La fiscal federal Paloma Ochoa imputó al secretario de Energía, Javier Iguacel, por la resolución que obliga a usuarios de gas a pagar un adicional para compensar a distribuidoras por la devaluación. Además, pidió a la jueza que "en forma urgente" dicte una medida cautelar por 60 días para evitar la aplicación.

En su dictamen, la representante del Ministerio Público formalizó una imputación contra Iguacel por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y agregó también la de fraude en perjuicio de la administración pública, que establece una pena de hasta 6 años.

Además, explicó que "la finalidad perseguida por dicho acto administrativo pareciera circunscribirse a asegurar un margen de ganancia de un actor, en un contexto devaluatorio de la moneda nacional que ineludiblemente redundará en el empobrecimiento de la mayoría de los actores de la sociedad argentina".

La causa se originó a partir de la resolución que habilita a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir del 1 enero de 2019 en las tarifas para compensar los efectos devaluación del peso, que generó una fuerte polémica y la reacción de la oposición y de entidades de usuarios.El gobierno se comprometió a dejar sin efecto la resolución y anunció que el Estado se hará cargo de la deuda originada por la devaluación producida entre abril y septiembre pasado.