La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo iba a debatir este miércoles si avalaba el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 62/19 sobre régimen de extinción de dominio para bienes provenientes del delito pero el camporista Marcos Cleri (a cargo de la presidencia durante el 2019) resolvió suspender la reunión por las dificultades que tenía para garantizar la presencia de todos los integrantes de la oposición.

Ya estaba prevista la ausencia de la senadora salteña Cristina Fiore, quien se encuentra de viaje y cuya postura se desconocía. De todas maneras, no iba a ser la única ausencia, por lo que Cleri dio marcha atrás con la citación, indicó Parlamentario.com.

Esta jugada al filo del reloj se debió a que el oficialismo cuenta con la mitad de los integrantes de la bicameral, por lo que debia lograr que un integrante de la oposición ayude a aprobarlo o se ausente para alzarse con el dictamen de mayoría y declarar la validez del decreto.

En caso de empate, desempata el presidente de la comisión, quien ya había anunciado su rechazó al DNU por considerar que legisla sobre materia penal, algo que está prohibido en la Constitución.

A pesar del cambio de fecha, en el kirchnerismo no se animan a pronosticar el resultado del dictamen. Señalan que hay que analizar lo que harán los representantes del peronismo federal ya que estiman que algún legislador podría “hacerle el juego a Cambiemos” y ausentarse para no expedirse y así ayudar al oficialismo.

De los 16 integrantes de la bicameral, ocho pertenecen a Cambiemos: son los senadores Miriam Boyadjian, Néstor Braillard Poccard y Naidenoff, y los diputados Pablo Tonelli, Ezequiel Fernández Langan, Luis Petri, Martín Hernández y Fernando Iglesias.

El interbloque peronista Argentina Federal tiene al diputado Juan José Bahillo y los senadores Guillermo Snopek, Teresa González y Daniel Lovera; y los restantes son los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti y Máximo Kirchner, y la monobloquista salteña Cristina Fiore Viñuales.

“Vamos a dar el debate en torno al decreto y vamos a defender la validez de este instrumento que necesitan los jueces y fiscales para erradicar el crimen organizado”, afirmó el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli.

En declaraciones a Télam, el legislador oficialista precisó que de todos modos el decreto “está vigente” y es “perfectamente constitucional” y consideró que el debate en la comisión bicameral será “interesante y entretenido”.

Por su parte el diputado radical Luis Petri confía en que podrían tener el respaldo de otros bloques. "Esperamos que alguno nos acompañe, independientemente de que sabemos de la cerrada oposición del kirchnerismo que ya lo hizo en su momento en Diputados", expresó.

Ese cuerpo debe pronunciarse antes de los diez días hábiles respecto de la validez de la medida y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su tratamiento. Los que están en contra del DNU sostienen el tema debía tratarse como una ley en el Congreso.

Los críticos también remarcan que existen varios fallos de la Corte Suprema que limitan la facultad de regular y reglamentar derechos que le corresponden al Congreso por parte del Poder Ejecutivo a través de los DNU. Y agregan que si se toman en cuenta esos precedentes, la norma debería ser declarada inconstitucional.

Si el oficialismo logra un dictamen favorable en la Comisión, el texto por la afirmativa será el primero en ser votado en la discusión parlamentaria. El primer turno será el de los diputados y allí las chances del Gobierno de lograr la aprobación son altas.

En tanto, si es de rechazo, deberá ser aprobado por ambas cámaras. Hasta que eso no suceda, el decreto sigue vigente. No obstante, si termina siendo rechazado, quedarán a salvo los derechos adquiridos mientras la norma estuvo vigente.

De todas maneras, las fuentes consultadas por iProfesional consideran que este último escenario es muy difícil que ocurra porque parte de los legisladores que podrían rechazar el DNU el PJ son promotores de una ley de este tema.

Tanto en la comisión como en el debate en el recinto no se pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto proveniente del Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

De acuerdo al decreto, se podrán recuperar todos los bienes que la persona demandada haya incorporado a su patrimonio con posterioridad a la fecha de la comisión de un presunto delito y cuyo origen no puede ser justificado en virtud de sus ingresos.

Esto incluye a todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad  u otros derechos, o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria.  Incluye ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de estos bienes.