarios contratos y fue acumulando una deuda que llegó a los u$s24.500 millones, todo lo cual obligó a sus ejecutivos a tener que admitir los delitos para suavizar las condenas.

También debió poner a la venta activos por u$s8000 millones, de los cuales ya ejecutó la mitad, y declaró que podía pagar u$s2.600 millones del total de la multa impuesta por Estados Unidos donde cotiza su petroquímica Braskem, multada por su parte por unos u$s900 millones.

Y como parte de la nueva estrategia de "supervivencia", Odebrecht comenzó a ordenar también su negocio en Argentina, donde está implicada en varias causas de sobornos y corrupción.

Una es la que investiga la licitación del soterramiento del tren Sarmiento que investiga el fiscal Franco Piccardi y se tramita en el juzgado de Marcelo Martinez de Giorgi. También se habla de supuesto pago de coimas en la adjudicación a Odebrecht de la planta de potabilización de AySA en el río Paraná de las Palmas, y en las obras de los gasoductos del Norte y Sur, entre otras causas.

Si bien desde el Gobierno admiten que el grupo no está prohibido o vedado para seguir participando en futuras licitaciones que organice el Estado nacional, lo cierto es que no ha podido participar de las últimas grandes obras públicas lanzadas por la administración Macri.

De hecho, en el caso del soterramiento del Sarmiento, fue desplazada por orden judicial del control operativo de las obras por orden de la justicia que designó un interventor para manejar las actividades.

En ese marco, el grupo comenzó a encarar reformas en su estructura interna para poder recuperar parte del terreno perdido en Argentina, donde reconoció haber pagado más de u$s35 millones en coimas entre el 2007 y el 2014, bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Ese dinero fue repartido entre ex funcionarios de esa administración kirchnerista e intermediarios que le habrían facilitado la adjudicación de al menos tres proyectos de infraestructura en los cuales obtuvo beneficios cercanos a los u$s300 millones.

Con estos antecedentes y con los varios expedientes judiciales abiertos, de todos modos decidió designar nuevos representantes legales en su filial local con el objetivo de recomponer su imagen frente al resto del mundo corporativo privado local y ante las autoridades oficiales.

La responsabilidad recayó en Paulo Henrique Oliveira Levita y Edgard Abreu Rocha Silva, dos abogados brasileños que acaban de tomar el control de la filial argentina de Odebrecht Engenharia e Construcao Internacional.

Ambos aceptaron los cargos, abrieron una oficina en la calle Humboldt al 2400 del barrio porteño de Palermo y reemplazarán en sus obligaciones a Eduardo Lima de Rozendo Pinto y Paulo Henrique Oliveira Levita, quienes habían sido designados en julio del año pasado y luego de un año fueron removidos de sus puestos.

De manera paralela, el grupo decidió aumentar el capital social de Odebrecht Argentina en $40,8 millones. Hasta ahora, tenía un simbólico capital social de $50.000, con lo cual a partir de ahora se incrementó a $40.85 millones. Con este objetivo, se emitieron la misma cantidad de acciones ordnarias, nominativas, no endosables de $1 de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.

Pero mas allá de estos cambios, los ejecutivos designados también se encuentran ligados al Lava Jato. En el caso de Paulo Henrique Oliveira Levita, fue apoderado de Odebrecht en Panamá, uno de los países estrechamente vinculados al lavado de dinero y blanqueo de capitales.

En cuanto a Edgard Abreu Rocha Silva, participó de varias reuniones que la empresa mantuvo con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y en las que se intentaron cerrar los términos del acuerdo de colaboración que el grupo brasileño presentaría ante la justicia local.

Ya en el 2018, Odebrecht había optado por cambiar a su cúpula en Argentina, tras una asamblea de accionistas celebrada en julio de ese año y luego de la cual fueron despedidos su presidente y vicepresidente. Es decir, Ricardo Vieira y Claudio Medeiros Netto Ribeiro, respectivamente. También fueron separados Arlindo Sergio de Oliveira Facadio y Marcelo Rodolfo Assumpcao Piller, como directores titular y suplente.

En el caso de Vieira, estaba ligado a varias causas que se tramitan en el país contra el holding brasileño por el pago de sobornos a funcionarios locales para hacerse cargo de millonarias obras de infraestructura.

Figura en un documento del fiscal Federico Delgado para ser citado por la justicia con el objetivo de que aporte datos sobre las causas, en especial la que investiga el desarrollo de obras para AySA durante el kirchnerismo.

También está en la mira del juez federal Marcelo Martinez De Giorgi, quien investiga otro de los tres grandes negociados de Odebrecht en la Argentina comno es el soterramiento del tren Sarmiento.

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