El caso de los "cuadernos y las coimas" despertó una serie de manejos y situaciones turbias sobre la política del pasado que hasta ahora no se conocían, pero que podrían ser parte de la trama de cualquier película policial o de suspenso.

La última información llegó de manos de Rorberto Oyarbide, quien denunció que recibió "presiones" para sobreseer al matrimonio de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner por sus inexplicables aumentos de patrimonio desde su llegada al poder.

El juez federal retirado apuntó el miércoles a Javier Fernández, sindicado como supuesto operador judicial del kirchnerismo; y a Antonio Jaime Stiuso, uno de los hombres de Inteligencia más temidos de la Argentina que trabajó para el anterior Gobierno.

Un día después, el jueves, el ex magistrado matizó sus dichos y afirmó que el pedido de Fernández y Stiuso fue de una mayor "celeridad" en el tratamiento de las causa. Sin embargo esto no terminó acá, ya que la Unidad de Información Fiscal -UIF- pidió luego reabrir la causa que cerró el ex magistrado en 2009.

Pero no fue Oyarbide el único juez que en la era K eligió cerrar causas polémicas.

El primero que tomó una decisión similar fue Julián Ercolini quien clausuró la investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner en el período 1994-2003.

Lo hizo después de que el fiscal Eduardo Taiano considerara que el expresidente Néstor Kirchner no merecía ser imputado.

Luego llegó la etapa en la que Oyarbide debió investigarlos. De forma abrupta, consideró que todo estaba en orden. Se trató del período 2007-2008. En esa etapa, el patrimonio neto del matrimonio presidencial pasó de $17.824.941 a 46.036.711 de pesos.

En sus declaraciones juradas, explicaron que el incremento se debió a un aumento de lo que percibieron por el cobro de alquileres, a la venta de inmuebles a precios muy superiores a los de adquisición y a los intereses por sus depósitos bancarios, tal como informa Perfil.

El 22 de diciembre de 2009, tras la denuncia de Ricardo Monner Sanz, el entonces juez federal decidió sobreseerlos. 

En el fallo, se refirió a un informe que hizo el perito propuesto por los Kirchner, Víctor Manzanares, contador que ahora está detenido, y aclaró que no encontraba elemento alguno que no le permita descartar con la certeza del caso la configuración del ilícito denunciado, resultando por lo tanto legalmente imperioso proceder a decretar el sobreseimiento de los imputados.

Esa determinación se tomó después de corroborar que el patrimonio presidencial había subido un 158 por ciento.

La causa siguió su proceso de investigación en enero de 2010, cuando se llegó al mismo resultado tras recibir un peritaje que realizó el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que concluyó que la expresidenta y su esposo no cometieron delitos a la hora de justificar el incremento de su patrimonio.

Seis años después, en abril de 2016, Oyarbide renunció a su cargo tras 21 años como juez federal, presionado por las denuncias que acumulaba en el Consejo de la Magistratura.

Otro caso aparte representa la historia y los hechos que pasaron por manos de Rodolfo Canicoba Corral, el último juez federal que cerró una causa contra la expresidenta por presunto enriquecimiento ilícito entre 2005 y 2007.

Ya había rechazado la denuncia el 11 de abril de 2008, porque consideró que los bienes estaban debidamente declarados y atribuyó el incremento patrimonial de la pareja a inversiones que habían realizado, tal como lo indicaba el dictamen del fiscal de la causa Eduardo Taiano.

Pero ante los reiterados pedidos de la Cámara Federal porteña, la causa nunca se cerró. En agosto del 2012 Canicoba consideró que la investigación ya no tenía sentido puesto que no había nuevas pruebas.