La constructora brasileña Odebrecht demandó al Estado argentino, acusándolo de imponer un "doble estándar", según se trate de aplicar sanciones contra ella o contra las empresas locales involucradas en la investigación fundada en los cuadernos de la corrupción.

De acuerdo con su acusación, le impusieron una suspensión preventiva en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC) a mediados de 2017, lo que le impidió á partir de ese momento competir en nuevas licitaciones.

Esta decisión se basó en las noticias provenientes de Brasil y de Estados Unidos y en los balances que la propia constructora le presentó.

También aseguró que el Estado actuó de manera muy distinta -o, en realidad, directamente no actuó- ante las empresas locales que admitieron pagos ilegales ante la Justicia argentina.

El objetivo de la compañía, según informó La Nación, no es obtener un resarcimiento -aunque dejó la vía abierta para eso- ni que suspendan a las firmas locales en el Registro de Constructores. Pero sí reclamó que levanten su suspensión, le emitan el certificado de capacidad de contratación y le permitan competir por nuevos proyectos de obra pública.

El primer paso de su ofensiva judicial fue en julio pasado, cuando pidió una medida cautelar que cayó por sorteo en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12, a cargo de Macarena Marra Giménez, movida que un mes después complementó con la radicación de una demanda.

Según explicó Odebrecht, el Registro dispuso su suspensión por un año el 3 de julio de 2017.

Transcurridos 14 meses y una semana -y ante el silencio del Estado-, la constructora pidió su rehabilitación, pero chocó con una serie de requerimientos de información sobre todos los procesos judiciales y administrativos, en curso o concluidos, que afronta en la Argentina o en el exterior, "haciéndose tales requerimientos extensivos a cualquier compañía del grupo económico, sean subsidiarias o controladas, sucursales o filiales".

La firma brasileña tomó la requisitoria del Registro (por entonces dependiente del Ministerio del Interior) como una jugada para demorar su rehabilitación que evidenciaba "el doble estándar existente en este caso". Porque mientras Odebrecht continúa suspendida, remarcaron los brasileños, el Registro no ha "generado hasta el momento ningún acto concreto" sobre las empresas involucradas en los cuadernos de la corrupción por las confesiones de sus propios dueños y algunos de sus máximos ejecutivos.

Ante ese panorama, Odebrecht decidió pasar a la ofensiva. Solicitó a la Justicia que le ordene al Registro Nacional de Constructores que informe cómo actuó ante otras "empresas cuyos funcionarios y/o accionistas han reconocido expresamente ante la Justicia la comisión de delitos o prácticas de corrupción relacionadas con contratos públicos, a fin de evitar arbitrariedades".

Según reconstruyó La Nación sobre la base de fuentes oficiales, el Registro suspendió a 20 empresas, por lo menos, desde diciembre de 2015. Entre ellas, Odebrecht, la constructora CPC, de Cristóbal López , y también Isolux (responsable de la construcción de la central térmica de Río Turbio), pero a ninguna firma mencionada en los cuadernos de la corrupción.