Con envión del presidente Mauricio Macri, el proyecto sobre una nueva ley de alquileres parecía destinado a aprobarse. Pero, por falta de tiempo en el año legislativo y algunos desacuerdos entre los miembros de los distintos bloques, no se trataría este año y perdería estado parlamentario.

En Diputados, sin embargo, quienes impulsan la ley apuntan sus cañones a que sea tratada en la sesión del próximo miércoles 21, probablemente la última del año en la Cámara baja.

Tal como anticipara iProfesional, el objetivo de quienes son parte del negocio de los ladrillos es frenar o modificar algunos de los puntos polémicos. Ese combo estaba integrado sobre todo por:

1. - Lograr que cada provincia tenga autonomía sobre la implementación de esta nueva reglamentación. Inmobiliarias y propietarios entienden que hay mercados -sobre todo en el interior- en donde no hay conflictividad, por lo que consideran que la aplicación de esta ley no tiene sentido

2.- Bajar los tiempos de desalojo: que no superen los 30-60 días, proceso que hoy puede demandar hasta tres veces más

3.- Acotar el abanico de posibilidades de presentación de garantías necesarias para rentar un inmueble

A grandes rasgos, algunas de esas cuestiones que tanto les costaban digerir a las inmobiliarias se comenzaron a despejar, a tal punto que muy lentamente empezaron a desvanecerse.Las fuentes consultadas por iProfesional no se atreven a determinar si realmente la Ley de Alquileres entró en una nebulosa o si goza de perfecta salud. Pero sí admiten que "ya no tiene la fuerza que en un principio tenía".

Durante los últimos días, sostienen los ejecutivos, las conversaciones continuaron y "algo cambió". "Lo que sabemos por el momento es que muchos de los puntos planteados como críticos han sido modificados", dijeron las fuentes.Más allá de intentar introducir modificaciones en el proyecto inicial, la gran apuesta de inmobiliarias y propietarios pasa por ganar tiempo. No por apurarlos, sino por demorarlos. Es que el plazo para que se le dé tratamiento a la iniciativa vence el 30 de noviembre. Si se supera esa fecha, perderá estado parlamentario y habrá que empezar todo de cero.

"La ley tiene muchísimos errores conceptuales y jurídicos. Nuestra idea es poder avanzar sobre ellos", precisó uno de los empresarios que participa en varias de las reuniones que se vienen llevando a cabo.De mínima, inmobiliarias y propietarios ya se aseguraron al menos un combo que les mejoraría el humor respecto del proyecto original. Aquí entrarían aspectos como:1. - La garantía solicitada para un alquiler será más flexible, si bien no tanto como pretendía la redacción original del proyecto. Hasta el momento se consensuó que puedan presentarse dos opciones, aunque quien tendrá la palabra final, en definitiva, será el dueño del inmueble2. Es posible que se elimine la obligatoriedad de la declaración de estos contratos ante AFIP, tal como indica el texto original. Es uno de los puntos más calientes del debate, ya que son muchos los propietarios que nada quieren saber con esto. Otra cuestión que se discute es si, al no tener blanqueado el contrato, el propietario luego va a poder recurrir a la vía judicial en caso de tener inconvenientes con un inquilino3.- El reajuste de precios se realizaría mediante un indicador especial que tenga en cuenta la evolución de los precios y también de los salarios. El proyecto original hacía referencia a un período semestral y a través del índice UVA

Fuerte Lobby

"Estamos trabajando para hacer cambios en el recinto, que mantienen la base del dictamen pero buscan asegurar el consenso para que la ley salga", señaló el diputado macrista Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General.

La semana próxima será decisiva para ratificar si el tema es incluido dentro del temario del 21. Lipovetzky sostuvo que el asunto está firme, pero otras fuentes de Cambiemos sembraron dudas.

"Hay mucho lobby de las inmobiliarias", reconoció un diputado oficialista. Aun si obtiene media sanción, se ve muy difícil que el Senado la trate antes de fin de año. La Cámara alta bajaría la persiana el 14, tras sancionar el Presupuesto.

El peronismo de Argentina Federal tampoco cerró filas en Diputados con la iniciativa. "Estamos haciendo modificaciones y tratando de tener consenso. El bloque está dividido por ahora pero todavía no hablamos en profundidad", indicó el justicialista salteño Javier David a Clarín.

Diputados retomó un proyecto de la senadora rionegrina Silvina García Larraburu, que fue aprobado por unanimidad hace dos años. Si Diputados no lo trata antes del 30 de noviembre perderá estado parlamentario.

A ese proyecto se le hicieron cambios, y otros se siguen negociando aún ahora, después del dictamen. Todo en un contexto de fuertes presiones de las asociaciones de martilleros e inmobiliarias de la Ciudad y la Provincia, que amenazan con frenar la ley con medidas cautelares, si es sancionada, y advierten que tendrá un impacto negativo en la actividad.