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Centeno Papers

Coimas en la obra pública: Carlos Wagner nombró a once empresas que no estaban siendo investigadas

Coimas en la obra pública: Carlos Wagner nombró a once empresas que no estaban siendo investigadas
El ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción dio detalles de cómo funcionaba el “Club de la obra pública” entre 2003 y 2015
15.08.2018 12.31hs Legales

El ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y dueño de Esuco SA, Carlos Wagner, dio detalles de cómo funcionaba el “Club de la obra pública” del cual él era un “facilitador” e involucró a -al menos- once constructoras más que no estaban siendo investigadas aún por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

El nombre de Lázaro Báez sonó por primera vez en este expediente y vuelve a resonar el de Iecsa, antes del aterrizaje de Ángelo Calcaterra (primo del presidente Mauricio Macri) a la misma, indicó el diario Clarín.

Según Wagner, el ex ministro Julio de Vido le planteó en una reunión cómo se manejaría la obra pública, sobre todo en obras de ingeniería civil.

El ex funcionario le habló del “sistema” de cartelización que permitía un retorno del 10 al 20% del monto total de obra, un porcentaje que las constructoras que estaban sentadas en esa mesa debían pagar al Estado que las contrataba.

Al hacer esta declaración, el empresario admitía que no eran "aportes" ni "contribuciones", sino "coimas, sobornos".

"No importaba quién ganara, el sistema funcionaba y si querías ser parte había que ajustarse a las reglas", dijo el empresario arrepentido e imputado como partícipe necesario de una asociación ilícita que "comandaron" Néstor y Cristina Kirchner, dedicada a "organizar un circuito de recaudación de fondos ilegales para enriquecerse de forma ilegítima", de acuerdo a la acusación judicial.

En este contexto, de acuerdo al citado matutino, Bonadio inició la investigación sobre una veintena de empresas de la construcción y del sector energético.

En un megaoperativo allanó sedes comerciales, secuestró celulares, agendas, anotaciones, computadoras y registros de ingresos a las sedes de las compañías. ¿Por qué? Porque para la Justicia el circuito de sobornos que recaudaba  -según la causa- el gobierno kirchnerista no podría haber cumplido su objetivo sin la participación de las firmas: “Aportaron en un sinnúmero de oportunidades más de 35 millones de dólares”, indica la imputación.

"Lo relevante es que admitieron que la maniobra existió, que el sistema de recaudación existía y que prevaleció en el tiempo", indicó Clarín. Se sospecha que esta ruta de "fondos ilegales" superó los 200 millones de dólares.

El radio de compañías investigadas se amplió después de que Wagner contara cómo funcionaba todo: se ponían de acuerdo previamente antes de presentarse a una licitación con las empresas, acordaban el monto que cada una licitaba y así, con antelación, se sabía quién ganaba. La firma adjudicataria “después arreglaba con (José) López, (Roberto) Baratta, o De Vido cómo se pagaba”.

Así, el ex presidente de la Cámara de la Construcción mencionó más empresas: Losi, Chediak (cuyo dueño se presentó espontáneamente ante la Justicia y acordó ser imputado colaborador) Vial Agro, Fontana, Vialco, Micastro, Marcalba, Equimac, Coarco, Cartellone (investigada en una de las causas de Odebrecht), Perales Aguiar.

El listado incluye a Biancalani, la constructora chaqueña que años después pasó a integrar el Grupo Austral, propiedad nada más y nada menos que del socio comercial de Cristina Kirchner: Lázaro Báez. Este sistema del “Club de la obra pública” sentó en la mesa a esta firma que después comenzó a ganar contratos viales de la mano del empresario K, destaca Clarín.

Bajo el nombre de “Sucesión Adelmo Biancalani”, Báez la adquirió y trasladó el mismo mecanismo que venía implementando en Santa Cruz al norte del país: contratos millonarios, con redeterminaciones de precios que modificaron, según la auditoría de Vialidad Nacional, sus costos en un 65%. El “modus operandi” tenía otro componente: las obras tampoco se concluyeron en la provincia que gobernaba Jorge Capitanich, después jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.

Además, Wagner dijo que en esa mesa de empresas estaba, desde un comienzo, sentada Iecsa. Entonces, año 2004, la firma aún no estaba en manos de Ángelo Calcaterra -también convertido en “arrepentido” en la causa de los cuadernos de la corrupción-, sino que era propiedad de la familia Macri.

La AFIP, por su lado, inició un expediente por presunta evasión fiscal y lavado de dinero sobre todas las empresas investigadas.

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