Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema a partir del próximo 1 de octubre, deberá delinear los pasos a seguir para resolver problemas de alta sensibilidad política y económica que afectan directamente al Gobierno.

El tribunal, que no cuenta con mayorías previsibles, debería tratar en los próximos meses un planteo sobre la reforma previsional y el polémico caso Farmacity, pero también deberá expedirse sobre dos temas claves puertas adentro de los tribunales: el régimen jubilatorio de los jueces y el pago del impuesto a las ganancias de los magistrados.

El tema que lleva más debate interno -informaron en el tribunal- es el planteo sobre la inconstitucionalidad de la reforma previsional impulsada por el Poder Ejecutivo y que fue aprobada por el Congreso en diciembre, en medio de protestas sociales, indicó el diario La Nación.

El Gobierno llevó el tema hasta la Corte después de que la Cámara Federal de Seguridad Social resolviera devolverle a un jubilado el 9% de su sueldo después de la reforma previsional. El máximo tribunal deberá resolver su postura frente a 17 millones de beneficiarios.

La decisión, que será clave también para las metas fiscales de la Casa Rosada, todavía no tiene consenso dentro del tribunal.

El caso Farmacity, que genera tensión por su cercanía con el exfuncionario Mario Quintana, está por ahora en suspenso, informaron en el tribunal. A pedido de la ministra Elena Highton de Nolasco, la Corte había fijado la audiencia pública informativa prevista para el pasado 29 de agosto, pero el tribunal todavía no fijó fecha para su realización, que es un paso previo antes de que se expida sobre el caso.

Rosenkrantz, el nuevo presidente de la Corte, ya se excusó por haber sido parte de la defensa de Farmacity (cuando se desempeñaba como abogado) en la primera parte del reclamo por su desembarco en la provincia de Buenos Aires.

Otro tema que ya comenzó a circular por el alto tribunal son las quejas de varias provincias por la eliminación del Fondo Solidario, otra disputa por un presupuesto millonario que atraviesa tanto la política como las cuentas fiscales.

Más allá de los temas de jurisprudencia, Rosenkrantz deberá resolver temas sensibles para la Justicia, como un reclamo que pone en juego el pago del impuesto a las ganancias de los jueces, otro foco de tensión entre los magistrados y el Gobierno.

El nuevo presidente también tendrá en sus manos la posible reforma sobre el régimen jubilatorio de los jueces, que el Poder Ejecutivo quiere modificar para que trabajen más años y perciban pensiones menores.